"¿Las Farc aceptan expresamente que se desmovilizarán?": Procurador a Santos
En una carta de 12 páginas el jefe del Ministerio Público planteó 60 inquietudes sobre el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades firmado el pasado 23 de junio entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba).
Redacción Judicial
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le envió una carta al presiente Juan Manuel Santos con 60 preguntas sobre los alcances del acuerdo firmado el pasado 23 de junio entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc sobre el cese al fuego y de hostilidades “bilateral y definitivo y dejación de armas” en el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba).
Para el jefe del Ministerio Público la respuesta a estas preguntas será fundamental en el debate que se adelanta en el país con miras al plebiscito para la paz avalado por la Corte Constitucional. Señala en su introducción que la claridad frente a estos puntos les permitirán a los colombianos tomar una decisión de fondo frente a puntos fundamentales.
Recuerda que en su sentencia, la Corte Constitucional señaló que los ciudadanos deben recibir todos los elementos de juicio necesarios para “una decisión consciente e informada”, hecho por el cual responder estas inquietudes otorga información veraz y precisa sobre los alcances de los acuerdos pactados con las Farc.
La carta se divide en tres partes. La primera hace referencia a la desmovilización de los guerrilleros tras la firma del acuerdo final y la ocupación de las zonas veredales. La segunda tiene relación con su reintegro a la sociedad. El Procurador General se cuestiona además cómo será la entrega de las armas y la protección que se les brindará en los citados campamentos.
“Señor presidente, sobra recordar que conforme a la Constitución, a usted, como a cualquier otro servidor público, le corresponde atender las peticiones y responder las solicitudes que le haga el Ministerio Público”, aseveró Ordóñez Maldonado.
La desmovilización
Varias de las preguntas de la carta hacen referencia al hecho de si el acuerdo garantiza la total desmovilización de los miembros de dicho grupo guerrillero. El Procurador General se cuestiona el hecho que dicha expresión no aparezca en el acuerdo firmado el pasado 23 de junio.
“¿Por qué el acuerdo no incluye la palabra desmovilización, ni su definición? ¿Qué entiende el Gobierno por “desmovilización”? ¿Las Farc comparten el mismo concepto? ¿Las Farc aceptan expresamente que se desmovilizarán?”, se cuestiona el jefe del órgano de control disciplinario.
En otro de los puntos pide que se explique cómo será el proceso de individualización de los guerrilleros que se desmovilicen y que se trasladarán a los campamentos especiales y zonas veredales acordadas por el Gobierno y dicho grupo guerrillero. Para Ordóñez no existe claridad sobre lo que pasará después.
¿Qué sucederá con los miembros de las Farc el día D+181, esto es, un día después de que hayan finalizado las zonas de ubicación? ¿Se quedarán en las zonas? ¿Se trasladarán con absoluta libertad hacia otros lugares del país? ¿Estarán ubicados en lugres específicos para responder ante la administración de justicia por delitos y los crímenes de lesa humanidad de guerra en los que participaron?”, señala.
Para el jefe del órgano de control disciplinario por el momento se desconoce si los milicianos de dicho grupo armado ilegal también harán parte del proceso de desmovilización. Así cono las medidas que se tomarán para que en las zonas especiales los guerrilleros no sigan cometiendo acciones delictivas.
“¿Cómo se evitará que puedan incorporarse a otros aparatos criminales, como el ELN o las Bacrim? ¿Cómo se garantiza su sometimiento a la administración de justicia para que respondan por las atrocidades en las que han participado? Y ¿cómo se adelantará su proceso de reincorporación?”, precisa la pregunta 6.
Agrega que no se hace precisión sobre el mecanismo que utilizará la ONU para verificar, determinar y validar el proceso de la entrega de las armas establecido en el acuerdo. Considera que se deben aclarar las consecuencias de la destrucción del armamento que será entregado de manera voluntaria.
“¿La misión de la ONU tendrá facultades para investigar de forma autónoma e independiente si las Farc o por estructuras del grupo guardaron armas? ¿Si vendieron o traspasaron armas al Ejército de Liberación Nacional o a bandas criminales?”, se menciona en uno de los apartados de la comunicación.
Frente al papel de la Fiscalía General se pide aclarar si van a implementar técnicas de balística forense que permita identificar cada una de las armas que sean entregadas por los guerrilleros. “¿Se permitirá que la Fiscalía pueda realizar esa función que es indispensable para establecer homicidios y masacres?”
Igualmente considera necesario que se explique si los guerrilleros renuncian a otras actividades ilegales como la extorsión, el secuestro, el abigeato, el asesinato, las amenazas y el desplazamiento. “¿Qué sucede si individuos de las Farc continúan adelantando acciones delincuenciales contra la población civil? (…) ¿Dónde y cómo se van a llevar a cabo el proceso de reincorporación económica, política y social de las Farc a la vida civil?”
