El comandante paramilitar que hace poco recibió el aval de salir de prisión por, supuestamente, haber colaborado con la verdad y reparación en el proceso de Justicia y Paz fue Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Sin embargo, su libertad no se dio ya que contra él hay una medida de aseguramiento por la masacre de La Rochela —en la que murieron 12 funcionarios judiciales en enero de 1989 en Santander—, hecho del que no aceptó su responsabilidad tras su desmovilización. Ernesto Báez, quien en sus declaraciones salpicó a más 50 personas, tiene aún cuentas pendientes con la justicia y sus versiones contradictorias, con verdades a medias y ajustadas a su conveniencia, lo tienen, además, inmerso en cinco procesos por falso testimonio.
Báez estuvo a punto de ser excluido de Justicia y Paz en 2011 por no aceptar su responsabilidad en más de 27 asesinatos, ya que aseguraba que él era un ideólogo y nada había tenido que ver con el ala militar. Fue la Corte Suprema de Justicia la que le tiró un salvavidas porque lo consideraba un testigo estelar. Y desde entonces dio rienda suelta a sus declaraciones, acusando a diestra y siniestra. Es más, llegó a ser llamado a testificar en cualquier cantidad de casos, en los que declaró basándose en comentarios que le hicieron terceros. Una de las frases más recordadas de Ernesto Báez era que las autodefensas tenían que adelantarse a contar la verdad al país.
Duque nació en Aguadas (Caldas), en mayo de 1955, y estudió en la Universidad de Caldas. Tras su paso como alcalde del municipio La Merced comenzó su carrera paramilitar en 1989, cuando llegó a Puerto Boyacá a trabajar de la mano de Henry Pérez. Fue nombrado secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Agdegam) y desde su posición creó el Movimiento de Reconstrucción (Morena). Esta organización representaba la ideología de Agdegam: confrontar a la guerrilla y sindicalistas de la región.
El objetivo de Morena y de Ernesto Báez era mantener el control político del Magdalena Medio, al punto que se pensó que Duque llegaría al Congreso en las elecciones de 1990 representando a la extrema derecha. En mayo de 1989 el movimiento fue lanzado en Bogotá, pero el proyecto fracasó y no duró más que tres meses, ya que la sombra paramilitar siempre los persiguió. A esta situación se sumaron las polémicas actuaciones del líder político de Morena, Armando Valenzuela, y el asesinato de Luis Carlos Galán.
En este último episodio, Ernesto Báez se convirtió en uno de los protagonistas por sus polémicas declaraciones. En sus testimonios arremetió contra el extinto DAS al señalar que la entidad supuestamente cuidó por varios años al asesino Jaime Rueda. Asimismo acusó al general (r) Miguel Maza Márquez, hoy procesado por estos hechos, de conocer las acciones ilegales que realizaron sus agentes. Ernesto Báez dijo que miembros del DAS ayudaron a Rueda a escapar hasta Puerto Boyacá para que se uniera a las autodefensas. Agregó que Maza cuidó a los asesinos de Galán y que estuvo detrás de la muerte del coronel Luis Bohórquez.
Iván Roberto Duque enfatizó en su relato que el jefe de escoltas de Galán, Jacobo Torregrosa, era un hombre cercano a los paramilitares y a Maza. Su versión, que se sustenta en palabras de terceros, fue rechazada por la defensa del exdirector del DAS, que lo calificó de mentiroso. Según ellos, era imposible que en esa época Ernesto Báez se aliara con Pablo Escobar para matar a Galán, por el simple hecho de que en ese entonces Henry Pérez y su socio Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, sostenían una guerra a muerte con el jefe del cartel de Medellín.
Tras la debacle del proyecto Morena, Duque fue concejal de Puerto Boyacá y secretario de gobierno de Boyacá. Sus relaciones con Agdegam se fortalecieron y lo convirtieron en amo y señor de la región. Pero sus andanzas del pasado le cobraron factura en 1994, cuando fue arrestado por el asesinato del cabildante Jairo Hernández.
Tras salir de prisión su nuevo objetivo fue buscar al jefe supremo de las autodefensas, Carlos Castaño. Para 1997 ya era su mano derecha, el hombre que le hablaba al oído y dictaba las directrices ideológicas en las estructuras paramilitares. Ernesto Báez se convirtió en un hombre importante para la estructuración y operación de varios bloques en el país.
Cuando Carlos Castaño entró en decadencia tras los enfrentamientos con otros líderes de las autodefensas por temas de narcotráfico, Duque migró a las filas del bloque Central Bolívar (BCB). Rápidamente, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en ese entonces el hombre más poderoso entre los paramilitares, lo convirtió en el jefe político del BCB. En diciembre de 2005 se desmovilizó y empezó a soltar sus versiones en Justicia y Paz.
Al principio no aceptó su responsabilidad y eso lo tuvo a un paso de perder su beneficio como desmovilizado. La Fiscalía lo responsabilizaba del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, perpetrado el 21 de mayo de 1999 en Medellín; del asesinato de la defensora Alma Rosa Jaramillo, quien en junio de 2001 fue encontrada muerta y mutilada, y de estar detrás de una serie de asesinatos en Caldas. Sin embargo, Ernesto Báez sostuvo la versión de que su labor fue política y no militar.
