Desde el 17 de julio, nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca permanecen secuestrados a manos de las disidencias de las Farc. A través de un comunicado, el Estado Mayor Bloque Occidental anunció que las siete mujeres y los dos hombres, que según ellos se encuentran sanos y salvos, serán liberados.
Los siete funcionarios secuestrados son Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
Según la información entregada por las autoridades, los funcionarios viajaban al municipio de López de Micay a reunirse con una misión de la ONU, la Cruz Roja y la Defensoría. Sin embargo, fueron retenidos sobre las 4:00 de la tarde de ese jueves, en zona rural del departamento. Desde entonces se desconoce su paradero.
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El grupo armado comandado por alias “Iván Mordisco” antepuso una serie de condiciones para la liberación de los funcionarios e hizo serios señalamientos a las autoridades regionales y a las operaciones militares que se adelantan en la zona, lideradas por el Ejército.
Las disidencias aseguraron que, a pesar de que en una comunicación interna la Gobernación del Cauca informó que ya no iban a continuar con el proyecto de aprovisionamiento de tecnología militar, aún hay desconfianza, por lo que restringieron el ingreso de cualquier funcionario de la entidad a su territorio.
Esa exigencia de evitar el ingreso de contratistas al cañón del Micay está relacionada con el interés que las disidencias se han jugado a sangre y fuego para mantener el control de uno de los enclaves cocaleros más importantes del país. Sobre todo desde el 12 de octubre de 2024, cuando inició allí la Operación Perseo, que representó una total militarización de la zona.
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El grupo armado agregó en su comunicado que la responsabilidad de la retención de los funcionarios recae sobre el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, y la secretaria de Gobierno, Maribel Perafán, quienes supuestamente vincularon a los capturados en “un proyecto de aprovisionamiento militar por más de $4.120 millones, que no corresponde a sus funciones”.
Entre las condiciones para la liberación de los funcionarios está también la suspensión inmediata de toda extracción minera en el Macizo Colombiano que, según las disidencias, está articulada por el gobernador Octavio Guzmán y su familia. Sobre ese tema, las disidencias ya se habían manifestado previamente, incluso hace un par de semana, el mandatario regional denunció que y había sido amenazado por el grupo armado.
Asimismo, las disidencias exigieron bajarle la temperatura a la intervención militar de la zona, concretamente a las acciones relacionadas con la mencionada Operación Perseo, una estrategia militar que busca recuperar el territorio ocupado por grupos armados en el Cauca, que han afectado a la población con secuestros y homicidios, entre otros crímenes.
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Las disidencias de “Iván Mordisco” le exigieron a las autoridades “replegarse durante 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”. De esa forma, según se lee en el comunicado, puede hacerse efectivo lo que ellos denominaron como un “protocolo” para la liberación.
Otro asunto que las disidencias de las Farc señalaron es la presunta relación que el comandante de la Tercera División del Ejército, el general Federico Mejía, tendría con grupos paramilitares, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Campesinas de Ortega. El grupo armado aseguró que el general habría realizado operaciones coordinadas “con el Frente Manuel Vásquez Castaño, donde han asesinado a varios civiles”.
Aunque, según las disidencias de las Farc, desde las 6:00 de la tarde de ayer, martes 22 de julio, empezó la liberación, hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales ni de organizaciones de derechos humanos llamadas a mediar para que los nueve funcionarios públicos regresen sanos y salvos con sus familias.
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