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En medio de aires de incertidumbre por la supuesta compra del software de espionaje Pegasus durante el gobierno de Iván Duque por más de US$11 millones, un hecho denunciado por el presidente Gustavo Petro en una alocución televisiva el pasado 4 de septiembre, la posibilidad de una reforma a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tomó aun más fuerza. Este lunes 9 de septiembre, la DNI entregó detalles del proyecto de ley estatutaria radicado en el Senado, con el que se busca reformar la ley de Inteligencia y Contrainteligencia por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como contó El Espectador.
De acuerdo con la Dirección de Inteligencia, el proyecto llevado al Legislativo contó con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, así como con la participación de colectivos de abogados defensores de Derechos Humanos y periodistas. La iniciativa, así mismo, tiene cuatro propósitos fundamentales: ampliar los principios y definir los fines constitucionales o habilitadores de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, precisar los medios y métodos que pueden ser usados, crear y fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia y reformar el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
Entre sus puntos más relevantes está, como primera medida, establecer los conceptos en el ejercicio de labores de inteligencia. Esto incluye definir “prohibiciones específicas a los organismos de inteligencia y se amplían los principios rectores de las actividades de inteligencia y contrainteligencia”. En un segundo punto, la Dirección precisa que la norma debe tener una “perspectiva garantista de los Derechos Humanos” y, para ello, es necesario establecer criterios para identificar qué es una amenaza de la que puede estar siendo víctima el Estado. “Para ello, se exige que las amenazas tengan una base creíble como punto de partida y se excluyen aquellas basadas en suposiciones sin evidencia”, añade la DNI.
Otro de los puntos clave de este proyecto tiene que ver con el control judicial a las actividades de la entidad con el fin de garantizar “independencia y verdadero contrapeso al ejercicio de la función de inteligencia y contrainteligencia”. Para llegar a ese objetivo, agrega la Dirección, se propone un control previo para aquellas actividades con un impacto mayor desde la perspectiva de “intrusión a los derechos, y control posterior para las demás labores que impliquen interferencia a derechos humanos”.
“Así mismo, se prevé un procedimiento expedito para el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa ante los organismos de inteligencia, con posibilidad de acudir posteriormente a la vía judicial, para garantizarle a las personas que consideran haber sido objeto de injerencias arbitrarias en sus derechos la posibilidad de acceder, rectificar, e incluso, eliminar, la información de inteligencia que frente a ellas se hubiera recaudado”, subraya la entidad.
Finalmente, la Dirección de Inteligencia, mediante el proyecto, plantea que se establezcan lineamientos y procedimientos para la colaboración de los operadores de servicios de telecomunicaciones. Este proyecto, además, llega en un punto crucial respecto al debate de la inteligencia en Colombia, luego de las denuncias del presidente Petro. Sin ir muy lejos, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló este lunes 9 de septiembre que no hay indicios del uso del software pero, aún así, aseguró que se adelantan las investigaciones para determinar qué pasó con la compra de Pegasus durante el gobierno pasado y si este se ha estado utilizando para interceptar a magistrados de las altas cortes.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
