Las chuzadas no volvieron: nunca se fueron

El 13 de mayo de 2007 hubo escándalo cuando trascendió que desde la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) se promovían chuzadas y seguimientos ilegales a periodistas, miembros de la oposición e integrantes de la Fuerza Pública. Hubo remezón en la institución, salieron 11 generales y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, señaló públicamente que esos procedimientos eran “inaceptables, ilegales y contrarios a las políticas del Gobierno”, que entonces presidía Álvaro Uribe Vélez.

Salvo algunas sanciones disciplinarias que se diluyeron en el camino, no hubo castigos penales y el episodio terminó por olvidarse. En especial porque un año después ya dominaba otro escándalo similar, pero protagonizado por funcionarios del DAS. Un sombrío capítulo en el que fueron interceptados ilegalmente, de nuevo, periodistas, opositores al gobierno Uribe e incluso magistrados, y que terminó con condenas contra exfuncionarios, la exdirectora María del Pilar Hurtado y el exsecretario de Presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno. El organismo fue liquidado en 2011.

Luego se creó una Ley de Inteligencia (1621 de 2013) y, a través de ella, una comisión de ocho congresistas para ejercer control y evitar que se repitieran situaciones similares. Hace unos meses, en entrevista con este diario, su primer presidente –el senador Carlos Fernando Galán– admitió que “durante mucho tiempo los aparatos de inteligencia de este país operaron sin un marco legal apropiado”. El lío es que la comisión nunca ha podido funcionar. Y hasta que el Congreso no apruebe estudios de credibilidad y confianza para sus integrantes –esa ha sido la razón esgrimida–, no empezará.

A pesar de que los estragos causados por la Sala Gris o la Sala Andrómeda –esta última creada para interceptar a los negociadores de La Habana– entre 2012 y 2014 demostraron que la rueda de las chuzadas ilegales seguía suelta, no se aplicaron correctivos totales. Esta semana, el tema volvió al foco de la actualidad porque se supo que siguen chuzando a periodistas (entre ellas Vicky Dávila, Claudia Morales y la Nena Arrázola), políticos y miembros de la Fuerza Pública. Y, nuevamente, las sospechas recaen en la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol). La diferencia es que las evidencias del acoso contra algunos periodistas son escalofriantes.

“No vamos a permitir que las actuaciones indignas de unos pocos manchen el buen nombre de una institución tan querida”, manifestó el pasado miércoles el presidente Juan Manuel Santos, al anunciar la creación de una comisión “de alto nivel” para investigar lo que viene sucediendo en la Policía. Para no tomar “decisiones a la ligera”, dos exministros, la ministra de la Presidencia y el hermano de un ministro tienen un plazo de 90 días para entregar un informe con recomendaciones sobre qué hacer. No es claro, sin embargo, qué alcance podrá tener un grupo civil que no tiene ninguna facultad judicial en un tema tan delicado.

Entre tanto, la Fiscalía pidió escuchar en calidad de testigos a tres generales: el director de la Policía, Rodolfo Palomino; el director de la Dipol, Jorge Luis Vargas, y el director de Protección, William Salamanca. Se da por descontado que insistirán en que son ataques contra la institución o acciones de unos pocos. El fiscal Eduardo Montealegre, por su parte, ha aseverado que existen “serios indicios” de interceptaciones por parte de la Policía Nacional. Más allá de la comisión creada por el gobierno Santos o las preliminares del ente investigador, una vez más queda en evidencia que el control sobre los servicios de inteligencia del país es débil o, peor, inexistente.

Lo que esta situación indica es también una pugna de vieja data en la Policía, a la que no escapan acreditados generales que han ocupado la Dirección de la Policía en los últimos tiempos, al punto de que apenas cobran forma los cursos de ascenso de oficiales, comienzan a proliferar informes anónimos o filtraciones a los medios para sacar a flote pecados personales, cuentas pendientes, organigramas de roscas o trayectorias de elegidos y descabezados. Como pisando cáscaras de huevos, se divulga que son rencillas normales.