Su negativa cesó en el momento en que la Fiscalía empezó a desconfiar de sus versiones. Duque se destapó y se convirtió en el testigo estrella de las autoridades. Relató sus pasos por la política, por las estructuras paramilitares, y reveló los supuestos secretos que comprometían a figuras públicas. Uno de esos casos fue cuando dijo que el médico Augusto Ramírez Cardona terminó elegido por la lista del M-19 para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en representación de las autodefensas.
Según Ernesto Báez, el M-19 estaba dispuesto a incluir un representante de las autodefensas en sus listas. Agregó que supuestamente se entrevistaron con Antonio Navarro Wolff y que el exconsejero de Paz Carlos Ossa Escobar iba a armar un escándalo porque la lista estaba “contaminada”. Su decisión fue entonces poner a Ramírez, quien era médico en una clínica en poder de Agdegam.
El médico fue elegido y, según Ernesto Báez, seguía las órdenes del comandante paramilitar Luis Antonio Menes Báez, alias Ariel Otero, al punto que fue Ramírez quien denunció las presiones de Pablo Escobar para evitar que la Constituyente aprobara la extradición. Un exmilitante del M-19, Álvaro Jiménez Millán, explicó que, si bien les dieron participación a las autodefensas, el interlocutor jamás fue Ernesto Báez. Agregó que ayudaron a Ariel Otero a desmovilizarse, pero que todo terminó en 1992, cuando lo mataron.
Entre sus declaraciones, Duque salpicó al zar de las esmeraldas, Víctor Carranza. Habló sobre las supuestas relaciones de Agdegam con Carranza, a quien habría conocido a finales del 89, cuando llegó a Puerto Boyacá. Aseguró que presenció la reconciliación del esmeraldero y el Mexicano y añadió que fue testigo de la cercanía entre Henry Pérez y Carranza y de presuntas reuniones de ambos en fincas de Ramiro Vanoy, alias Cuco.
Sus testimonios también repercutieron en el proceso contra los excongresistas del partido Convergencia Ciudadana Luis Alberto Gil y Luis Alfonso Riaño. Con las declaraciones de Ernesto Báez ambos fueron condenados por parapolítica. Sus supuestas verdades también tocaron el caso Tasmania. Según Duque, a él fue el primero a quien José Orlando Moncada, alias Tasmania, le comentó sobre el complot que existía contra el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez.
Estas delaciones y la no extradición a Estados Unidos con otros 14 jefes paramilitares en 2008 dejaron ver las buenas relaciones de Báez con la justicia. Ese matrimonio se ha mantenido hasta hoy, al punto que la Fiscalía consulta la versión del excomandante en cualquier investigación que adelante por temas de paramilitarismo. Su aparición más reciente fue testificando en el caso del magistrado Jorge Pretelt, el pasado 20 de abril. “Ni siquiera yo tenía conocimiento de la naturaleza de esta diligencia antes de iniciarse”, fueron sus primeras palabras.
En ese interrogatorio Iván Roberto Duque afirmó que Pretelt había sido cercano a Vicente Castaño y que lo había visitado en dos oportunidades en la hacienda La 15, supuestamente para pedirle que lo incluyera en la terna para la elección del fiscal general en 2005. Agregó que el magistrado había alcanzado a estar en una lista al Congreso como segundo renglón de la condenada Eleonora Pineda. Una particularidad de la diligencia, y que mostró la facilidad de Duque para sortear estas situaciones, fue cuando al Fiscalía le pidió que ratificara sus afirmaciones y él respondió que no había necesidad de hacerlo bajo juramento.
Ernesto Báez también ha guardado silencio sobre las relaciones del BCB y la clase política. Por ejemplo, nada ha dicho sobre la conformación de la Asociación de Municipios Amigos de la Paz (Amipaz), una organización que al parecer sirvió como fachada para que los paramilitares se apropiaran de recursos de distintos municipios. Varios sectores no entienden la posición de Duque, ya que sí habló sobre la Asociación Civil para la Paz (Asocipaz), organización que cumplió el mismo papel de Amipaz.
Estas organizaciones se crearon como fachada del BCB. Con la guía de Ernesto Báez se fundó Amipaz, que reunió más de 30 municipios de influencia paramilitar en los departamentos de la región Caribe y del Magdalena Medio, especialmente Santander. La aparición de Amipaz se dio tras una reunión de alcaldes convocada por los “paras” en Montería y el encargado de darle vida fue el entonces alcalde de Barrancabermeja —hoy fallecido—, Édgar Cote Garavito. De forma extemporánea, el 31 de diciembre de 2004, el Concejo de esa ciudad aprobó la iniciativa, a la que se unieron 36 mandatarios que daban cuotas mensuales de $9 millones para el funcionamiento de la asociación.
Por ahora quedan muchos cabos sueltos en las versiones que ha entregado Ernesto Báez. Para las autoridades y magistrados de Justicia y Paz, él cumplió con la verdad. Sin embargo seguirá en prisión y, de no ser declarado inocente en el proceso en su contra por la masacre de La Rochela, podría perder todos los beneficios de la pena alternativa de ocho años de prisión que pagó por desmovilizarse.