Las decisiones judiciales esperadas para este año

El futuro de Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias y Margarita Cabello se definirá este 2021, al igual que se espera una decisión sobre la despenalización del aborto.

Foto: Óscar Pérez, EFE y Cristian Garavito

¿Aborto libre y legal?

Sin duda, uno de los temas más controvertidos por la Corte Constitucional en los últimos tiempos es la despenalización del aborto. Cursan dos demandas, una del ciudadano Andrés Mateo Sánchez Molina y otra del movimiento Causa Justa, que reúne voces de 91 organizaciones y 134 activistas. Según el alto tribunal, estas demandas reúnen criterios para que la Corte Constitucional vuelva a pronunciarse después de que, en 2006, el alto tribunal despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas. La demanda de Causa Justa, en manos del magistrado Antonio José Lizarazo, asegura que esa penalización parcial, es decir que el aborto sea delito en unos casos y en otros un derecho fundamental, “genera un contexto hostil para la implementación adecuada de los casos despenalizados, que gozan de protección constitucional”.

Además, aseguran, por esta vía se promueven abortos clandestinos. Aunque sectores de la academia, congresistas y jueces internacionales la apoyan, no así el Gobierno ni la Procuraduría que piden que el tema vaya al Congreso. El Ministerio Público asegura que el panorama actual requiere no la intervención judicial sino la legislativa para que una regulación integral permita superar las barreras estructurales que impiden, limitan o anulan el derecho al aborto. En el alto tribunal al menos tres magistrados, de nueve, apoyan la despenalización. Es posible que antes de la sentencia se convoque una audiencia pública.

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Pena perpetua

La Corte Constitucional tendrá que definir si la primera reforma constitucional del gobierno de Iván Duque tramitada a través del Congreso pasa el examen. La aprobación de la pena perpetua para casos de homicidios dolosos y violación de menores de 18 años tiene en contra cuatro demandas admitidas. Sectores de la academia, centros de estudio y reputados penalistas aseguran que la pena perpetua no protege a los niños de actos criminales y degradantes y que, en cambio, acoge una medida populista que transgrede uno de los elementos fundamentes de la Constitución de 1991: la dignidad humana. El gobierno insistió en que fue una reforma esperada por las familias. El caso está en manos del magistrado de pensamiento conservador, Jorge Enrique Ibáñez, elegido en 2020 en reemplazo del exmagistrado de su misma línea, Luis Guillermo Guerrero.

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Curules de Paz y Baldíos

En materia de tutela, la Corte Constitucional deberá solucionar dos temas que debieron quedar fallados en 2020 pero se retrasaron por la pandemia. El primero es la tutela que presentó el senador Roy Barreras y el movimiento Defendamos la Paz para revivir una iniciativa legislativa que otorgaba 16 curules a las víctimas, que fue hundida en el Congreso a finales de 2017. El caso está en manos de Alejandro Linares, y tiene también tiene pendiente una demanda en el Consejo de Estado que busca el mismo fin. De otro lado, hay otra tutela pendiente que estudia un tema técnico, pero clave para el país, pues está ligado al punto de tierras que contiene el Acuerdo de Paz. Se trata del dilema de si los baldíos destinados a los campesinos y a las víctimas pueden ser entregados a particulares, vía prescripción adquisitiva de dominio. Organizaciones como Dejusticia han pedido a la Corte que vaya más allá y declare la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de gobernanza de la tierra. La decisión promete ser una hoja de ruta para el Gobierno.

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El futuro del “fracking”

Apenas regresen de vacaciones los magistrados de la Sección Tercera del Consejo de Estado, recibirán la ponencia del magistrado Ramiro Pazos sobre la demanda que deberá definir si anula o no dos resoluciones (de 2013 y 2014) del Gobierno que fijaron las reglas para hacer “fracking” en Colombia, que están suspendidas desde noviembre de 2018. La polémica técnica de fracturamiento horizontal de yacimientos no convencionales de hidrocarburos es para el Gobierno una carta necesaria para evitar el agotamiento de recursos, pero es una opción cuestionada por múltiples sectores por los riesgos asociados y es un debate de largo aliento sobre si esos riesgos se pueden mitigar.

La Procuraduría, por ejemplo, asegura que hay evidencia científica sobre los daños irreversibles que provoca tanto a la salud humana como a las aguas subterráneas y superficiales, por lo que se debe seguir aplicando el principio de precaución que obliga a terciar en favor del medio ambiente ante la duda sobre las afectaciones que pueda producir una actividad. Además de esa demanda, se espera que el Consejo de Estado también defina otra que cursa contra el decreto que fijó los criterios para poner en marcha los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) en “fracking”, por una recomendación que hizo la Comisión de Expertos que citó el gobierno de Iván Duque para explorar la técnica. Tanto organizaciones como congresistas se oponen a su puesta en marcha.

