La vida al interior de la cárcel de Villavicencio, la primera con casos de COVID-19

El pasado fin de semana se confirmó la llegada del coronavirus a dos nuevos centros de reclusión: dos internos de La Picota, en Bogotá, y uno en la cárcel de Florencia (Caquetá) dieron positivo para el virus. Con un factor más en común: los tres casos habían llegado trasladados en las últimas semanas desde Villavicencio, la primera cárcel del país en en la que se confirmó el contagio de COVID-19. Este centro de reclusión, donde el hacinamiento asciende al 98 % y ya se han confirmado 25 casos y tres muertes por el virus, se ha vuelto el foco de contagio de esta enfermedad en las cárceles. Guardias e internos contaron a El Espectador cómo es estar en este lugar en esta coyuntura.

Esta cárcel, de 7.200 metros cuadrados, data de 1971, aunque los dos pabellones, Colombia y Santander, que alojan a 1.782 internos, fueron construidos en 1998. Los primeros contagios se presentaron en el Santander, donde viven cerca de 500 internos. En el Colombia, donde están los mil restantes, aún no hay casos confirmados. Cuando se conocieron los primeros contagios, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) aisló a 49 adultos mayores en un pequeño patio, donde antes eran recluidas mujeres. Sin embargo, un par de días después, se supo que había quince nuevos casos entre los ancianos aislados.

Por iniciativa propia, los dragoneantes anunciaron que se van a acuartelar en el penal para no exponer a mayores riesgos a sus familias y porque, como ocurre con el personal de salud, algunos guardianes de esta cárcel han sido discriminados por sus vecinos. Asimismo, dispusieron otro espacio en la cárcel llamado La Quinta, donde antes estaban recluidos los servidores públicos, para albergar casos sospechosos a quienes no les han practicado las pruebas, pues la percepción que hay en la cárcel sobre la pandemia del coronavirus, en palabras de un interno, es que, “al paso que va esto, todos debemos estar contagiados, pero les están haciendo la prueba es a los que se van desmayando”.

El penal no tiene médico, así que el área de sanidad está a cargo de una enfermera jefa y una auxiliar de enfermería. En los últimos días, la EPS que el Gobierno paga para los reclusos, Fiduprevisora, ha dicho que acudió al penal, dotará a los guardias con implementos de bioseguridad y garantizará la prestación de servicios de salud a través del Hospital de Villavicencio. Sin embargo, varios internos denuncian que ni siquiera los ha valorado un médico. “Esa brigada de salud que mandan es hasta la puerta de la cárcel para mostrar que vinieron, pero no nos atienden”, le dijo un recluso a este diario.

Tampoco hay agua la mayor parte del día para que los internos puedan cumplir una de las recomendaciones que previene el contagio: lavarse las manos. Apenas les conectan el agua tres horas al día, una hora por la mañana, una en la tarde y otra más en la noche. Conseguir jabón también es una odisea, pues desde que se suspendieron las visitas familiares, hace más de un mes, entrar encomiendas a la cárcel es cada vez más difícil. Por ejemplo, un interno le aseguró a este diario que hace quince días su familia le dejó en el penal implementos de aseo y a la fecha no se los han entregado. Lo que hace que los precios en el mercado informal se disparen.

El Inpec ha acudido a particulares para buscar donaciones y en las últimas semanas logró darles a todos los reclusos jabón y un tapabocas desechable. Entre la dotación que prometió Fiduprevisora hay, por ejemplo, 602 litros de jabón y la administración municipal también ha prometido artículos de higiene. Ante la escasez, dentro de la cárcel han recurrido a otros medios. Algunos reclusos arman caretas artesanales con botellas de gaseosa y una cabuya, para cubrirse nariz y boca; y, los que tienen los recursos, compran tapabocas en el mercado informal interno, donde el precio por unidad asciende a $10.000, cinco veces su valor en la calle.

“Aquí no hay forma de aislar a nadie porque dormimos uno encima del otro”, nos dijo un interno, refiriéndose al hacinamiento que se vive en el penal, que es otro aspecto crítico. Aunque la mayoría de celdas miden dos metros de ancho por tres de profundidad y están construidas para albergar a cuatro personas, la realidad es que en promedio duermen unos ocho hombres por celda. Ante este panorama, los mismos internos han decidido no salir mucho de esos espacios, pero al pabellón Colombia, por ejemplo, apenas lo separa una reja de los adultos mayores aislados en la antigua reclusión de mujeres y los internos tienen que pasar por su lado por lo menos tres veces al día, para comer.

