Ante el incremento de casos de violencia en Bogotá, la alcaldesa Claudia López dijo que las comisarías estaban "teletrabajando y no se puede". ¿Es así?
El decreto sí permite el teletrabajo para los asuntos que no son urgentes y que no tienen que ver con violencia intrafamiliar. Es decir, se puede teletrabajar en la medida de que cada alcaldía defina los horarios de trabajo, etcétera. Pero lo que tiene que haber es una atención ininterrumpida, ya sea a través de medios telefónicos o virtuales y, cuando se requiera, presencial. Es decir, no podemos decir de plano que no se puede teletrabajar, porque se puede en lo que no es urgente. En lo urgente sí tienen que estar disponibles para prestar servicio presencial.
¿Qué hacen las comisarías de familia?
Las comisarías de familia son entidades de orden municipal o distrital, dependen directamente de las alcaldías, son entidades administrativas, pero tienen funciones judiciales. El comisario o la comisaria debe ser abogado, pero también debe contar con un equipo interdisciplinario que al menos tenga un trabajador social y un psicólogo. Su función principal es prevenir, garantizar, establecer y reparar los derechos de cientos de familias vulnerados por situación de violencia intrafamiliar. Asimismo, tienen funciones de policía judicial, de conciliación en asuntos de familia como, por ejemplo, visitas, alimentos, custodia y, además, tienen las funciones de defensores de familia en esos municipios donde no hay Defensoría de Familia. Estas últimas hacen parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y son los defensores que se encargan del establecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Es decir, tienen múltiples funciones según la zona...
Parte del problema de las comisarías es que la ley deja abierta la posibilidad de que los alcaldes establezcan otras funciones que ellos consideren. Entonces, hay municipios -y no son pocos- en los que, por ejemplo, tienen funciones de Inspección de Trabajo o tienen funciones de Inspector de Tránsito, incluso de Inspector de Policía. A veces son los mismos que hacen el control interno dentro del municipio. Los municipios que son muy pobres no tienen recursos para tantos funcionarios y tratan de optimizar el tema por medio de los comisarios, pero eso trae un problema y es que no se pueden concentrar en lo importante.
¿Cuántas comisarías de familia hay en el país? ¿Tienen el personal suficiente?
El país cuenta con 1.273 comisarías de familia, según el último reporte de la Procuraduría. Las comisarías no dependen del Gobierno Nacional, no dependen del Ministerio de Justicia, dependen de cada uno de los municipios. No tienen personal suficiente. Hay carencias en materia del equipo interdisciplinario y en esos casos echan mano del sistema de salud.
¿Por qué este tema fue una de las primeras decisiones del Ministerio de Justicia en esta emergencia por el COVID-19?
En primer lugar, tuvimos conocimiento de que en algunas ciudades las comisarías no estaban funcionando cuando empezó el tema de coronavirus. Incluso antes de que iniciara el aislamiento por parte del Gobierno, ya había comisarías que habían dejado de funcionar o que estaban funcionando solo medio día, es decir, que no estaban prestando el servicio completo. Segundo, Naciones Unidas, a través de su oficina para la protección de las mujeres (ONU Mujeres) y el Comité de Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer emitieron unas recomendaciones a todos los Estados en el sentido de que el aislamiento preventivo derivado del virus no implicara la suspensión de las funciones de las entidades que protegen a las mujeres, a los niños y los miembros de la familia en el marco de la violencia intrafamiliar.
Además, Medicina Legal reportó en enero de 2020, antes del aislamiento, 5.038 casos de violencia intrafamiliar en el país, de los cuales 170 fueron contra adultos mayores, 443 contra niños, niñas y adolescentes, 3376 casos de violencia de pareja y 1149 casos de violencia por otros familiares, por ejemplo, con personas con discapacidad al interior de sus familias. En total, las mujeres fueron las principales víctimas de violencia intrafamiliar con 3.942 casos. Así las cosas, decidimos asegurarnos de que estas personas pudieran acceder a los servicios de protección y también a la judicialización de los victimarios.
¿En qué consiste el decreto?
