Las deudas de Colombia en la guerra contra las drogas

Es necesario que Colombia cambie su política contra las drogas. Esa es una de las conclusiones del informe más reciente del grupo Acciones por el Cambio, conformado por varias organizaciones, que analizó a profundidad la política antidrogas implementada por el país. El estudio concluye que la estrategia ha sido “muy costosa, inefectiva y en detrimento de los derechos humanos”. La preocupación está, además, en volver a métodos como la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.

El informe, llamado “La experiencia en materia de política de drogas en la última década” -publicado el pasado 11 de febrero-, analizó las acciones tomadas en Colombia durante los pasados diez años y estudió varias variantes en cuanto a lo que se ha hecho en el país en cuanto a las drogas. Por ejemplo, miró el consumo de sustancias psicoactivas, el acceso a medicamentos controlados y el encarcelamiento por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

“El balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de 20 billones de pesos, los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así́ como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente”, señaló el análisis hecho por Acciones por el Cambio. Un problema que también es de salud, pues aunque 1,4 millones de colombianos consumen alguna droga psicoactiva (según el DNP), en el 95 % de los municipios de Colombia no hay programas de atención.

(Lea aquí: Cultivos de coca siguen siendo la mayor preocupación de Estados Unidos).

Para empezar, el informe señaló que la política punitiva no ha tenido un gran impacto en las ganancias de aquellos que se dedican para el narcotráfico. Esto, porque aunque para el 31 de julio de 2018 fueron recluidas 24.954 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y 16.484 personas fueron condenadas por este delito, el microtráfico sigue generando ganancias superiores a los 6 billones de pesos para 2015.

En cuanto a la erradicación de cultivos de uso ilícito, este enfoque no ha tenido resultados efectivos: de las 80.571 hectáreas que fueron asperjadas durante 2018, se registró que en 28.199 hectáreas, es decir el 35 %, hubo nuevas siembras.

El informe cuestionó, a pesar de que entre 1994 y 2015 se invirtieron más de 458 millones de dólares, “las metas de reducción de la oferta o el consumo de las estrategias direccionadas por las Naciones Unidas, no solo no se han alcanzado, sino que han producido efectos contraproducentes para la vigencia de los derechos humanos, la salud pública y la democracia e institucionalidad”.

(Le puede interesar: Colombia erradicó más de 87.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 2018: MinDefensa).

Además, también la guerra contra las drogas ha supuesto un problema de género. De acuerdo con el estudio, en las zonas donde se asperjó con glifosato, un químico que no ha dejado de generar polémica en todo el mundo por sus efectos en la salud, hubo un aumento de 2,9 % de abortos espontáneos en un radio de 1 kilómetro. Y, en las zonas donde más se presentó fumigación aérea, el aumento de esta tasa fue del 8,7 %.

Sobre las familias que viven de estos cultivos en las zonas donde hay pocas opciones adicionales, el informe señaló que “el 57% de las familias que habitan en zonas de cultivos de coca tienen un ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de coca de $410.541, es decir, el 56% de un salario mínimo”. También, porque de los 64 líderes asesinados del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso ilícito, 47 pertenecían a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Así las cosas, el informe del grupo Acciones por el Cambio concluyó que “la guerra contra las drogas fracasó” y que el gobierno debe “continuar el dialogo con la sociedad civil para establecer puntos de acuerdo sobre la política de drogas y construir un consenso sobre la necesidad de elaborar evidencia cada vez más sólida para decidir alrededor de las estrategias globales y nacionales” contra las drogas.

Es necesario que Colombia cambie su política contra las drogas. Esa es una de las conclusiones del informe más reciente del grupo Acciones por el Cambio, conformado por varias organizaciones, que analizó a profundidad la política antidrogas implementada por el país. El estudio concluye que la estrategia ha sido “muy costosa, inefectiva y en detrimento de los derechos humanos”. La preocupación está, además, en volver a métodos como la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.

El informe, llamado “La experiencia en materia de política de drogas en la última década” -publicado el pasado 11 de febrero-, analizó las acciones tomadas en Colombia durante los pasados diez años y estudió varias variantes en cuanto a lo que se ha hecho en el país en cuanto a las drogas. Por ejemplo, miró el consumo de sustancias psicoactivas, el acceso a medicamentos controlados y el encarcelamiento por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

“El balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de 20 billones de pesos, los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así́ como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente”, señaló el análisis hecho por Acciones por el Cambio. Un problema que también es de salud, pues aunque 1,4 millones de colombianos consumen alguna droga psicoactiva (según el DNP), en el 95 % de los municipios de Colombia no hay programas de atención.

(Lea aquí: Cultivos de coca siguen siendo la mayor preocupación de Estados Unidos).

Para empezar, el informe señaló que la política punitiva no ha tenido un gran impacto en las ganancias de aquellos que se dedican para el narcotráfico. Esto, porque aunque para el 31 de julio de 2018 fueron recluidas 24.954 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y 16.484 personas fueron condenadas por este delito, el microtráfico sigue generando ganancias superiores a los 6 billones de pesos para 2015.

En cuanto a la erradicación de cultivos de uso ilícito, este enfoque no ha tenido resultados efectivos: de las 80.571 hectáreas que fueron asperjadas durante 2018, se registró que en 28.199 hectáreas, es decir el 35 %, hubo nuevas siembras.

El informe cuestionó, a pesar de que entre 1994 y 2015 se invirtieron más de 458 millones de dólares, “las metas de reducción de la oferta o el consumo de las estrategias direccionadas por las Naciones Unidas, no solo no se han alcanzado, sino que han producido efectos contraproducentes para la vigencia de los derechos humanos, la salud pública y la democracia e institucionalidad”.

(Le puede interesar: Colombia erradicó más de 87.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 2018: MinDefensa).

Además, también la guerra contra las drogas ha supuesto un problema de género. De acuerdo con el estudio, en las zonas donde se asperjó con glifosato, un químico que no ha dejado de generar polémica en todo el mundo por sus efectos en la salud, hubo un aumento de 2,9 % de abortos espontáneos en un radio de 1 kilómetro. Y, en las zonas donde más se presentó fumigación aérea, el aumento de esta tasa fue del 8,7 %.

Sobre las familias que viven de estos cultivos en las zonas donde hay pocas opciones adicionales, el informe señaló que “el 57% de las familias que habitan en zonas de cultivos de coca tienen un ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de coca de $410.541, es decir, el 56% de un salario mínimo”. También, porque de los 64 líderes asesinados del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso ilícito, 47 pertenecían a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Así las cosas, el informe del grupo Acciones por el Cambio concluyó que “la guerra contra las drogas fracasó” y que el gobierno debe “continuar el dialogo con la sociedad civil para establecer puntos de acuerdo sobre la política de drogas y construir un consenso sobre la necesidad de elaborar evidencia cada vez más sólida para decidir alrededor de las estrategias globales y nacionales” contra las drogas.