Publicidad
7 Jun 2020 - 2:00 a. m.

“Lamentablemente estamos ante un hecho cumplido”

Así responde a la pregunta sobre la legitimidad de la presencia de una brigada norteamericana en Colombia Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, la misma corporación que esta semana le envió un requerimiento a Iván Duque para que informe, oficialmente, por qué arribó a nuestro país “una comisión conformada por militares” de Estados Unidos. El exmagistrado asegura que, al no consultar previamente a los otros dos poderes públicos, el Ejecutivo incumplió la Constitución. Y que, por lo tanto, interrumpió, al menos en este caso, el Estado de derecho.
Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, insiste en que el Congreso debió ser consultado. 
/ Archivo - El Espectador
Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, insiste en que el Congreso debió ser consultado. / Archivo - El Espectador

Álvaro Namen, presidente del Consejo de Estado, envió una carta al presidente Duque en la que le solicita “un informe oficial en relación con el anuncio hecho por la Embajada de Estados Unidos sobre el arribo a nuestro país de una comisión conformada por militares…”. ¿Por qué el Consejo puede pedirle cuentas, aunque sean respetuosas, al jefe de Estado en esta materia?

Se trata de un mandato constitucional que, en el marco de la separación de los poderes del Estado y su armónica colaboración, impone que para cualquier determinación del Ejecutivo en cuanto al tránsito, permanencia o estacionamiento de tropas extranjeras, sea necesario convocar a los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Judicial).

La carta del magistrado Namen dice que “el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional demanda la intervención de distintas autoridades del poder público”, como usted lo afirma. Si el Ejecutivo no consulta al Congreso ni al Consejo de Estado, como no lo hizo el gobierno Duque, ¿la presencia de los militares estadounidenses, recién llegados a Colombia, viola la Constitución?

Sí. Conforme a lo previsto en el artículo 173, numeral 4, y el 237, numeral 3 de la Carta, no cabe duda de que cualquier fenómeno que se relacione con el tema en referencia y que prescinda del trámite advertido conlleva una violación objetiva de normas explícitas del ordenamiento. La omisión del mandato superior trae como consecuencia que la presencia de tales tropas en el país esté fuera del procedimiento reglado y, por lo tanto, del mandato constitucional.

Si la presencia de la brigada estadounidense en Colombia es inconstitucional, los militares que la integran, ¿deberían salir del país?

Reitero: prescindir del trámite ordenado viola la Constitución. Y si así se hizo, el acto está fuera del ordenamiento jurídico. Como dice una máxima que aplica al Estado de derecho: “Todo lo que contraríe la Carta Política es ilegal y espurio”.

Si el Gobierno hubiera hecho lo contrario, es decir, hubiera consultado al Congreso y al Consejo de Estado sobre el arribo de militares de Estados Unidos al país y una o las dos corporaciones hubieran conceptuado que no era conveniente, ¿el presidente de la República habría tenido que abstenerse de invitarlos?

La función del Consejo de Estado es consultiva, es decir, sus dictámenes no son vinculantes, no obligan al Ejecutivo. Sin embargo, del análisis jurídico realizado por la Sala Plena de la Corporación emana autoridad moral por el ingrediente de legitimidad que contiene su decisión, la de una alta corte. Con referencia al Senado, el sentido de la competencia entregada a este órgano por la Constitución ocurre en primera persona: significa que es privativa del Senado de modo que si niega, su negativa es vinculante, es cosa decidida y todas las autoridades, incluido el Ejecutivo, deben acatarla. Se podría añadir que el artículo 189, numeral 7 de la Carta, le entrega al presidente una facultad sustitutiva cuando el Senado está en receso. Pero este no es el caso, porque el Congreso se encuentra en período ordinario de sesiones.

El equipo jurídico del presidente buscará, seguramente, argumentos para defender su inconsulta decisión; por ejemplo, que él es la cabeza del Estado.

Al margen del debate que pueda presentarse, hay que reflexionar sobre un punto: las decisiones de las autoridades pueden argumentarse jurídicas, pero no necesariamente esto las hace legítimas. Para que lo sean es imprescindible que tales decisiones coincidan con los intereses generales del país.

