Las coordenadas más 'secretas' del Ejército

En nada quedó el escándalo por la filtración de las coordenadas al expresidente Álvaro Uribe. Se trataba ni más ni menos que de la más sensible información, pues ubicaba el sitio exacto en el que una comisión de la Cruz Roja sacaría de las selvas del Meta y Caquetá, el 7 de abril de 2013, al jefe negociador de la guerrilla Pablo Catatumbo con destino a Cuba. A pesar de la gravedad de esta revelación, que fue entendida por muchos como la evidencia del descontento de un sector de las Fuerzas Militares con el gobierno Santos, el pasado 2 de diciembre se archivó la investigación sin mayor ruido.

El Espectador conoció el fallo de 27 páginas del juez 84 de Instrucción Penal Militar, Dagoberto López, quien concluyó que fue imposible identificar la persona u oficial que le deslizó esos datos al expresidente Uribe. El juez sostuvo que no se aplicaron los protocolos de seguridad criptográfica cuando se difundió la información, ya que ésta se transmitió utilizando un pin de Blackberry, “generando posibilidades de interceptación y conocimiento del mensaje por parte de agencias o agentes enemigos” o, como se presume ocurrió en este caso, que los datos reservados terminaron en poder de muchas personas.

Este caso se inició por la denuncia del general Manuel Gerardo Guzmán, en calidad de segundo comandante del Ejército, quien encontró muy grave que pudiera violarse un secreto de tal magnitud cuando las negociaciones de paz estaban empantanadas aún en el primer punto de la agenda sobre el tema de tierras. Aunque el operativo culminó con éxito y Catatumbo se integró a la mesa en La Habana, el mismo día del cese de operaciones militares en las zonas de El Guayabero, La Macarena, Vista Hermosa y La Uribe, el exmandatario trinó en su cuenta de Twitter las coordenadas que supuestamente sólo conocían seis generales y asegurando que dicha información la acababa de difundir el jefe de operaciones del Ejército, general Javier Enrique Rey.

De inmediato estalló la controversia. Lo primero que se dijo fue que Álvaro Uribe todavía tenía ascendencia en la tropa e información privilegiada del proceso de paz que podría poner en aprietos al presidente Juan Manuel Santos. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció una exhaustiva investigación —como la prometida en el caso de la fachada ‘Andrómeda’— y al día siguiente, es decir, el 8 de abril de 2013, comenzó el proceso. El general Rey rindió un informe, aportó una declaración juramentada y hasta entregó su celular Blackberry para que se verificara si él había sido el artífice de la filtración.

Asimismo, se allegó al expediente copia del radiograma que contenía la orden de suspensión de actividades militares en las coordenadas precisadas. Muy pronto el juez López descubrió que una información tan sensible terminó de mano en mano en el Ejército y que fue todo menos secreta. A su despacho llegaron registros de mayores, coroneles, sargentos, integrantes de la Aviación del Ejército, entre un largo etcétera de uniformados que procesaron los datos reservados. El mensaje original para suspender operaciones en Meta y Caquetá fue suscrito por el general Hernando Díaz como jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares. En teoría, sólo un puñado de la cúpula militar sería el destinatario.

Pero todo se enredó muy pronto. El general Rey declaró que a su oficina llegó un sobre con la indicación de “operación inmediata”, y que como era un día festivo no se encontraba allí. Por eso le pidió al coronel Jerson Buitrago que abriera el sobre y le leyera su contenido, con el fin de atender la orden superior. Entonces le ordenó al coronel Buitrago que le remitiera a su chat de Blackberry las coordenadas específicas “para que así no fuera conocida la información por parte de personas que no tuvieran pertinencia con el caso”. El general Rey añadió que aunque expresamente se sabía que dicha información era de carácter secreto, se solicitó que el mensaje se rotara en comandos claves de la zona y en la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con su versión, era necesario reportarle a la Aeronáutica con el fin de que aeronaves privadas no cursaran el espacio aéreo en la zona determinada. Esta fue la razón fundamental que esgrimieron la mayoría de altos oficiales a quienes se les exigieron cuentas para justificar que la información clasificada terminó siendo conocida por civiles. Entre las 9:40 y las 9:56 de la mañana de ese 7 de abril de 2013, el general Rey les envió a seis generales un mensaje particular, no en cadena, sobre las instrucciones respectivas de las coordenadas para culminar el traslado de Pablo Catatumbo a la mesa de diálogos de La Habana.

Otros oficiales explicaron que no había protocolos sobre el súbito cese de actividades solicitado por el Gobierno Nacional, pues no se trataba de una orden de operaciones regular para movilizar tropas, sino de un operativo para garantizar una movida estratégica en el ajedrez de la negociación por parte de las Farc. Todos los oficiales negaron cualquier cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, más allá de reconocer que durante su gobierno trabajaron bajo su mando. El general Alberto Mejía, quien oficiaba como comandante de División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, relató que una vez conoció el mensaje, lo envió a las unidades operativas tácticas en Meta y Caquetá. Sólo ese envío le llegó “a 26 destinatarios”.