Sin embargo, fuentes consultadas por este diario sostienen que no es así, y que en el interior de la institución existen al menos tres grupos en confrontación. Los oficiales de inteligencia, que desde hace 20 años hegemonizan y controlan hasta a sus opositores; los que se defienden por su trayectoria operativa, representado en la lucha en la calle por la seguridad ciudadana, y el círculo de quienes se mueven en el ámbito de la contratación pública. Entre unos y otros existen liderazgos que se entroncan con el poder político.

Del primer grupo emerge el general Jorge Luis Vargas, director de la Dipol y oficial de inteligencia desde los tiempos del 8.000. Hijo de general, yerno de general y mano derecha del consagrado exdirector de la Policía, Óscar Naranjo. A su alrededor van ascendiendo otros oficiales con la misma especialidad. De ese mismo grupo harían parte los coroneles (r) Jairo Gordillo y Carlos Barragán. Aunque no los investigan aún por eso, la Fiscalía cree que tuvieron que ver con chuzadas desde la Contraloría de Sandra Morelli. Otros desestiman esa idea, atribuyéndole esas acusaciones a la pelea entre el fiscal Eduardo Montealegre y la excontralora.

Del lado contrario, es un secreto a voces que el principal contradictor, aunque también con trayectoria en inteligencia, es el general Luis Gilberto Ramírez, director de seguridad del presidente Santos. Se dice que entre el exdirector Óscar Naranjo y el general Ramírez nunca ha habido mucha química. Entre los correos que el informante envió a la periodista Vicky Dávila, origen del actual escándalo (ver artículo), el desconocido manifestó que existe una carpeta con correos del general Ramírez y el general (Humberto) Guatibonza, con datos de sus familias y fotografías. A Guatibonza se le sitúa más en la línea de Ramírez.

Y un ingrediente adicional: entre los mensajes que el informante le envió a Vicky Dávila se menciona sucintamente el uso de “Haking (sic) Team”. Este año, algunos medios –incluido este diario– contaron cómo en 2013 la Policía le compró un software de interceptación a la empresa italiana Hacking Team diseñado para infiltrar computadores y celulares sin dejar rastro. La Policía no estaba autorizada para usarlo –aún no lo está– y el general Palomino se negó a dar explicaciones públicas. Hoy, de nuevo, quedan dudas en el aire: ¿usó la Policía el software de Hacking Team? ¿Existe una entidad en Colombia que pueda resolver ese interrogante?

Desde hace dos años la dirección del general Rodolfo Palomino parecía calmar las guerras internas, pero los sucesos de los últimos días evidencian que su tiempo en el poder parece agotarse. Tampoco la comisión que creó el Gobierno va a tener claro cuál puede ser el movimiento correcto. Los expertos dicen que si se le embolata el camino al general Jorge Luis Vargas, el jefe de seguridad ciudadana, general Jorge Nieto, puede ser un buen catalizador de la tormenta que hoy se vive en el interior de la Policía y sus especialidades.

En términos de perspectiva histórica, el momento se parece a la coyuntura vivida a mediados de 1995, cuando después de la hora aciaga del general José Guillermo Medina en la dirección de la Policía, o de los días en los que el ciclón del 8.000 amenazaba con arrastrar nombres de dignatarios de la Policía, surgió la carta del general Roso José Serrano. Con todos sus aciertos, excesos o secretos, sin duda marcó una época para la Policía. Lo mismo que sucedió tiempo después con su discípulo, el general Óscar Naranjo.

De todos modos, más allá de la historia, las grietas del poder o las cábalas en la sucesión, el nuevo episodio de chuzadas a periodistas, políticos y miembros de la Fuerza Pública deja al desnudo que esta práctica continúa, que en tiempos de avances tecnológicos puede convertirse en un peligro para la sociedad en conjunto y que definitivamente las herramientas creadas para neutralizarla son insuficientes. El síndrome de las chuzadas sigue intacto y algunos oficiales en la Policía, no se sabe por qué órdenes, lo siguen haciendo.