Hago la anterior precisión porque es previsible que, dado el poder concentrado en el Ejecutivo por las anormales circunstancias de la pandemia, el presidente ni siquiera conteste la carta del Consejo de Estado. Y, en el Congreso, algunos se quejan, pero la mayoría permanecen agachaditos. No creo que haya ninguna posibilidad de que Duque les pida a los militares extranjeros retirarse de Colombia. ¿La comunicación del magistrado Namen al mandatario es un saludo a la bandera?

Le hago caer en cuenta, y conviene precisar, que el trámite previsto para la intervención del Consejo de Estado es previo al ingreso al país de tropas extranjeras y no ex post facto. Es decir, que la solicitud de antecedentes hecha por el presidente del Consejo de Estado ocurre después del ingreso de los militares al país. Por consiguiente, en lo que concierne al funcionamiento del Estado de derecho, no cabe duda acerca de la seriedad de este asunto.

Insisto con el fin de no equivocarme en la interpretación: al no consultar al Congreso ni al Consejo de Estado, el presidente Duque rompió, al menos en este punto concreto, el Estado de derecho?

Sin duda.

El Gobierno ha dicho, ante los reclamos de unos congresistas, que no tenía por qué consultar, pues solo debía hacerlo si la brigada estadounidense fuera a combatir en Colombia. Y especifica que esas unidades prestarán asesorías técnicas de acuerdo con los convenios binacionales. ¿Esta explicación es válida, jurídicamente hablando?

El Senado tiene la facultad de autorizar o no el tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional con independencia de la misión que vayan a cumplir. Lamentablemente, y como dije, estamos ante un hecho cumplido. En esa medida, insisto, hay un desconocimiento de los deberes constitucionales sobre la guarda de la soberanía nacional, tarea principal de los poderes centrales y, en general, de todos los servidores públicos y de cualquier ciudadano. Esa tarea es, en pocas palabras, la de velar por la integridad de la nación, que comienza por la obediencia de la Carta Política.

Hay un antecedente histórico y usted se encontraba en el Consejo de Estado en ese entonces: siendo presidente Álvaro Uribe, en 2009, hizo un acuerdo con Estados Unidos para que estacionara sus tropas en siete bases militares colombianas. Consultado el Consejo de Estado, este advirtió al mandatario sobre las implicaciones negativas que la presencia extranjera tendría para la soberanía nacional. Pese a ello, y sin preguntarle al Congreso, Uribe Vélez firmó el convenio. ¿Cree que ese mal antecedente pudo determinar lo que hizo el gobierno Duque?

Evidentemente lo ocurrido en 2009, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, refleja una circunstancia análoga a la de hoy. Lo complejo de las dos situaciones es la tendencia a no acatar la norma, pero ahora con el agravante de la complejidad que se expresa en el contexto internacional y en la realidad geopolítica. Estamos viviendo circunstancias parecidas a la que vivimos cuando el constituyente tuvo que regular, después de lo ocurrido en 1903, este tipo de trámites previendo la participación de los tres poderes públicos debido a que el mismo país que hoy nos envía sus brigadas a Colombia, fue el que intervino en el gran incidente de la secesión de Panamá que todos debemos tener presente y que ocurrió por negligencia del Ejecutivo de la época.

Es decir, ¿se repite, en la actualidad, la “negligencia” del Ejecutivo, si no en cuanto a la separación de una zona del país, sí en cuanto a la autorización a militares extranjeros para actuar en el nuestro?

Sí. Tal como lo plantea.

Sobre la situación vivida en 2009, cuando el Consejo de Estado conceptuó que no debía autorizarse la presencia militar estadounidense en nuestras bases, recuerdo un incidente por el que quisiera preguntarle: por esos días falleció, debido a un infarto, la magistrada del Consejo Martha Sofía Sáenz. Entonces se dijo que ella estaba muy molesta por la actitud retadora del gobierno Uribe y que eso la habría llevado a colapsar. No se podría afirmar, desde luego, que hubo responsabilidad del gobierno en su muerte, pero, ¿es cierto que la magistrada sufrió graves disgustos durante los debates?

Claro que no es posible afirmar una relación de causalidad entre los dos hechos, pero recuerdo que se dieron fuertes debates en la Sala Plenísima del Consejo de Estado para conseguir las mayorías en torno a lo que se conceptuó en aquel entonces. Justamente, los temas allí tratados permitieron investigar las razones que tuvieron los constituyentes de 1945 para establecer este trámite con la intervención de los tres poderes y sus nexos con soberanía nacional. A primera vista, pareciera que este asunto no tuviera mayor relevancia, pero al profundizarlo es inequívoca su conexidad con nuestra identidad como nación.