El decreto 460 establece que se debe garantizar la prestación ininterrumpida de las comisarías de familia y, como tienen una gran cantidad de funciones, les dice a los alcaldes que deben asegurarse de que las comisarías funcionen y que prioricen los casos de violencia intrafamiliar. Para esto, el decreto establece unas obligaciones a los alcaldes para la atención permanente de las víctimas apelando a estrategias de servicio remoto, puede ser telefónico o puede ser virtual, pero además les dice que (el servicio) debe ser presencial cuando no hay opción de hacerlo virtual o telefónico. Por supuesto, en esos casos, el alcalde debe asegurarle al comisario o a la comisaria y a su equipo todas las medidas de seguridad para evitar el contagio del virus.
Se plantea que los servicios sean de carácter virtual en la medida de lo posible. Pero, ¿cómo hacer para que usar estos servicios no se convierta en un factor de violencia en sí mismo en el hogar cuando se convive con la persona agresora?
Se estableció para los alcaldes y para el Gobierno el fortalecimiento de las líneas que ya existen para denunciar. La Línea 155, que es la línea purpura para la atención de violencia contra las mujeres; la Línea 141 del ICBF para niños, niñas y adolescentes; el 123 para casos de urgencia -que incluso un vecino si está escuchando algo pueda hacer la denuncia a través de esta línea-; la línea 122 de la Fiscalía que logramos que incluyera como priorización de esa línea los casos de violencia intrafamiliar. También hay mecanismos virtuales como la página web A Denunciar de la Fiscalía por si es necesario que el agresor no escuche la voz (de quien denuncia) y lo pueda hacer desde el celular. Pero, además, si (la víctima) logra salir de su casa, es importante hacer una atención presencial y los alcaldes tienen que establecer un teléfono exclusivo para que los comisarios o comisarias atiendan llamados.
Tenemos todas las formas para que estas personas tengan las opciones para denunciar un caso y puedan pedir una medida de protección. También es muy importante LegalApp, que es una aplicación que establece todas las vías de acceso a la justicia ante cualquier problema jurídico que se presente y hay unas vías especiales para que violencia intrafamiliar, para mujeres y también en un lenguaje muy sencillo para los niños y está conectado con la página web A Denunciar de la Fiscalía. En el decreto queda establecido que en las emisoras comunitarias, que son muy poderosas en los municipios y en la ruralidad, den información sobre todas estas líneas de atención.
En el pasado se han hecho críticas a las comisarías porque terminan haciendo una revictimización, ¿se contempla algo al respecto en el decreto?
Hay que tener en cuenta que los decretos que está expidiendo el Gobierno tienen fuerza de ley, pero solo están dirigidos a atender la emergencia por el coronavirus. Y, en el caso de violencia intrafamiliar, se trata de cómo atender a estas víctimas durante la emergencia teniendo en cuenta que no puede haber aglomeración de personas en un mismo sitio. No se podía establecer en un decreto que tiene fecha de vencimiento medidas con un alcance mayor. Sin embargo, toda la normatividad actual lo establece y el Ministerio de Justicia está trabajando fuertemente en eso. Cada vez los comisarios y comisarias son más conscientes de ello y por eso el Ministerio viene trabajando permanentemente por medio de la formación en género. El año pasado, por ejemplo, logramos que más de 1.400 operadores de justicia en temas de violencia intrafamiliar fueran capacitados en atención con enfoque de género. Incluso se hizo un énfasis en los municipios PDET en donde coinciden altos índices de violencia intrafamiliar. Lanzamos en noviembre del año pasado la guía de atención a mujeres y población LGTBI, que busca reducir acciones revictimizantes en los servidores de justicia y en las comisarías de familia en particular. Esa guía es un ABC de la atención para estos casos de violencia e identificando qué lenguaje es adecuado y cual no para que esa revictimización no se presente.
Se trata de un decreto excepcional que no puede fijar entonces lineamientos que se salgan de la emergencia porque podría correr el riesgo de que la Corte Constitucional lo tumbe…
Exacto.
¿Sostuvieron diálogos con los mandatarios locales para la construcción del decreto?
Sí. Conversamos con varios municipios, con varios alcaldes. Por ejemplo, con la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá conversamos muchísimo y ella estaba muy interesada en que saliera el decreto porque varios comisarios no querían trabajar por el susto de ser contagiados. En general, todos los mandatarios locales estuvieron de acuerdo en que se expidiera el decreto para hacer mucho más mandatorio la prestación del servicio y también para que tuvieran lineamientos de priorización de esas funciones relacionadas con esas funciones de violencia intrafamiliar.