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Demandas claves de altos cargos

En el Consejo de Estado está el futuro de varios funcionarios del Estado. Por un lado, del fiscal Francisco Barbosa, cuya elección fue demandada por unos estudiantes que dicen que fue elegido solo para terminar el período de Néstor Humberto Martínez, que renunció antes de tiempo. Aunque el debate parecía zanjado en el sentido de que el período del fiscal es personal y no institucional, este asunto ahora tiene contradictores como la Procuraduría y algunos magistrados, que creen que amerita pronunciamiento de la Sala Plena del alto tribunal.

Tan importante como las demandas que buscan tumbar la elección de Margarita Cabello en la Procuraduría General, con el argumento de que estaba impedida para ser elegida pues fue ternada por el presidente Iván Duque en condición de ministra de Justicia, cargo al que llegó luego de renunciar a su condición de magistrada de la Corte Suprema. El caso tiene tintes políticos, pues Cabello, exfuncionaria de Duque, debe resolver casos claves como el escándalo del senador Eduardo Pulgar (preso por presunto tráfico de influencias) y la matanza en la cárcel La Modelo de 2020. Igualmente, se deben definir las demandas en contra de la elección de Carlos Camargo como defensor del Pueblo, contra la elección de siete magistrados de la Corte Suprema y contra las elecciones del Senado que está hoy en funciones.

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Caso Andrés Felipe Arias y revisiones de condenas

Una de las tareas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2021 será revisar condenas impuestas a 84 personas, entre ellos 22 altos funcionarios del Estado, sentenciados desde 2014, cuando no existía en Colombia la doble instancia para aforados (congresistas, gobernadores) ni la doble conformidad estaba reglada (el derecho que toda persona condenada por primera vez —sin importar en qué instancia— pueda pedir la revisión de esa decisión). La puerta la abrió en 2020 Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, a quien la Corte Constitucional le dijo, luego de fuerte disputa con la Corte Suprema, que sí tenía ese derecho.

Además del caso Arias, condenado a 17 años de prisión por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, se revisarán los casos del general (r) Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por el crimen de Luis Carlos Galán; así como las de los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt, condenados por ofrecer dádivas a congresistas para cambiar su voto en el proyecto que permitió la reelección presidencial. Y el del exsecretario de presidencia Bernardo Moreno, condenado por “chuzadas”, entre otros.

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El caso de Álvaro Uribe

El caso judicial más importante de 2020 se replicará en 2021, pues la Fiscalía General deberá definir si llama o no a juicio al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, un hecho sin antecedentes recientes en la historia del país. Luego de que la Sala de Instrucción ordenara su detención en agosto y que Uribe Vélez renunciara al Congreso y a su fuero para no ser investigado por el alto tribunal, el exsenador del Centro Democrático quedó libre y formalmente imputado por los delitos de fraude procesal y soborno, que él niega tajantemente haber cometido. Los cargos se endilgaron por supuestamente intentar manipular la versión del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho a la justicia que el exmandatario tuvo nexos con paramilitares.

Este 2021 se espera que la Fiscalía resuelva el futuro de un caso que promete un escenario paralelo mediático, tan ruidoso como el juicio a uno de sus antiguos apoderados: Diego Cadena, a quien ya se le imputaron cargos por supuestamente adelantar gestiones indebidas ante el testigo Monsalve, así como por buscar —al parecer a cambio de dádivas— testimonios en cárceles de exparamilitares para que favorecieran al exmandatario. Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema deberá definir si acusa o no a Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Huila, quien habría tenido un rol secundario pero esencial para buscar la retractación del testigo Monsalve a través de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche.

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Palomino, Pretelt y Luis Alfredo Ramos

La Corte Suprema deberá resolver dos temas de largo tiempo. Primero definir, en segunda instancia, si mantiene la condena impuesta a finales de 2019 al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub de seis años y seis meses de prisión, por haber pedido $500 millones para favorecer el trámite de una tutela de la empresa Fidupetrol, en busca de revertir una millonaria multa impuesta en su contra. Pretelt insiste en su inocencia, pero en caso de ratificarse la condena podría convertirse en el primer magistrado de un alto tribunal condenado en Colombia por actos de corrupción. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema deberá resolver el dilatado caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, procesado por presuntos nexos con paramilitares.

