Mientras las investigaciones judiciales avanzan para determinar quién dio la orden de atentar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fundación Santa Fe, donde permanece desde el pasado sábado 7 de junio, emitió un último parte médico sobre su estado de salud. “Salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”, se lee en el último comunicado que se conoció a las 3:40 de la tarde del pasado lunes. Al cierre de esta edición, ese fue la última comunicación sobre la situación de salud del político, mientras que su esposa, María Claudia Tarazona, pidió seguir orando, pues Uribe “está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy”.
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Mientras la Fiscalía intenta recoger todas las evidencias y pruebas que sean posibles para avanzar en sus investigaciones, hay una intromisión que no ha caído del todo bien adentro del búnker y en el ámbito del Derecho Penal. Viene directamente del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario ha reiterado su solidaridad con la familia del congresista del Centro Democrático y ha sido enfático en que se deben adelantar las pesquisas para dar con los determinadores del ataque. Si bien la Fiscalía es la encargada de adelantar las averiguaciones del caso y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales, el jefe de Estado ha intentado hacer las veces de investigador en al menos cuatro ocasiones. Así se evidenció el pasado 8 de junio, un día después del atentado.
Ocurrió durante un consejo de seguridad convocado para analizar las posibles hipótesis, y donde estuvo acompañado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entre otros. “Se evaluaron algunas hipótesis de por qué se cometió este atentado (...) Si fue directamente por tratarse de ser Uribe Turbay, si fue por ser político y todo lo que va alrededor del Centro Democrático, o si se trata de desestabilizar al Gobierno a través de afectar a algunos que piensen diferente a este gobierno”, señaló Sánchez. Fuentes de alto nivel que estuvieron presentes le dijeron a este diario que esas tres conjeturas causaron molestia en algunos asistentes, pues consideraron que hablar de una posible desestabilización al Ejecutivo era, no solo apresurado, pues no había pruebas para soportar la tesis, sino porque Uribe Turbay seguía en estado crítico de salud.
Un segundo momento ocurrió el pasado 9 de junio, cuando el presidente Petro, a través de su cuenta de X, mencionó una posible injerencia de grupos narcotraficantes en Dubái y Europa en recientes hechos de violencia en Colombia y pidió aumentar la seguridad de representantes de la oposición. “Los albaneses compran la cocaína de la frontera con el Catatumbo (...) usando el puerto de Buenaventura y Ecuador. Todos son miembros de la junta del narcotráfico con asiento en Italia y Dubai. El Clan del Golfo y (Iván) Mordisco están articulados a la junta”, escribió. Para el Ejecutivo, las disidencias de las Farc habrían ideado todo un plan criminal que dejó más de 27 actos terroristas en Cauca y Valle del Cauca, con un total de siete muertos, y que estos hechos tendrían relación con el atentado contra Uribe Turbay.
En su momento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que “sí podría pensarse que quien está poniendo las bombas, tiene que ver con el atentado del sábado 7 de junio”. Sin embargo, el Estado Mayor Central (EMC) negó cualquier tipo de responsabilidad con el ataque al senador, al tiempo que la Fiscalía anunció siete líneas de investigación por los atentados en el suroccidente del país, pero no vinculó ninguno de esos hechos con el ataque Miguel Uribe Turbay. En contraste con los trinos, la realidad judicial es otra y las pesquisas del ente investigador no han relacionado, por ahora, el ataque al congresista con sospechosos de algún otro país. Únicamente se estableció que el arma, una glock de nueve milímetros, fue comprada en Arizona (Estados Unidos), en agosto del año 2020.
Si bien se ha hablado de posibles vínculos de redes criminales en Ecuador con el crimen contra el congresista, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que, hasta el momento, sus investigadores no están mirando hacia ese lado de la frontera, pues no hay certezas de que esa información sea verídica. Las intromisiones del presidente no acaban allí. El pasado 11 de junio, desde una alocución en plaza abierta en Cali, propuso crear una comisión internacional de investigación judicial independiente, con respaldo de Naciones Unidas, “para que colabore en esclarecer el atentado, no solo contra el senador Miguel Uribe, sino también los crímenes cometidos contra líderes sociales y políticos”. Quienes conocen de cerca estos procesos le explicaron a este diario que eso no es una situación que se proponga y ejecute a la ligera.
No solo porque no es decisión unilateral del presidente, sino porque necesita de una ley para que la eventual comisión pueda funcionar y sea efectiva. Ese requisito no solo necesita de la aprobación del Senado, sino de una eventual revisión de la Corte Constitucional. Para Jorge Mario Gómez, abogado penalista, el primer mandatario sí puede solicitar a las Naciones Unidas la creación de una comisión de investigación. Sin embargo, esta solicitud no la obliga a actuar. “El presidente tiene libertad de expresión política, pero no puede interferir en investigaciones penales, pues estas son competencia exclusiva de la Fiscalía. Y las comisiones internacionales no sustituyen la jurisdicción nacional”, aseguró el experto en diálogo con este diario. En otras palabras, aunque puede investigar, no podría ordenar capturas o procesar a colombianos.
El cuarto y último momento en el que el Ejecutivo se puso el traje de investigador se conoció por un comunicado que emitió la propia Fiscalía el pasado 12 de junio. La fiscal general Luz Adriana Camargo, a través de un duro pronunciamiento, le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) apartarse de las investigaciones del caso de Uribe Turbay, pues consideró que su permanencia en las reuniones sobre el avance de las pesquisas desnaturalizaba el proceso de investigación. Ambas entidades, dice la Fiscalía, fueron llamadas por orden del presidente Petro. El ente investigador aclaró que cuenta con todas las competencias para investigar el caso y ya ha logrado la captura de tres presuntos involucrados en el atentado.
La última persona vinculada al caso es Katerine Martínez, quien aparece en videos de cámaras de seguridad en un vehículo Chevrolet modelo Spark en compañía de otro hombre, y de dónde descendió el sicario camino al parque El Golfito, en Modelia (Bogotá), donde antes de las 5:30 de la tarde le disparó al senador. La audiencia de medida de aseguramiento en su contra se realizará este martes a las 8:30 de la mañana. En el búnker de la Fiscalía también se encuentra Carlos Mora González, el conductor de ese carro, y el menor que apretó el gatillo el día del atentado. Ambos ya están siendo procesados por las autoridades. Con esas tres personas imputadas, la Fiscalía avanza en silencio y al margen, al menos por ahora, de las teorías sin pruebas del presidente Petro.
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Por Santiago Díaz Gamboa
