Las dos reuniones a las que no fue de Aida Merlano para negociar con la Fiscalía

Las solicitudes que han hecho varios sectores políticos para que una delegación de la Fiscalía viaje a Venezuela a tomarle una declaración a la excongresista Aida Merlano en Venezuela han sido insistentes a raíz del calibre de sus afirmaciones ante la justicia de ese país en las que señaló a gran parte de la clase política de participar en supuestos actos de corrupción. La exrepresentante fue recapturada por las autoridades venezolanas el pasado 28 de enero luego de casi cuatro meses de que se fugara en Bogotá de sus custodios del Inpec en medio de una cita médica.

Vea: El novelón de Aida Merlano 2.0

Hace cuatro días, Merlano asistió a una audiencia especial que ella misma solicitó para ser escuchada en la que declaró en un tono más político que judicial que gran parte de los políticos de la derecha colombiana compraban votos y que Germán Vargas Lleras, controlaba la Fiscalía, tanto en la era Martínez como en el encargo de Fabio Espitia. El fiscal encargado dijo entonces que antes de su huida, Aida Merlano sí concertó dos reuniones con fiscales para hablar de su caso, pero no asistió a esas citas. El Espectador conoció detalles de esas reuniones que se llevaron a cabo en noviembre de 2018 y en marzo de 2019.

El 15 de noviembre de 2018, Merlano, vía telefónica, le manifestó a la fiscal Yvonne Márquez que tenía interés de declarar ante el ente investigador sobre los hechos por los que en ese momento estaba siendo investigada, es decir, corrupción electoral. Siete días después, la fiscal Márquez se trasladó hasta la prisión del Buen Pastor junto al fiscal Víctor Lozano. Sin embargo, durante la reunión, Merlano le pidió a los dos funcionarios judiciales que quería denunciar y entregar pruebas sobre "otros hechos delictivos" y que para tal fin era necesario contar con un fiscal delegado ante la Corte Suprema por que en su denuncia aparecían personas con fuero constitucional.

(Le puede interesar: Los pagos que habría hecho Julio Gerlein a la red de compra de votos de Aida Merlano) 

Esa solicitud de Merlano se concretó el 28 de noviembre de 2018, por el entonces fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia Garzón, hoy saliente fiscal general encargado. Sin embargo, en esa oportunidad el alto funcionario judicial contó que se traslado hasta dicha carcel "en donde la directora autorizó la reunión y una vez llamada la interna esta se hizo presente indicando que estaba enferma, que no podía atendernos que en posterior oportunidad se comunicaría para de nuevo entablar diálogos con la Fiscalía (...)".

Cuatro meses después, el 5 de marzo de 2019, luego de que Merlano pidiera  otra vez ser escuchada, la fiscal Márquez fue acompañada hasta el Buen Pastor por Espitia, en calidad de coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, y la fiscal ante ese alto tribunal, Claudia Patricia Vanegas. Por segunda oportunidad, Merlano dejó plantados a los miembros de la Fiscalía. "La interna indicó por segunda (vez)  a través de la inspectora Rocío Suarez, quien acudió hasta su celda, que no era su deseo entrevistarse con la Fiscalía por razones de salud", señala un acta firmada por los funcionarios judiciales conocida por este diario.

Seis meses después, en septiembre de 2019, Merlano fue condenada a 15 años de prisión, por corrupción electoral. La Fiscalía la acusó de haberse gastado más de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. Dentro de la investigación, las autoridades encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. Sin embargo, dos semanas después de la sentencia protagonizó una espectacular fuga en un consultorio odontológico en Bogotá.

Por estos hechos, su hija Aida Victoria Merlano y el odontólogo que la atendió el día que se fugó (el pasado 1° de octubre) están siendo investigados por, supuestamente, hacer parte de ese plan de fuga de la excongresista del Partido Conservador. Asimismo, el jefe de celdas del Buen Pastor ya fue llamado a juicio por estos mismos hechos. A su vez, Merlano enfrenta en Venezuela enfrenta un proceso por los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, en medio del cual fue enviada a prisión preventiva por un tribunal del estado Zulia el pasado 29 de enero.

