El conflicto armado en Colombia dejó muchas historias de horror para contar. Algunas están reseñadas en el fallo que emitió el Tribunal Superior de Bogotá en contra de Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, y otros 29 excombatientes más que integraron el frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra. Este grupo armado ilegal se mantuvo activo entre 1992 y 2006, tiempo que les alcanzó para cometer 21 masacres en los departamentos del Cesar y Norte de Santander. Cada uno de estos episodios quedó plasmado en las páginas del documento que fue proferido en marzo, pero recién se conoció. Testimonios de los mismos exparamilitares detallaron a quiénes mataron, cómo y por qué.
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Para empezar, hay que decir que el fallo de 1.800 páginas da cuenta de aproximadamente 1.263 conductas criminales realizadas por este grupo paramilitar entre las que figuran homicidios, secuestros, violencia de género, desplazamientos forzosos, desaparición de civiles y masacres. Estas últimas ejecutadas no solo para dar muerte a sus enemigos, sino para dejar un mensaje en la población respecto a qué grupo armado ilegal ejercía el control de la zona. Por ello, los paramilitares realizaban incursiones masivas en diferentes barrios y veredas, y era normal el empleo de armas de alto impacto como ametralladoras, fusiles y granadas.
Al cometer estos actos de barbarie, los paramilitares pretendían hacerse al control social y territorial de sectores estratégicos para cometer sus fechorías, por lo que muchas masacres estuvieron acompañadas de otros actos violentos para generar zozobra en la población como, por ejemplo, quema de viviendas, destrucción de locales comerciales, destrucción y apropiación de bienes. Esto generó un miedo profundo en los familiares de muchas víctimas directas de este grupo paramilitar, a tal punto que prefirieron desplazarse a otros territorios en busca de tranquilidad.
Durante 10 años (entre 1994 y 2004), los hoy desmovilizados protagonizaron 21 masacres en las que asesinaron a más de 80 personas. Generalmente, se trataba de ciudadanos que, por uno, u otro motivo, eran señalados de pertenecer, colaborar o financiar a grupos guerrilleros. A veces, las víctimas eran integrantes de una misma familia como ocurrió en la “masacre de Mahoma” registrada el 22 de marzo de 1994. En horas de la madrugada, un grupo de paramilitares arribó a la finca “El Silencio”, ubicada en la vereda Mahoma (Guamarra, Cesar). La familia que residía en el lugar fue obligada a salir y separada por grupos: hombres, mujeres y niños, a estos últimos les ordenaron entrar a la finca nuevamente. Obligaron a los hombres a acostarse boca abajo en el piso y les dispararon hasta matarlos. Sobre este hecho, el ex paramilitar Rafael Emilio Ramírez, alias memo, dijo que “ellos (las víctimas) no eran guerrilleros, sino cuatreros”.
La escena se repitió el 29 y 30 de junio de ese mismo año, cuando los paramilitares asesinaron a los hermanos Germán Bermúdez Ruíz y Dimas José Bermúdez, en el corregimiento Puerto Patiño (Aguachica, Cesar), mientras celebraban un cumpleaños. Luego, se dirigieron a la casa de Dimas José y, en presencia de su esposa, rompieron ventanas y dañaron enceres en busca de unas armas que supuestamente le pertenecían a la víctima. Acto seguido, se trasladaron al corregimiento del Marquéz (Río de Oro, Cesar) donde asesinaron a Ciro Alfonso Cruz García y Ramón Jesús Torres. A estos hechos se les conoció como “la Masacre de Puerto Patiño I”, motivada porque los paramilitares creían que las víctimas eran colaboradores de la guerrilla y cuatreros.
En la reseña de estas masacres también se conoció que muchas personas fueron sometidas a diversos vejámenes. Algunas fueron degolladas, otras obligadas a ver cómo asesinaban a sus familiares y en otros casos los cuerpos fueron expuestos públicamente en las vías o dejados en las plazas públicas con prohibición de recogerlos hasta el día siguiente. Varios de estos hechos ocurrieron en la “masacre de Guamalito” que tuvo lugar el 25 de marzo de 2001. Ese día varios integrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra llegaron hasta la vereda Guamalito (El Carmen, Norte de Santander), acompañados por un guía quien iba señalando qué personas de la zona eran supuestos integrantes de la guerrilla. Además, contaban con una lista de personas sospechosas de apoyar a la subversión. Ese día fueron asesinados tres hombres, una mujer y un joven de 14 años cuyos cuerpos fueron dejados a lo largo y ancho del corregimiento.
A María Isabel Torres Lobo la buscaron en su residencia, la amarraron y a cuatro cuadras de su hogar la degollaron. A Martín Bohórquez Molina lo torturaron, hurtaron víveres de su negocio y lo asesinaron con un arma corto punzante. En una declaración de 2011, el ex paramilitar Alberto Pérez Avendaño, alias Ramoncito, dijo que las otras tres víctimas de esta masacre – Alfonso Navarro Navarro, Andry Sánchez Castillo y el menor de edad – fueron asesinadas con arma blanca. “La intención de la incursión armada era asesinar a 20 personas que habían sido señaladas como auxiliadores de la guerrilla. Habían 17 ciudadanos en un camión, cuyas cédulas estaban siendo cotejadas con la lista de señalados, pero el procedimiento se interrumpió porque llegó el Ejército Nacional”, dijo.