El coronel Jorge Eduardo Mora, comandante de la Brigada contra el Narcotráfico, reconoció que cinco miembros de su unidad “fueron enterados por pin sobre la orden de cese de actividades”. el coronel Ómar Ernesto Romero aceptó que compartió verbalmente la información con tres miembros de operaciones militares diferentes a su área. Otros más declararon que el mensaje les llegó a los pilotos que se encontraban en el sur del país y que eran muchos. Incluso, algunos aseguraron que borraron el mensaje porque “no era de su incumbencia” o porque no entendían por qué les había llegado.

“Llama la atención del despacho que el mensaje fuese reenviado a personal que no le era de utilidad por no encontrarse realizando actividades operativas en los sectores descritos en el mensaje. Por consiguiente la misiva, que en principio debía ser de carácter reservado, con el paso de las horas empezó a perder su naturaleza”, concluyó el juez López. Además, se estableció que las coordenadas filtradas no tuvieron un direccionamiento exclusivo para garantizar la confidencialidad y que eso de secreto nada tenía. Con una particularidad: según los oficiales, una vez la información le llegó a la Aeronáutica, esta entidad la hizo pública en su página web a las 5:31 de la tarde de ese 7 de abril, y el trino de Uribe se produjo a las 6:08 p.m.

En ese contexto, quedó para el juez la duda sobre si la información filtrada provino del seno de las Fuerzas Militares o de la Aeronáutica. En todo caso, reprochó que datos tan delicados puedan remitirse a través de un pin. El pasado 27 de noviembre el propio expresidente declaró bajo juramento que ese 7 de abril le llegó a su correo el mensaje con las coordenadas y que al leerlo indagó con un periodista sobre el tema, realizó una llamada “donde le informaron sus fuentes que el Gobierno y las Farc habían acordado que se extraería a varios miembros de ese grupo con destino a Cuba” y después trinó.

Uribe aceptó que recibe mucha información a diario, “que estaba lleno de noticias sobre las negociaciones de paz en Cuba”, que ese día el mensaje de correo electrónico le decía textualmente “por favor difunda señor expresidente y proteste” y que jamás imaginó que su publicación causaría tanto revuelo. El exjefe de Estado dijo desconocer el remitente de las coordenadas. Hasta ahí se le indagó. Para el juez López era claro que cualquiera en la larga lista de posibles conocedores de esta información clasificada pudo ser el responsable del correo anónimo. Qué grave que información tan sensible pueda manejarse así, se diría.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

En nada quedó el escándalo por la filtración de las coordenadas al expresidente Álvaro Uribe. Se trataba ni más ni menos que de la más sensible información, pues ubicaba el sitio exacto en el que una comisión de la Cruz Roja sacaría de las selvas del Meta y Caquetá, el 7 de abril de 2013, al jefe negociador de la guerrilla Pablo Catatumbo con destino a Cuba. A pesar de la gravedad de esta revelación, que fue entendida por muchos como la evidencia del descontento de un sector de las Fuerzas Militares con el gobierno Santos, el pasado 2 de diciembre se archivó la investigación sin mayor ruido.

El Espectador conoció el fallo de 27 páginas del juez 84 de Instrucción Penal Militar, Dagoberto López, quien concluyó que fue imposible identificar la persona u oficial que le deslizó esos datos al expresidente Uribe. El juez sostuvo que no se aplicaron los protocolos de seguridad criptográfica cuando se difundió la información, ya que ésta se transmitió utilizando un pin de Blackberry, “generando posibilidades de interceptación y conocimiento del mensaje por parte de agencias o agentes enemigos” o, como se presume ocurrió en este caso, que los datos reservados terminaron en poder de muchas personas.

Este caso se inició por la denuncia del general Manuel Gerardo Guzmán, en calidad de segundo comandante del Ejército, quien encontró muy grave que pudiera violarse un secreto de tal magnitud cuando las negociaciones de paz estaban empantanadas aún en el primer punto de la agenda sobre el tema de tierras. Aunque el operativo culminó con éxito y Catatumbo se integró a la mesa en La Habana, el mismo día del cese de operaciones militares en las zonas de El Guayabero, La Macarena, Vista Hermosa y La Uribe, el exmandatario trinó en su cuenta de Twitter las coordenadas que supuestamente sólo conocían seis generales y asegurando que dicha información la acababa de difundir el jefe de operaciones del Ejército, general Javier Enrique Rey.

De inmediato estalló la controversia. Lo primero que se dijo fue que Álvaro Uribe todavía tenía ascendencia en la tropa e información privilegiada del proceso de paz que podría poner en aprietos al presidente Juan Manuel Santos. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció una exhaustiva investigación —como la prometida en el caso de la fachada ‘Andrómeda’— y al día siguiente, es decir, el 8 de abril de 2013, comenzó el proceso. El general Rey rindió un informe, aportó una declaración juramentada y hasta entregó su celular Blackberry para que se verificara si él había sido el artífice de la filtración.

