25 May 2022 - 1:00 p. m.

Las deudas del Estado colombiano con las víctimas de violencia sexual en la guerra

Un informe de asociaciones de víctimas, elaborado por expertas internacionales, reprocha que la JEP no haya abierto un macrocaso de violencia sexual aún y asegura que la Unidad de Víctimas ha revictimizado a varias sobrevivientes. Se lanza este miércoles, cuando se conmemora el día de la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista Judicial
El informe resalta las múltiples vías que tienen las víctimas para acceder a reparación, pero reprocha la burocracia a la que se enfrentan (imagen de referencia).
El informe resalta las múltiples vías que tienen las víctimas para acceder a reparación, pero reprocha la burocracia a la que se enfrentan (imagen de referencia).
Foto: El Espectador

De los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano, al menos 35.000 fueron sometidas a alguna forma de violencia sexual, según registros de la Unidad de Víctimas. De esas decenas de miles de personas que sufrieron uno de los peores vejámenes de la guerra, solo 8.267 han recibido alguna forma de reparación, según recoge un informe. El documento además denuncia que quienes han optado por esa vía han tenido que nadar en un mar de burocracia, han sido revictimizadas y hasta regañadas.

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El Estudio sobre la Situación y las Oportunidades del Derecho a la Reparación de las Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual y Reproductiva en el Conflicto Armado fue elaborado por tres abogadas y una antropóloga que han estudiado, por años, el impacto de la violencia sexual en la guerra. En el informe, que lanzarán este 25 de mayo en el marco del Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, recogen los testimonios de víctimas y sus reclamos, datos oficiales y documentos judiciales.

Una de las principales conclusiones la expone una de las autoras, Clara Sandoval, de esta manera: “Aunque Colombia cuenta con una política de reparación administrativa muy ambiciosa, muchos son los retos a los que tiene que responder el Estado colombiano para hacer realidad el derecho de las víctimas a una reparación integral”. Por ejemplo, además de la Unidad de Víctimas, creada con la Ley 1448 en 2011, las víctimas del conflicto armado han recibido indemnizaciones por demandas administrativas, en el marco de procesos como Justicia y Paz, entre otras vías.

Sin embargo, “a pesar de existir diversos recursos para reparar a víctimas de estas violaciones que podrían ser efectivos y adecuados, no lo son”, asegura el estudio. Además, el enfoque de la reparación, “realmente ha estado en la indemnización, pero sin la búsqueda de la transformación y de la integralidad”. Es decir, si bien muchas sobrevivientes en el estudio hablan sobre la necesidad de transformar los contextos violentos en los que viven, que fue lo que llevó a que fueran victimizadas, hay pocas acciones en ese camino.

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Una de las víctimas entrevistadas para el estudio dijo: “A corto o medio plazo necesitamos atención médica y queremos seguir con nuestras aspiraciones académicas. También necesitamos construir un proyecto de vida integral. Esto nos permitiría recuperar nuestra dignidad como mujeres, como personas, como pueblos, como familias”. Otra de ellas aseguró, en el mismo sentido: “Lo que nos pasó nos pasó porque somos una comunidad olvidada. No podemos contar con el Estado, no podemos contar con la policía”.

No obstante, el estudio resalta la resiliencia y la intención de las víctimas de buscar justicia y reparación. “Un elemento clave a tener en cuenta en Colombia es que un número significativo de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, a pesar de los obstáculos que enfrentan, han hablado sobre lo que les paso y reclaman su derecho a la reparación”, asegura el documento, que fue elaborado por el Fondo Global de Sobrevivientes, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, Caribe Afirmativo y la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.

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Los desafíos de la Unidad de Víctimas

La Unidad de Víctimas ha indemnizado a 8.267 personas que sufrieron violencia sexual en el conflicto. Ha prestado atención psicosocial a 2.907 mujeres, y servicios de salud física a 21.869. Sin embargo, los testimonios recogidos en el estudio dan cuenta de que “las víctimas se sienten solas, regañadas y revictimizadas cuando acuden a la Unidad y esto las disuade de iniciar el proceso de inscripción en el registro único de víctimas, al que tienen derecho”.

Por eso las expertas hacen recomendaciones concretas de elementos que deberían cambiar en la entidad, como: simplificar sus procesos, hacer pedagogía constante de cómo acceder a las reparaciones, formar a los funcionarios que tienen contacto con víctimas de violencia sexual, entre otras. El informe, asimismo, le hace un par de recomendaciones al Gobierno: garantizar que la Unidad de Víctimas tenga los recursos para cumplir con su cometido, así como que las distintas entidades involucradas en todo el proceso de reparación estén coordinadas.

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Violencia sexual en la JEP y Justicia y Paz

El informe es contundente con la Jurisdicción Especial para la Paz: “Aunque hasta la fecha la JEP no ha respondido como debe a la magnitud y gravedad de estas formas de violencia dentro del conflicto armado, todavía es posible que pueda dar prioridad a un caso sobre la violencia sexual, lo que a su vez podría llevar a que se ordenen sanciones propias contra los máximos responsables que reconozcan verdad y responsabilidad. Estas sanciones deben incluir una dimensión reparadora y podrían convertirse en un ejemplo de justicia de género y reparación a nivel mundial”.

De otro lado, las expertas resaltaron las decisiones del sistema creado para juzgar a los paramilitares: Justicia y Paz. A su juicio, “ha logrado visibilizar hechos de violencia reproductiva en el marco del conflicto armado en un momento en el que estas formas de victimización no tenían casi ningún reconocimiento”. No obstante, encontraron que en varias sentencias hicieron “copiar y pegar” de “contextos, patrones y medidas de reparación, cambiando únicamente el nombre del Bloque o zona geográfica de operación del grupo armado”. Esto preocupa porque indica que no se estudió de manera contextual cómo se dio la violencia sexual.

El informe también reprocha la lentitud de la justicia contencioso-administrativa para resolver demandas de víctimas del conflicto armado. “A pesar de que es posible acceder a la reparación a través de la acción directa, este recurso no resulta efectivo ni adecuado para las víctimas de violencia sexual ya que la justicia en la materia no es pronta y las víctimas de violencia sexual requieren reparación integral urgente”, sostiene, y pone como ejemplo el caso de una agresión sexual ocurrida en 1999 que solo fue resuelta por el Consejo de Estado en 2014. Es decir, 15 años después.

Lea aquí los principales resultados de la investigación:

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