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le envió una carta al presiente Juan Manuel Santos con 60 preguntas sobre los alcances del acuerdo firmado el pasado 23 de junio entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc sobre el cese al fuego y de hostilidades “bilateral y definitivo y dejación de armas” en el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba).
Para el jefe del Ministerio Público la respuesta a estas preguntas será fundamental en el debate que se adelanta en el país con miras al plebiscito para la paz avalado por la Corte Constitucional. Señala en su introducción que la claridad frente a estos puntos les permitirán a los colombianos tomar una decisión de fondo frente a puntos fundamentales.
Recuerda que en su sentencia, la Corte Constitucional señaló que los ciudadanos deben recibir todos los elementos de juicio necesarios para “una decisión consciente e informada”, hecho por el cual responder estas inquietudes otorga información veraz y precisa sobre los alcances de los acuerdos pactados con las Farc.
La carta se divide en tres partes. La primera hace referencia a la desmovilización de los guerrilleros tras la firma del acuerdo final y la ocupación de las zonas veredales. La segunda tiene relación con su reintegro a la sociedad. El Procurador General se cuestiona además cómo será la entrega de las armas y la protección que se les brindará en los citados campamentos.
“Señor presidente, sobra recordar que conforme a la Constitución, a usted, como a cualquier otro servidor público, le corresponde atender las peticiones y responder las solicitudes que le haga el Ministerio Público”, aseveró Ordóñez Maldonado.
La desmovilización
Varias de las preguntas de la carta hacen referencia al hecho de si el acuerdo garantiza la total desmovilización de los miembros de dicho grupo guerrillero. El Procurador General se cuestiona el hecho que dicha expresión no aparezca en el acuerdo firmado el pasado 23 de junio.
“¿Por qué el acuerdo no incluye la palabra desmovilización, ni su definición? ¿Qué entiende el Gobierno por “desmovilización”? ¿Las Farc comparten el mismo concepto? ¿Las Farc aceptan expresamente que se desmovilizarán?”, se cuestiona el jefe del órgano de control disciplinario.
En otro de los puntos pide que se explique cómo será el proceso de individualización de los guerrilleros que se desmovilicen y que se trasladarán a los campamentos especiales y zonas veredales acordadas por el Gobierno y dicho grupo guerrillero. Para Ordóñez no existe claridad sobre lo que pasará después.
¿Qué sucederá con los miembros de las Farc el día D+181, esto es, un día después de que hayan finalizado las zonas de ubicación? ¿Se quedarán en las zonas? ¿Se trasladarán con absoluta libertad hacia otros lugares del país? ¿Estarán ubicados en lugres específicos para responder ante la administración de justicia por delitos y los crímenes de lesa humanidad de guerra en los que participaron?”, señala.
Para el jefe del órgano de control disciplinario por el momento se desconoce si los milicianos de dicho grupo armado ilegal también harán parte del proceso de desmovilización. Así cono las medidas que se tomarán para que en las zonas especiales los guerrilleros no sigan cometiendo acciones delictivas.
“¿Cómo se evitará que puedan incorporarse a otros aparatos criminales, como el ELN o las Bacrim? ¿Cómo se garantiza su sometimiento a la administración de justicia para que respondan por las atrocidades en las que han participado? Y ¿cómo se adelantará su proceso de reincorporación?”, precisa la pregunta 6.
Agrega que no se hace precisión sobre el mecanismo que utilizará la ONU para verificar, determinar y validar el proceso de la entrega de las armas establecido en el acuerdo. Considera que se deben aclarar las consecuencias de la destrucción del armamento que será entregado de manera voluntaria.
“¿La misión de la ONU tendrá facultades para investigar de forma autónoma e independiente si las Farc o por estructuras del grupo guardaron armas? ¿Si vendieron o traspasaron armas al Ejército de Liberación Nacional o a bandas criminales?”, se menciona en uno de los apartados de la comunicación.
Frente al papel de la Fiscalía General se pide aclarar si van a implementar técnicas de balística forense que permita identificar cada una de las armas que sean entregadas por los guerrilleros. “¿Se permitirá que la Fiscalía pueda realizar esa función que es indispensable para establecer homicidios y masacres?”
Igualmente considera necesario que se explique si los guerrilleros renuncian a otras actividades ilegales como la extorsión, el secuestro, el abigeato, el asesinato, las amenazas y el desplazamiento. “¿Qué sucede si individuos de las Farc continúan adelantando acciones delincuenciales contra la población civil? (…) ¿Dónde y cómo se van a llevar a cabo el proceso de reincorporación económica, política y social de las Farc a la vida civil?”