El desayuno se reparte hacia las 8:00 a.m., el almuerzo a las 11:00 a.m. y la cena máximo a las 4:00 p.m. A esas horas, los internos hacen una extensa fila en la que intentan mantener un metro de distancia hacia delante y hacia atrás por precaución, mientras algunos reclusos entregan la comida. La repartición suele ser responsabilidad de los internos que redimen su pena trabajando en la cocina, pero por estos días ninguno de los rancheros ―como los llaman― quiere entrar a los patios, así que, tras cocinar los alimentos, los acercan hasta las puertas de los pabellones en carritos, evitando ponerse en riesgo, pero alargando todo el proceso.

Los guardias poco entran a los patios, salvo para el conteo, un proceso en el que verifican que estén todos los reclusos que deberían, el cual se hace cuando abren las celdas en la mañana y cuando las cierran por la noche. Dragoneantes de este centro de reclusión le dijeron a este diario que no sienten que estén preparados para enfrentar esta pandemia y que, de hecho, el Inpec poco los ha dotado. Por ejemplo, aunque se ha recomendado que los funcionarios más expuestos a un contagio porten tapabocas N95, a los guardianes les entregaron máscaras quirúrgicas desechables y han tenido que hacer rifas y colectas para conseguir todo tipo de implementos de bioseguridad.

Fiduprevisora ya ha anunciado que dotará a los guardias y garantizará el acceso a servicios de salud de los internos. Mientras tanto, los contagios en el penal van aumentando y aunque, como le dijo un guardia a este diario, el Gobierno podría haber aprovechado la crisis de Villavicencio para hacer una “prueba piloto” de las medidas a adoptar cuando llegara el virus a otras cárceles, en el penal reina la zozobra. “Lo único que han hecho es montar acordonamientos de Ejército y Policía, porque solo les preocupa que nos volemos”, dijo un interno. Y “si uno protesta, recibe es garrote”, complementa otro. Así que, dice un tercer recluso: “Nos toca es esperar y ver cómo nos vamos muriendo uno a uno”.

El pasado fin de semana se confirmó la llegada del coronavirus a dos nuevos centros de reclusión: dos internos de La Picota, en Bogotá, y uno en la cárcel de Florencia (Caquetá) dieron positivo para el virus. Con un factor más en común: los tres casos habían llegado trasladados en las últimas semanas desde Villavicencio, la primera cárcel del país en en la que se confirmó el contagio de COVID-19. Este centro de reclusión, donde el hacinamiento asciende al 98 % y ya se han confirmado 25 casos y tres muertes por el virus, se ha vuelto el foco de contagio de esta enfermedad en las cárceles. Guardias e internos contaron a El Espectador cómo es estar en este lugar en esta coyuntura.

Esta cárcel, de 7.200 metros cuadrados, data de 1971, aunque los dos pabellones, Colombia y Santander, que alojan a 1.782 internos, fueron construidos en 1998. Los primeros contagios se presentaron en el Santander, donde viven cerca de 500 internos. En el Colombia, donde están los mil restantes, aún no hay casos confirmados. Cuando se conocieron los primeros contagios, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) aisló a 49 adultos mayores en un pequeño patio, donde antes eran recluidas mujeres. Sin embargo, un par de días después, se supo que había quince nuevos casos entre los ancianos aislados.

Por iniciativa propia, los dragoneantes anunciaron que se van a acuartelar en el penal para no exponer a mayores riesgos a sus familias y porque, como ocurre con el personal de salud, algunos guardianes de esta cárcel han sido discriminados por sus vecinos. Asimismo, dispusieron otro espacio en la cárcel llamado La Quinta, donde antes estaban recluidos los servidores públicos, para albergar casos sospechosos a quienes no les han practicado las pruebas, pues la percepción que hay en la cárcel sobre la pandemia del coronavirus, en palabras de un interno, es que, “al paso que va esto, todos debemos estar contagiados, pero les están haciendo la prueba es a los que se van desmayando”.