En las incursiones armadas los paramilitares utilizaban todos los métodos de intimidación y violencia posibles para obtener información que los condujera a otros supuestos guerrilleros. Con esta causa, el 8 de febrero de 1999, en Abrego (Norte de Santander) un grupo de 15 paramilitares realizaron un operativo en el que pretendían asesinar a colaboradores del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que eran señalados por un ex integrante de esta guerrilla conocido como alias Patrinco. Estaba a punto de iniciar la “masacre de Paloquemao”.
Eran las 12:30 de la noche cuando los paramilitares llegaron a la casa de Efildo Avedaño Pacheco, pidiéndole camión de su propiedad. Cuando Avedaño abrió la puerta, los paramilitares entraron a su hogar, destruyeron objetos, hurtaron un revolver, dinero y sus documentos personales. Luego, fue encañonado y conducido a casa de su hermano Omar Avedaño a quien torturaron ahogándolo hasta obtener información sobre Noel Ascanio, jefe de la guerrilla. A ambos hermanos los subieron a un camión, los llevaron a la vereda Paloquemao y los mantuvieron retenidos mientras continuaba la masacre.
Los paramilitares repitieron la escena. Llegaron hasta la finca en la que vivía Nelfer Prada Mora con su familia, lo amarraron y lo llevaron a casa de su hermano Libar Prada, a quien asesinaron en el patio posterior de su casa. A Nelfer también lo asesinaron en una carretera cercana. Los paramilitares volvieron al camión en el que estaban retenidos los hermanos Avedaño y a Omar le dispararon, mientras que a Nelfer le dieron la oportunidad de escapar, pero este se quedó con su hermano muerto y pidió que lo asesinaran. Uno de los paramilitares lo golpeó en una pierna, le dio un cachazo en el ojo y lo dejó junto al cadáver de su familiar. Nelfer sobrevivió.
Otra conducta recurrente en las masacres que cometían los integrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra, era el hurto de las pertenencias de sus víctimas. Los agresores acostumbraban llevarse dinero, documentos, armas, vehículos, artículos de los negocios y joyas que pertenecían a sus víctimas. Tan es así, que el 24 de septiembre de 1995, en la masacre “452”, en la que un grupo de paramilitares asesinó con arma de fuego a los hermanos Luis Tiberio y Jesús Emilio Galvis Barrera, un paramilitar conocido como alias Correcaminos se apropió de un anillo que portaba Jesús Emilio, amputándole al cadáver la segunda y tercera falange del dedo meñique de su mano izquierda. En efecto, también se robaron la camioneta en la que se movilizaban los hermanos.
Ese mismo día, en la tarde, también fue asesinada la inspectora de Policía de la vereda La Morena (Cesar), Imelda Ruíz Rojas, acusada de colaborar a la guerrilla. Fredy Ramiro Pedraza, alias Chicote, fue el encargado de quitarle la vida a la mujer y, por su puesto, se quedó con una cadena de oro que ella llevaba.
El desplazamiento forzoso de los familiares de las víctimas es otro punto en común entre estos hechos atroces. Con frecuencia, los allegados de las personas que eran asesinadas de forma violenta quedaron aterrorizadas y se vieron en la obligación de salir de sus territorios. Más si se tiene en cuenta que muchos de ellos fueron testigos de la muerte de sus familiares, de irrupciones abruptas en sus casas o fincas, de destrucción de sus bienes, de hurto de sus propiedades, entre otros actos amenazantes.
De igual forma, resulta inquietante que según lo reseñado en el fallo, los paramilitares declararon que tenían relación estrecha con uniformados de las fuerzas militares. Al punto de que recibían el respaldo, la ayuda y hasta órdenes de altos mandos del Ejército y la Policía Nacional en dichas regiones del país. Sobre esto, alias Chicote, refiriéndose a la “masacre de Norean”, dijo que “cuando se habla del comandante de la Policía de San Martín, era el cabo Sánchez (…) y él en aquella época le daba información a alias Pasos y a mí, porque él sabía que yo era ‘paraco’ y cuando él veía personas raras en el pueblo nos avisaba y nosotros los requisábamos. No solamente el cabo Sánchez, sino todos los comandantes de Policía que llegaban a San Martín, llegaban a trabajar con nosotros”.
Por lo anterior, en cinco de las 21 masacres cometidas por esta organización al margen de la ley, el Tribunal Superior de Bogotá exhorta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue la presunta colaboración que existió entre uniformados de alto rango y la estructura paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra. Por lo pronto, hay que decir que las masacres son apenas una de las tantas formas de violencia, terrorismo y violación a los derechos humanos que utilizó este grupo paramilitar para infundir zozobra, ganar terreno y cumplir sus propósitos de guerra.
