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Las dudas del Procurador General en el secuestro del general Alzate

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado se reunirá en los próximos días con el oficial.

Redacción Judicial
02 de diciembre de 2014 - 07:26 p. m.
Las dudas del Procurador General en el secuestro del general Alzate

En la tarde de este martes el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado se reunirá con el general Rubén Darío Álzate, quien fue liberado el pasado domingo después de estar 16 días secuestrado por el frente 34 de las Farc.

En el encuentro privado, se tocarán temas relacionados con el secuestro del general, un cabo primero y una abogada en el departamento del Chocó, así como su decisión de anunciar su retiro al Ejército Nacional después del secuestro. "La explicación se la debe al país y al Ejército Nacional".

Para el jefe del Ministerio Público el oficial debe explicar por qué manifestó públicamente que encontró "insolidaridad en la institucionalidad" hecho por el cual decidió "indagar sobre dichos aspectos, para oírlo, hay que oírlo antes de ‘masacrarlo’, antes de generar una responsabilidad, porque hay un mar de interrogantes que se deben absolver”.

Desde Pasto (Nariño) el jefe del órgano de control disciplinario reiteró que la liberación de los secuestrados por parte de las Farc no puede verse como un acto de voluntad de paz por parte de la guerrilla, sino por el contrario muestra que pese al proceso de paz continúan con su posición de retener ilegalmente a militares y civiles.

“El escepticismo de la sociedad colombiana está alentado por la reiteración de secuestros, de los actos criminales contra la sociedad civil, por la reiteración del reclutamiento de niños, del desplazamiento, de los actos terroristas, por no entregar a los secuestrados civiles”, aseguró Ordóñez Maldonado a los medios de comunicación.

Manifestó además que antes de tomarse la decisión de reanudarse los diálogos con el grupo guerrillero, el Gobierno Nacional debe exigirles la firma de unos compromisos como la liberación de todos los secuestrados, el no reclutamiento de menores y evitar acciones contra la sociedad con el fin de que este tipo de hechos no se presenten nuevamente.

“El Gobierno no puede caer en la trampa de un cese bilateral de hostilidades. Esa es una trampa que le dio al país unos frutos amargos en el año 84. Se pretende neutralizar la actuación del Estado y del Ejército Nacional”, aseguró.

Por Redacción Judicial

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