El penal no tiene médico, así que el área de sanidad está a cargo de una enfermera jefa y una auxiliar de enfermería. En los últimos días, la EPS que el Gobierno paga para los reclusos, Fiduprevisora, ha dicho que acudió al penal, dotará a los guardias con implementos de bioseguridad y garantizará la prestación de servicios de salud a través del Hospital de Villavicencio. Sin embargo, varios internos denuncian que ni siquiera los ha valorado un médico. “Esa brigada de salud que mandan es hasta la puerta de la cárcel para mostrar que vinieron, pero no nos atienden”, le dijo un recluso a este diario.

Tampoco hay agua la mayor parte del día para que los internos puedan cumplir una de las recomendaciones que previene el contagio: lavarse las manos. Apenas les conectan el agua tres horas al día, una hora por la mañana, una en la tarde y otra más en la noche. Conseguir jabón también es una odisea, pues desde que se suspendieron las visitas familiares, hace más de un mes, entrar encomiendas a la cárcel es cada vez más difícil. Por ejemplo, un interno le aseguró a este diario que hace quince días su familia le dejó en el penal implementos de aseo y a la fecha no se los han entregado. Lo que hace que los precios en el mercado informal se disparen.

El Inpec ha acudido a particulares para buscar donaciones y en las últimas semanas logró darles a todos los reclusos jabón y un tapabocas desechable. Entre la dotación que prometió Fiduprevisora hay, por ejemplo, 602 litros de jabón y la administración municipal también ha prometido artículos de higiene. Ante la escasez, dentro de la cárcel han recurrido a otros medios. Algunos reclusos arman caretas artesanales con botellas de gaseosa y una cabuya, para cubrirse nariz y boca; y, los que tienen los recursos, compran tapabocas en el mercado informal interno, donde el precio por unidad asciende a $10.000, cinco veces su valor en la calle.

“Aquí no hay forma de aislar a nadie porque dormimos uno encima del otro”, nos dijo un interno, refiriéndose al hacinamiento que se vive en el penal, que es otro aspecto crítico. Aunque la mayoría de celdas miden dos metros de ancho por tres de profundidad y están construidas para albergar a cuatro personas, la realidad es que en promedio duermen unos ocho hombres por celda. Ante este panorama, los mismos internos han decidido no salir mucho de esos espacios, pero al pabellón Colombia, por ejemplo, apenas lo separa una reja de los adultos mayores aislados en la antigua reclusión de mujeres y los internos tienen que pasar por su lado por lo menos tres veces al día, para comer.

El desayuno se reparte hacia las 8:00 a.m., el almuerzo a las 11:00 a.m. y la cena máximo a las 4:00 p.m. A esas horas, los internos hacen una extensa fila en la que intentan mantener un metro de distancia hacia delante y hacia atrás por precaución, mientras algunos reclusos entregan la comida. La repartición suele ser responsabilidad de los internos que redimen su pena trabajando en la cocina, pero por estos días ninguno de los rancheros ―como los llaman― quiere entrar a los patios, así que, tras cocinar los alimentos, los acercan hasta las puertas de los pabellones en carritos, evitando ponerse en riesgo, pero alargando todo el proceso.

Los guardias poco entran a los patios, salvo para el conteo, un proceso en el que verifican que estén todos los reclusos que deberían, el cual se hace cuando abren las celdas en la mañana y cuando las cierran por la noche. Dragoneantes de este centro de reclusión le dijeron a este diario que no sienten que estén preparados para enfrentar esta pandemia y que, de hecho, el Inpec poco los ha dotado. Por ejemplo, aunque se ha recomendado que los funcionarios más expuestos a un contagio porten tapabocas N95, a los guardianes les entregaron máscaras quirúrgicas desechables y han tenido que hacer rifas y colectas para conseguir todo tipo de implementos de bioseguridad.

Fiduprevisora ya ha anunciado que dotará a los guardias y garantizará el acceso a servicios de salud de los internos. Mientras tanto, los contagios en el penal van aumentando y aunque, como le dijo un guardia a este diario, el Gobierno podría haber aprovechado la crisis de Villavicencio para hacer una “prueba piloto” de las medidas a adoptar cuando llegara el virus a otras cárceles, en el penal reina la zozobra. “Lo único que han hecho es montar acordonamientos de Ejército y Policía, porque solo les preocupa que nos volemos”, dijo un interno. Y “si uno protesta, recibe es garrote”, complementa otro. Así que, dice un tercer recluso: “Nos toca es esperar y ver cómo nos vamos muriendo uno a uno”.