Asimismo, se allegó al expediente copia del radiograma que contenía la orden de suspensión de actividades militares en las coordenadas precisadas. Muy pronto el juez López descubrió que una información tan sensible terminó de mano en mano en el Ejército y que fue todo menos secreta. A su despacho llegaron registros de mayores, coroneles, sargentos, integrantes de la Aviación del Ejército, entre un largo etcétera de uniformados que procesaron los datos reservados. El mensaje original para suspender operaciones en Meta y Caquetá fue suscrito por el general Hernando Díaz como jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares. En teoría, sólo un puñado de la cúpula militar sería el destinatario.

Pero todo se enredó muy pronto. El general Rey declaró que a su oficina llegó un sobre con la indicación de “operación inmediata”, y que como era un día festivo no se encontraba allí. Por eso le pidió al coronel Jerson Buitrago que abriera el sobre y le leyera su contenido, con el fin de atender la orden superior. Entonces le ordenó al coronel Buitrago que le remitiera a su chat de Blackberry las coordenadas específicas “para que así no fuera conocida la información por parte de personas que no tuvieran pertinencia con el caso”. El general Rey añadió que aunque expresamente se sabía que dicha información era de carácter secreto, se solicitó que el mensaje se rotara en comandos claves de la zona y en la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con su versión, era necesario reportarle a la Aeronáutica con el fin de que aeronaves privadas no cursaran el espacio aéreo en la zona determinada. Esta fue la razón fundamental que esgrimieron la mayoría de altos oficiales a quienes se les exigieron cuentas para justificar que la información clasificada terminó siendo conocida por civiles. Entre las 9:40 y las 9:56 de la mañana de ese 7 de abril de 2013, el general Rey les envió a seis generales un mensaje particular, no en cadena, sobre las instrucciones respectivas de las coordenadas para culminar el traslado de Pablo Catatumbo a la mesa de diálogos de La Habana.

Otros oficiales explicaron que no había protocolos sobre el súbito cese de actividades solicitado por el Gobierno Nacional, pues no se trataba de una orden de operaciones regular para movilizar tropas, sino de un operativo para garantizar una movida estratégica en el ajedrez de la negociación por parte de las Farc. Todos los oficiales negaron cualquier cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, más allá de reconocer que durante su gobierno trabajaron bajo su mando. El general Alberto Mejía, quien oficiaba como comandante de División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, relató que una vez conoció el mensaje, lo envió a las unidades operativas tácticas en Meta y Caquetá. Sólo ese envío le llegó “a 26 destinatarios”.

El coronel Jorge Eduardo Mora, comandante de la Brigada contra el Narcotráfico, reconoció que cinco miembros de su unidad “fueron enterados por pin sobre la orden de cese de actividades”. el coronel Ómar Ernesto Romero aceptó que compartió verbalmente la información con tres miembros de operaciones militares diferentes a su área. Otros más declararon que el mensaje les llegó a los pilotos que se encontraban en el sur del país y que eran muchos. Incluso, algunos aseguraron que borraron el mensaje porque “no era de su incumbencia” o porque no entendían por qué les había llegado.

“Llama la atención del despacho que el mensaje fuese reenviado a personal que no le era de utilidad por no encontrarse realizando actividades operativas en los sectores descritos en el mensaje. Por consiguiente la misiva, que en principio debía ser de carácter reservado, con el paso de las horas empezó a perder su naturaleza”, concluyó el juez López. Además, se estableció que las coordenadas filtradas no tuvieron un direccionamiento exclusivo para garantizar la confidencialidad y que eso de secreto nada tenía. Con una particularidad: según los oficiales, una vez la información le llegó a la Aeronáutica, esta entidad la hizo pública en su página web a las 5:31 de la tarde de ese 7 de abril, y el trino de Uribe se produjo a las 6:08 p.m.

En ese contexto, quedó para el juez la duda sobre si la información filtrada provino del seno de las Fuerzas Militares o de la Aeronáutica. En todo caso, reprochó que datos tan delicados puedan remitirse a través de un pin. El pasado 27 de noviembre el propio expresidente declaró bajo juramento que ese 7 de abril le llegó a su correo el mensaje con las coordenadas y que al leerlo indagó con un periodista sobre el tema, realizó una llamada “donde le informaron sus fuentes que el Gobierno y las Farc habían acordado que se extraería a varios miembros de ese grupo con destino a Cuba” y después trinó.

Uribe aceptó que recibe mucha información a diario, “que estaba lleno de noticias sobre las negociaciones de paz en Cuba”, que ese día el mensaje de correo electrónico le decía textualmente “por favor difunda señor expresidente y proteste” y que jamás imaginó que su publicación causaría tanto revuelo. El exjefe de Estado dijo desconocer el remitente de las coordenadas. Hasta ahí se le indagó. Para el juez López era claro que cualquiera en la larga lista de posibles conocedores de esta información clasificada pudo ser el responsable del correo anónimo. Qué grave que información tan sensible pueda manejarse así, se diría.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9