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Las Auc mataron a su esposa, las Farc intentó reclutarlo y ahora recuperó sus tierras

Un juzgado especializado en restitución de tierras acaba de devolver a un campesino de Quinchía (Risaralda) y a su familia dos predios que abandonó luego de las presiones que sufrió por parte del grupo guerrillero para unirse a sus filas y "vengar la muerte" de su esposa.

Redacción Judicial

03 de febrero de 2020 - 07:07 a. m.
Luego de ser víctima de diferentes actores del conflicto, Enrique recuperará la tierra que le fue despojada. / Archivo El Espectador.
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Enrique es un campesino de la vereda Santa Sofía en Quinchía (Risaralda) un municipio que durante décadas estuvo marcado por el conflicto armado colombiano. Se trata de una zona donde la comunidad asociada al Partido Liberal, desde la década de los sesenta, fue perseguida incesante por parte de la Fuerza Pública y de grupos paraestatales. Debido al aumento de la violencia, los habitantes del municipio conformaron células de grupos de autodefensa que fueron el germen de las guerrillas en ese departamento. Posteriormente, en las décadas de los 70 y los 80 la guerrilla del Epl y los paramilitares ingresaron al municipio, agravando la confrontación entre los grupos armados.

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Vea: La historia del predio restituido en Córdoba que fue despojado por el clan Castaño

Fue en este violento contexto, en marzo de 2003, que la esposa de Enrique fue asesinada por paramilitares del frente Cacique Pipintá. Posteriormente, las Farc los presionaron para unirse a sus filas para vengar la muerte de su esposa, pero este no cedió. Como retaliación,  fue extorsionado por el grupo subversivo, un miembro de su familia fue secuestrado por unas horas y otros sufrieron persecuciones. Mientras que algunos de sus familiares se quedaron en el municipio, él y sus hijas de crianza terminaron abandonando sus tierras en abril de 2003 por un lapso de cuatro años.

Se trata de los predios El Mandarino y Barracas, ubicados en la vereda Santa Sofía, los cuales acaban de ser restituidos por un juzgado especializado en restitución de tierras de Cali, el cual también acreditó su condición de víctima del conflicto y ordenó devolverle las tierras en cuestón y que en más de una oportunidad tuvieron que abandonar por temas de seguridad. Sin embargo, esa corporación aclaró que, actualmente, "se encuentran en área reservada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al tiempo que sobre ellos recae la existencia del título minero vigente" por parte de la Sociedad Minera Seafiled.

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"(La situación catastral actual de los terrenos) no se constituye en barrera para entrar a restituir los predios, toda vez que este título no tiene la entidad para alterar el derecho de dominio o la posesión ostentada en un predio ubicado sobre el área afectada por el mismo en tanto este solo guarda relación con la posibilidad de explorar y explotar el subsuelo y los recursos naturales no renovables que son de la Nación, es decir, se trata de un derecho de carácter personal y no real", señaló el juzgado.

Sin embargo, es importante mencionar que en ejercicio de los derechos que otorga el título minero, el concesionario, es decir la Sociedad Minera Seafield, puede solicitar la imposición de una servidumbre o la expropiación del predio, pero debido al carácter fundamental del derecho a la restitución de tierras que ostenta Enrique y su familia quienes fueron desplazados de manera forzada.

Conforme con lo anterior, es de anotar que frente a la oposición presentada por la Sociedad Minera Seafiled S.A.S. (hoy Miraflores Compañía Minera) debe reiterarse que no existe mérito jurídico para dejar sin efectos o declarar nulo el contrato de concesión otorgado en favor de la mencionada sociedad, motivo por el cual, la presente acción de restitución no afecta sus derechos, resultando únicamente procedente prevenirle para que de adelantar procesos para la imposición de servidumbre o expropiación de los predios.

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El contexto de guerra

Un factor característico del conflicto armado en Quinchía es la presencia de Epl desde 1988 a 1991, lapso en el que perpetró dos masacres, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Posteriormente, desde que se produce la disidencia y fallida desmovilización de la totalidad de los miembros del Epl en 1991, en Quinchía y en las áreas circundantes hizo presencia continua el frente Oscar William Calvo (FOWC) hasta 2006.

No obstante, para dicho periodo se incrementan sistemáticamente los delitos en contra de la población civil, en especial el secuestro, y los asesinatos indiscriminados y selectivos. Como documenta el Centro de Memoria Histórica entre 1995 y 1999 en el municipio de Quinchía se produjeron 43 secuestros, cometidos por las tres facciones guerrilleras. Asimismo, señalan que el conflicto armado presente en esta zona, a pesar de estar relacionado con las lógicas de la confrontación armada nacional, cuenta con dinámicas diferenciales, gracias a dos características.

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Por un lado, la presencia del FOWC, una estructura guerrillera de carácter local, con profundas raíces en la población, ya que la mayoría de sus miembros eran oriundos de la región, y su epicentro de acción localizado en Quinchía. Por otro lado, la entrada tardía del paramilitarismo bajo la estructura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por ejemplo, en otras regiones como los Llanos, el Magdalena Medio, el Urabá o Montes de María, los paras ya habían logrado quitarle gran cantidad del territorio a las guerrillas, mientras que en Quinchía la primera acción atribuida a las Auc fue en mayo del 2002.

Ahora, precisan que en el municipio de Quinchía operaron dos frentes pertenecientes al Bloque Central Bolívar de las Auc: el Cacique Pipintá y el Héroes y Mártires de Guática (FHMG). Según el CNMH, se identificó que algunos patrones de estos grupos criminales fueron homicidios cometidos como acciones de limpieza social e intimidación a través de "listas negras"; amenazas dirigidas a líderes políticos o comunitarios, como líderes de organizaciones indígenas Embera Chami; ejecuciones extrajudiciales; masacres; desplazamientos forzados, principalmente de hogares campesinos e indígenas; retenes y control sobre los víveres y enseres comprados por la población civil y toques de queda en algunas poblaciones.

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"Teniendo en cuenta esto, desde mayo del 2002 se incrementan drásticamente los homicidios selectivos y masacres en Quinchía, a manos de los paramilitares y en ocasiones por actores sin identificar, reiterándose que Quinchía ha sido un municipio con una presencia histórica de grupos armados, la cual viene desde la época de la violencia, tradición que generó condiciones favorables para el asentamiento y la permanencia de estructuras de tipo guerrillero con incidencia estrictamente local, como el Frente Oscar William Calvo del Epl", puntualizó el juzgado que devolvió las tierras a Enrique.

 

Por Redacción Judicial

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