María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue imputada el pasado 8 de mayo por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con la Fiscalía, “Benavides se interesó indebidamente” en la firma de varios contratos que habrían exigido seis miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) del Congreso, a cambio de sus votos a favor de millonarios préstamos que necesitaba el gobierno Petro para 2024.
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Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño aseguró que fue Bonilla quien ordenó a Benavides gestionar tres contratos, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), para asegurar los votos de los congresistas.
Aunque el exministro Bonilla ha señalado que nada tuvo que ver en este entramado de corrupción, la fiscal Patiño reveló detalles de la investigación que señalan lo contrario: que Bonilla sí sabía lo que se estaba gestando a través de la Unidad y que varias reuniones entre octubre y diciembre de 2023 serían los escenarios claves donde se habrían pactado las coimas y asegurado los préstamos internacionales.
Además de Benavides y Bonilla, el ente investigador aseguró que en los encuentros también estuvieron presentes el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Presidencia en el Congreso; y Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
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De los encuentros que mencionó la Fiscalía, todos en el despacho de Bonilla, El Espectador recoge cuatro reuniones claves. La primera tuvo lugar el 31 de octubre de 2023, a las tres de la tarde. En ese momento, de acuerdo con el ente investigador, Bonilla le aclaró a Benavides cuáles eran los tres contratos que debían gestionar para asegurar la asistencia de los congresistas de la CICP para que votaran en pro de los préstamos.
Dichos convenios, los cuales suman más de $89.000 millones, eran: uno de emergencias para la recuperación del sistema integral de aguas lluvias, en Cotorra (Córdoba), por más de $44.000 millones, que habría sido solicitado por el congresista Wadith Manzur, Liliana Bitar (Partido Conservador) y Julián Peinado (Partido Liberal).
El segundo contrato sería la construcción de obras para el control de inundaciones sobre el río Bojabá en Saravena (Arauca), por más de $32.000 millones, y, según Fiscalía, habría sido pedido por la congresista Karen Manrique (Asociación de Víctimas Intercultural y Regional) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). El último convenio era para las obras de contención y mitigación de sedimentos en El Salado, en El Carmen de Bolívar (Bolívar), por más de $12.000 millones y, presuntamente, lo habría pedido el congresista Juan Pablo Gallo (Partido Liberal).
De acuerdo con la Fiscalía, en la segunda reunión clave, el 23 de noviembre de 2023, Bonilla ya sabía cuáles eran los contratos que se crearon para los congresistas y, presuntamente, “el ministro accedió a sus pedimentos”, explicó la fiscal Patiño.
En dicho encuentro, además del exministro Bonilla y Benavides, también estuvo presente el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Para el momento de esta segunda reunión, la CICP había tenido un cambio en una de sus curules, pues había salido el senador Mauricio Gómez (Partido Liberal), e ingresado Juan Pablo Gallo.
“Usted le comunicó a Bonilla que Gallo, quien reemplazó a Gómez Amín, quería las mismas condiciones de los demás congresistas: el proyecto regional a su favor, a cambio de asistir y aprobar los créditos (...) recibiendo el aval del entonces ministro Bonilla”, relató la fiscal en la audiencia de imputación de cargos contra Benavides.
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Luego, un día previo a la tercera reunión clave, el 5 de diciembre de 2023, la exasesora Benavides tuvo una reunión con Diego Guevara, exministro e exviceministro de Hacienda —quien reemplazo a Bonilla cuando renunció en diciembre de 2024—, donde se le comunicó a los congresistas Manzur, Bitar, Peinado, Manrique, Muñoz y Gallo que los tres contratos de más de $89.000 millones probablemente “serían viabilizados en 2024”.
La Fiscalía sostiene que todo el contenido de este encuentro fue notificado por Benavides a el exministro Bonilla. Para este punto, y con los contratos en mano, presuntamente, el gobierno estaba seguro de obtener los votos positivos de la Comisión, pero sorpresivamente, los congresistas votaron en contra en la mañana del 6 de diciembre de 2023.
Ese mismo día, en la tarde, ocurrió la tercera reunión en el despacho de Bonilla en la que participaron el entonces ministro, su exasesora Benavides, el exministro Velasco y Jaime Ramírez, enlace de la Presidencia en el congreso. En ese encuentro, presuntamente, se acordó que los tres contratos debían ser gestionados a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, y “que las personas que tenían que gestionar en la Ungrd eran el ministro Velasco y Jaime Ramírez”, relató la fiscal Patiño.
Cinco días después, el 11 de diciembre de 2023, Jaime Ramírez le dijo a Benavides que “el ministro (Bonilla) le entregó un sobre sellado que tenía una tabla con los nombres de los proyectos regionales suministrados por los congresistas y su valor”. Esta gestión, según Fiscalía, logró que el 12 de diciembre de ese año el CICP aprobara cinco créditos, pero todavía faltaba uno.
Al parecer, el último crédito para el gobierno estaba detenido hasta que se resolviera un problema con el contratista del convenio de Cotorra (Córdoba), y Bonilla habría exigido que este fuera solucionada lo más pronto posible. Finalmente, el 15 de diciembre de 2023, ocurrió la última reunión en el despacho ministerial en la que, aparte de Bonilla y Benavides, se presentó Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
“El ministro le solicitó a López tramitar en la Ungrd proyectos contractuales en los que los congresistas se había interesado ilícitamente”, señaló la fiscal Patiño, añadiendo que Benavides, por orden de Bonilla, era quien debía entenderse con López para completar los trámites que permitieron que ese mismo 15 de diciembre, se aprobara el último crédito a favor del gobierno Petro.
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Los detalles de las cuatro reuniones fueron expuestos por la fiscal Patiño durante la audiencia del pasado 8 de mayo. Benavides no aceptó el cargo imputado, pues se encuentra adelantando una negociación con la Fiscalía para acceder a beneficios penales, a cambio de información. La exasesora ha sido clave para documentar la presunta participación de Bonilla en este entramado ilegal. A pesar de estas evidencias, el exministro sigue insistiendo en su inocencia.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
