Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y el gobierno de Gustavo Petro en su recta final, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, habló con El Espectador sobre el ambiente electoral a una semana de los comicios. Asimismo, se refirió a las últimas movidas del gobierno y los constantes choques que ha tenido en las últimas semanas con autoridades judiciales como las altas cortes y la Fiscalía General de la Nación. Aunque reconoce que durante los casi cuatro años de gobierno se ha mantenido como bandera la búsqueda de la paz, señala que el gobierno es “muy terco” en el tono que usa para proponerla.
En video: “La paz no se hace a gritos”: defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz
Después de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se negara a levantar las órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo sin verificar primero un avance sustancial de los diálogos de paz con ese grupo armado, el jefe de Estado cuestionó la decisión. Públicamente el primer mandatario dijo que “el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución; si no, el pueblo la hace respetar”.
La determinación del ente investigador fue respaldada por Marín, para quien “es razonable que una autoridad como la Fiscalía General de la Nación pues revise el cumplimiento de estas condiciones”, como le aseguró a este diario. Asimismo, la entidad expuso sus propias preocupaciones a que el Ejecutivo tome decisiones sin verificar un avance real y, desde el discurso, pase por encima de otras autoridades.
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A través de un documento, la Defensoría señaló que “si bien el presidente cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de estas funciones legales, el ejercicio de estas está sujeto a la Constitución y la ley. Se trata de una discrecionalidad reglada pues, de lo contrario, se convertiría en arbitrariedad”. Agregó que esas decisiones “requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”.
A pesar de los pronunciamientos de ambas entidades -Defensoría y Fiscalía- el jefe de Estado ha sido insistente en avanzar. En diálogo con El Espectador, la defensora Marín Ortiz aseguró que no sabe si se le está hablando a un gobierno de oídos sordos, pero sí por lo menos a uno que es “muy terco”. La funcionaria sostuvo que “no sé si el presidente no escuche, pero insiste en su punto y la paz no se hace a gritos”.
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De acuerdo con lo dicho a este diario por la defensora, “uno no puede decir, ‘venga, hagamos la paz’, pero a la vez ‘¡dije que hiciéramos la paz! ¡Usted hace esto, usted hace eso!’. No. La paz es un tema de consensos, de unión, de diálogo y articulación institucional. Entonces es como un poco contradictorio que hable de la importancia de la paz y su prioridad para la Constitución, pero en un tono que todo el tiempo está dividiendo y generando ruptura, inclusive a nivel institucional".
La jefa de la Defensoría ha insistido en que, con las elecciones presidenciales tan cerca y con el gobierno en sus últimos meses, tanto los candidatos como el jefe de Estado deben moderar su lenguaje para no generar más polarización en el país. Además, insiste que aunque la rama judicial debe estar abierta a la crítica por sus decisiones, todas deben ser hechas de manera respetuosa, especialmente por el primer mandatario. Además, recalca que la Constitución habla del respeto por la separación de poderes.
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Por Jhordan C. Rodríguez