Entonces, a las alcaldías le corresponde el cumplimiento de varias órdenes, como la de crear espacios para acoger a víctimas…
Sí. El decreto da lineamientos concretos a las alcaldías de cómo debe funcionar la atención a los casos de violencia intrafamiliar a través de sus comisarías de familia. Desde la Ley 1257 de 2008 se estableció la obligación de tener casas refugio para evitar el feminicidio. Nos falta mucho por lograr sobre todo en los municipios pequeños pero el decreto sí establece que, durante la emergencia, el alcalde puede prever espacios para ello como, por ejemplo, un cuarto de hotel. Estamos en coordinación con las organizaciones de mujeres y las duplas de genero de la Defensoría del pueblo, que tienen casas de acogida, para que los alcaldes sepan a dónde acudir si no tienen otro sitio.
¿Se requiere que se involucran otras entidades?
Los lineamientos van dirigidos sobre todo a las alcaldías por que las Comisarias dependen de estas. Pero, además, establecemos que la Fiscalía tiene la obligación de articular y orientar a las comisarías en las funciones de policía judicial. En los casos de visitas, alimentos y custodia que se logren solucionar a través de la comisaría, la Procuraduría podrá temporalmente fijar esas decisiones y así también liberamos a las comisarías de tantas funciones durante la emergencia. También la Defensoría del Pueblo ha sido aliado estratégico en esto porque tienen presencia en todas las regiones del país y tienen unas duplas de género que están compuestas por psicólogas y trabajadoras sociales, que se encargan de estar incluso en la ruralidad apoyando a mujeres maltratadas. Teniendo en cuenta que el sistema de salud está a reventar por el tema de coronavirus y que no se podía dejar de atender este tipo de casos, el Ministerio de Salud va a sacar unos boletines para que todos los órganos de salud atiendan también prioritariamente los casos de violencia intrafamiliar. También con el ICBF estamos coordinados para que las defensorías de familias no dejen de prestarle la atención a los niños, niñas y adolescentes.
¿Cómo se hará seguimiento al cumplimiento?
Lo estamos haciendo. Todas las entidades que he mencionado, además con ONU Mujeres y UNICEF, estamos reuniéndonos cada ocho días de manera virtual y tenemos un chat para la articulación de casos de los que tengamos conocimiento y para el seguimiento al decreto. Por eso, por ejemplo, la Procuraduría va a emitir circulares para los alcaldes y cuando nos enteremos de casos desatención, la Procuraduría envía directamente una carta solicitando el cumplimiento. Este seguimiento también incluye campañas de promoción y prevención de la violencia y en eso también el gobierno tiene unas obligaciones.
¿Cómo cuáles? ¿En una situación de cuarentena sí basta una campaña?
No. Por eso decimos establecer las campañas y todas las formas de atención a las violencias. De hecho, también se les dice a las alcaldías que tiene que hacer monitoreo de los casos que ya hayan sido denunciados y de las medidas que se hayan adaptado de protección. Están las líneas de atención abiertas, las Comisarías tienen que estar funcionando, la Fiscalía debe estar 100 % trabajando en estos casos y ojalá se pudieran prevenir todas las violencias posibles, pero claramente, no es fácil.
¿Se ha incrementado la violencia intrafamiliar en el periodo de aislamiento?
Sí, lastimosamente sí. El ICBF aún está terminando de consolidar los datos del último informe desde el inicio del aislamiento preventivo ordenado por el gobierno, pero en cuanto a la línea 155, tenemos que se ha incrementado en un 79 % las llamadas y la mayoría de las llamadas han sido por violencia intrafamiliar.
¿Se está pensando en alguna medida a largo plazo sobre violencia intrafamiliar?
Vamos a presentar un proyecto de ley que hemos trabajado con todas las entidades que he mencionado para el fortalecimiento de las Comisarías de familia desde el punto de vista de estructura, desde el equipo interdisciplinario que deben tener, desde el punto de vista presupuestal y también se va a hacer una depuración de sus funciones para que se ocupen de lo importante.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.
Por Redacción Judicial