Aunque, Noticias Uno ha insistido en que existía una ponencia que planteaba 19 años de prisión, la defensa del exfuncionario logró, a través de una tutela fallada por la exmagistrada Julia Emma Garzón, que el magistrado ponente saliera del caso. Tan polémico como el juicio en que se encuentra el general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por tratar de frenar la captura de un empresario. La Fiscalía ya compulsó copias para que el exfiscal general Eduardo Montealegre sea investigado. Además, la Sala de Instrucción del alto tribunal deberá definir si llama a juicio al senador Eduardo Pulgar por tráfico de influencias.

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Ñeñepolítica

A comienzos de 2020 estalló en el mundo político y judicial el escándalo de las grabaciones al ganadero y empresario José Guillermo Ñeñe Hernández, asesinado en mayo de 2019 en Brasil. En una investigación por el homicidio de Óscar Rodríguez, hijo de un reconocido sastre a quien el Ñeñe debía $1.000 millones, su teléfono fue interceptado por la Fiscalía y resultó relacionado con Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos Figueroa. En una llamada del Ñeñe en medio de la campaña a la presidencia de Iván Duque, conversando con María Claudia Daza, entonces asesora de Álvaro Uribe, manifestó: “Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”.

La supuesta existencia de dineros irregulares en la campaña hoy es objeto de investigación del Consejo Nacional Electoral en la Fiscalía, que ha escuchado en declaración jurada a Luigi Echeverry, gerente de campaña de Iván Duque, así como a Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, y a los congresistas Juan Manuel Daza y Alfredo Cuello, entre otros. Igualmente, llamó a interrogatorio a Claudia Daza, quien renunció a la oficina de apoyo legislativo al exsenador Uribe y ha decidido guardar silencio. Se espera que en 2021 la Fiscalía empiece a tomar decisiones de fondo en este inadvertido tema por el que hay una indagación pendiente en la Corte Suprema contra Uribe.

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Cartel de la toga

Con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno de regreso en Colombia, después de pagar una pena de prisión en Estados Unidos por pedir un soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se espera que su testimonio revuelva varios procesos en marcha por el llamado cartel de la toga: una red de abogados —al parecer con exmagistrados incluidos— direccionando procesos de alto nivel a cambio de dinero. Hoy están en juicio los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández y fue acusado Camilo Tarquino. Al tiempo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes acusó al expresidente de la Corte, Leonidas Bustos, por lo que este año se podría definir su futuro. Dos de los políticos que habrían acudido a dicha red para frenar sus procesos por presuntos nexos con paramilitares, como Álvaro Ashton y Musa Besaile, hoy están a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que los aceptó como agentes del Estado no miembros de la fuerza pública.

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Odebrecht y “chuzadas”

El 2020 terminó con una millonaria sanción a la multinacional, así como Corficolombiana, a Episol, entre otros, por los sobornos de la Ruta del Sol II, y con la libertad del primer condenado por este escándalo de corrupción: Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte. En 2021 deberá resolverse el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, que fue anulado parcialmente a finales de año. De otro lado, la Fiscalía deberá avanzar en el escándalo de “chuzadas” que involucra al general (r) Humberto Guatibonza, por supuestamente hacer parte de una red en la que están involucrados militares retirados del Ejército, y los exfuncionarios de la Fiscalía Fabio Martínez Lugo y Luis Camilo Gómez Góngora. Por “chuzadas” también hay un expediente en la Corte Suprema de “carpetas secretas” del Ejército encontradas en un allanamiento realizado en 2019, tras un anónimo enviado al alto tribunal.

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El acoso en las altas Cortes

En 2020 se publicó, por iniciativa de la propia Corte Constitucional, un preocupante informe que reveló la existencia de prácticas de acoso laboral y sexual al interior de ese alto tribunal. Se trata de un tema que surgió en la misma corte y por el cual se dispuso que las magistradas mujeres adelantaran se hicieran cargo del asunto para tomar correctivos. Se espera que los resultados de esas gestiones se conozcan en 2021, mientras que hay expectativa sobre si esto amerita o no el inicio de pesquisas penales y disciplinarias. Igualmente hay expectativa sobre si se tomarán decisiones judiciales a partir de la publicación que hizo Vanguardia Liberal de nueve denuncias de mujeres por actos de presunto acoso laboral y sexual que involucrarían a los salientes magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Pedro Alonso Sanabria, Fidalgo Estupiñán y Camilo Montoya. Hasta el momento no se han presentado denuncias formales.

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