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El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, ofreció disculpas ante la opinión pública por unas declaraciones que hizo en noviembre de este año en relación con el caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez en el que se le impuso la calidad de imputado. Linares, en una ronda de medios respondió una serie de preguntas, entre ellas sobre la posible presión que tuvieron en el interior de la Sala para tomar una decisión de fondo en el caso del expresidente.
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En noviembre pasado se le preguntó a Linares sobre las supuestas llamadas que habrían hecho los expresidentes Juan Manuel Santos y Cesar Gaviria para conocer la decisión que le daría el espaldarazo al exsenador en su proceso penal por presunta manipulación de testigos en la que se le señaló de los delitos de fraude procesal y soborno.
“Frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte, respondí de forma ambigua que tenía entendido que algunos de mis colegas habían recibido llamadas, pero que no me constaba personalmente” dijo en un comunicado el magistrado de la Corte. Asimismo, manifestó que “no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución”.
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Dentro del documento, Linares afirma que no tiene “razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular”, refiriéndose a los demás magistrados del alto tribunal. De la misma manera sostuvo que las declaraciones, que generaron polémica y le acarrearon una demanda por parte de Uribe, fueron una mala interpretación y “no se compadece con la majestad de la justicia, ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en este caso”.
Linares dijo también que por lo sucedido, pide “disculpas públicas a mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a los mencionados expresidentes de la República, quienes se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión”. De otro lado, el documento que firmó el abogado Jaime Lombana, quien defiende los intereses del exsenador, dice que “Linares y Santos mancharon la dignidad de la justicia y deben ser investigados penalmente por ello”.
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El movimiento jurídico de Uribe se dio porque con las supuestas llamadas, según él, se intervenía en el caso que se adelanta en su contra. Linares fue el ponente de la sentencia con la que la Corte declaró que el expresidente Uribe sí tenía la calidad de imputado, luego de que con su renuncia al Senado se creara un escenario sin precedentes jurídicos y pasara a investigarlo la Fiscalía.
Según la denuncia, el magistrado “admitió y confesó públicamente que Santos lo había llamado a él y a otros cuando se estaba definiendo y estudiando la tutela dentro del proceso contra Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal”. Para los abogados del líder del Centro Democrático, esto constituiría los delitos de omisión de denuncia, tráfico de influencias y otros.
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