Las solicitudes que han hecho varios sectores políticos para que una delegación de la Fiscalía viaje a Venezuela a tomarle una declaración a la excongresista Aida Merlano en Venezuela han sido insistentes a raíz del calibre de sus afirmaciones ante la justicia de ese país en las que señaló a gran parte de la clase política de participar en supuestos actos de corrupción. La exrepresentante fue recapturada por las autoridades venezolanas el pasado 28 de enero luego de casi cuatro meses de que se fugara en Bogotá de sus custodios del Inpec en medio de una cita médica.

Vea: El novelón de Aida Merlano 2.0

Hace cuatro días, Merlano asistió a una audiencia especial que ella misma solicitó para ser escuchada en la que declaró en un tono más político que judicial que gran parte de los políticos de la derecha colombiana compraban votos y que Germán Vargas Lleras, controlaba la Fiscalía, tanto en la era Martínez como en el encargo de Fabio Espitia. El fiscal encargado dijo entonces que antes de su huida, Aida Merlano sí concertó dos reuniones con fiscales para hablar de su caso, pero no asistió a esas citas. El Espectador conoció detalles de esas reuniones que se llevaron a cabo en noviembre de 2018 y en marzo de 2019.

El 15 de noviembre de 2018, Merlano, vía telefónica, le manifestó a la fiscal Yvonne Márquez que tenía interés de declarar ante el ente investigador sobre los hechos por los que en ese momento estaba siendo investigada, es decir, corrupción electoral. Siete días después, la fiscal Márquez se trasladó hasta la prisión del Buen Pastor junto al fiscal Víctor Lozano. Sin embargo, durante la reunión, Merlano le pidió a los dos funcionarios judiciales que quería denunciar y entregar pruebas sobre "otros hechos delictivos" y que para tal fin era necesario contar con un fiscal delegado ante la Corte Suprema por que en su denuncia aparecían personas con fuero constitucional.

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Esa solicitud de Merlano se concretó el 28 de noviembre de 2018, por el entonces fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia Garzón, hoy saliente fiscal general encargado. Sin embargo, en esa oportunidad el alto funcionario judicial contó que se traslado hasta dicha carcel "en donde la directora autorizó la reunión y una vez llamada la interna esta se hizo presente indicando que estaba enferma, que no podía atendernos que en posterior oportunidad se comunicaría para de nuevo entablar diálogos con la Fiscalía (...)".

Cuatro meses después, el 5 de marzo de 2019, luego de que Merlano pidiera  otra vez ser escuchada, la fiscal Márquez fue acompañada hasta el Buen Pastor por Espitia, en calidad de coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, y la fiscal ante ese alto tribunal, Claudia Patricia Vanegas. Por segunda oportunidad, Merlano dejó plantados a los miembros de la Fiscalía. "La interna indicó por segunda (vez)  a través de la inspectora Rocío Suarez, quien acudió hasta su celda, que no era su deseo entrevistarse con la Fiscalía por razones de salud", señala un acta firmada por los funcionarios judiciales conocida por este diario.

Seis meses después, en septiembre de 2019, Merlano fue condenada a 15 años de prisión, por corrupción electoral. La Fiscalía la acusó de haberse gastado más de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. Dentro de la investigación, las autoridades encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. Sin embargo, dos semanas después de la sentencia protagonizó una espectacular fuga en un consultorio odontológico en Bogotá.

Por estos hechos, su hija Aida Victoria Merlano y el odontólogo que la atendió el día que se fugó (el pasado 1° de octubre) están siendo investigados por, supuestamente, hacer parte de ese plan de fuga de la excongresista del Partido Conservador. Asimismo, el jefe de celdas del Buen Pastor ya fue llamado a juicio por estos mismos hechos. A su vez, Merlano enfrenta en Venezuela enfrenta un proceso por los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, en medio del cual fue enviada a prisión preventiva por un tribunal del estado Zulia el pasado 29 de enero.