¿Sabe si la magistrada Sáenz se molestó mucho, como otros togados, cuando alguien llegó a contarles que el presidente Uribe tiró a la basura el documento en que se consignaba el concepto negativo del Consejo a la presencia militar extranjera en bases colombianas?

Recuerdo a la magistrada Sáenz como una persona afirmativa y comprometida con sus convicciones en defensa de la Constitución y de la soberanía del país. Sobre el gesto presidencial que usted refiere, sí se comentó en ese momento, pero no me consta que fuera cierto.

Se comprende la prevención latinoamericana y colombiana ante la presencia militar estadounidense, dado el poder dominante de ese país en el continente, pero, ¿cuánto peso tiene en nuestra conciencia como nación, respecto de la presencia militar extranjera, los hechos históricos que usted ha mencionado y cuál es el de mayor incidencia?

El evento histórico más dramático tuvo que ver con el papel de Estados Unidos con ocasión de los efectos devastadores de la Guerra de los Mil Días, en tanto la debilidad del momento fue aprovechada por esa nación para que Colombia entregara una parte del territorio nacional (Panamá) por un puñado de dólares sin percatarse de la importancia geopolítica de esa porción territorial de nuestro país. Estos hechos encuentran conexión con la desconfianza que se hizo presente en el Acto Legislativo 01 de 1914, y en el 01 de 1945, en los que se consagró el Consejo de Estado y la figura de su dictamen previo y el del Senado sobre el tránsito o estacionamiento de tropas extranjeras en el país antes de que el Ejecutivo pudiera autorizarlos. Desconfianza que también retomó la Asamblea Nacional Constituyente al expedir la Carta vigente, de 1991. La comprensión de la trascendencia de este asunto que hoy nos ocupa requiere contexto histórico.

En concreto, ¿cuánta incidencia tuvo la separación de Panamá en la prevención constitucional colombiana?

La circunstancia de que las dos facciones políticas nacionales enfrentadas durante la Guerra de los Mil Días hubieran firmado la paz entre ellas a bordo del acorazado de guerra Wisconsin de la Marina norteamericana, y la ulterior firma del Tratado Herrán-Hay (escisión del departamento de Panamá del territorio colombiano y construcción, por parte de Estados Unidos, del canal) que, por supuesto, no firmó el Congreso de la época, condujo a que tardíamente se blindara, a partir de la Constitución, cualquier gestión unilateral del Ejecutivo tendiente a permitir la injerencia extranjera. Es bueno insistir en que las reformas introducidas en la Carta Política en 1886 también tienen un hilo conductor que viene de dichos eventos. Esta norma, la misma que comentamos hoy, fue elaborada para evitar que vuelva a suceder lo que nos ocurrió con Panamá.

Se podría aducir que la situación actual no es igual ni con los mismos gravísimos efectos…

De acuerdo, no es lo mismo, pero son más complejos los intereses de Estados Unidos en el área y, también, el riesgo de que nuestro territorio sea utilizado como escenario de confrontación bélica mundial. ¿Como la que se presentaría si se ataca a Venezuela y si por ese ataque intervienen otras potencias como se ha advertido?

Sí. Eso es completamente factible.

Desde el año 2000, gobierno Pastrana, el país recibe asistencia de Estados Unidos para “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” con el denominado Plan Colombia. Desde entonces hay un buen número de empleados civiles y de los denominados contratistas militares del Departamento de Defensa. Para usted, ¿cuál es la diferencia constitucional y legal entre la presencia permanente de esos contratistas y la presencia esporádica de los recién llegados de la brigada extranjera?

La norma de la Constitución apunta no a personal civil, sino a fuerzas armadas extranjeras que, en términos de la ultima ratio en el poder de los Estados, es el estamento que se usa para imponer el empleo legítimo de la fuerza, pero que en función de la democracia requiere tener altos y estrictos niveles de contención.

Pero en el Plan Colombia también está contemplada la presencia de “contratistas militares”…

El problema radica en el ingreso de compañías armadas que tengan la capacidad de entrar en combate, no en su estatus militar.

Síguenos en Google Noticias
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.