La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer el protocolo arqueológico forense con el que las autoridades seguirán buscando a las miles de víctimas de desaparición arrojadas al Canal del Dique, donde el río Magdalena se divide para conectar sus aguas con Cartagena. La misma zona en la que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está a punto de ejecutar un megaproyecto de recuperación de ecosistemas degradados y de mitigación de inundaciones que beneficiará a 1,5 millones de habitantes, y que costará alrededor de $3,25 billones. Antes de que llegue la maquinaria estatal, la JEP emitió las órdenes con las cuales se respetará el dolor de las familias que llevan décadas esperando hallar a su ser querido.
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Antes de dar a conocer los protocolos, la JEP emitió lineamientos nacionales para que todas las obras de transporte en Colombia, como la del Canal del Dique, respeten la búsqueda de desaparecidos. Después de años de debates con las comunidades, la ANI se comprometió a velar porque las instituciones de búsqueda de víctimas de la guerra, como la Fiscalía o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, realicen su trabajo en coordinación con los funcionarios de infraestructura nacional. Con la firma de los lineamientos, la ANI se comprometió a no alterar o destruir “los lugares de interés forense, como sucedió en Hidroituango (Antioquia)”, explicó el magistrado Alejandro Ramelli.
La expedición del protocolo era una deuda que la JEP y la ANI tenía con las familias de los desaparecidos del Canal del Dique, quienes se agruparon en la asociación Ruta del Cimarronaje. Las familias han exigido que el Estado busque y encuentre los restos de innumerables víctimas que fueron arrojadas al canal por grupos criminales, en su mayoría de las Autodefensas Unidas de Colombia, que intentaron ocultar su barbarie bajo el agua para que las autoridades no evidenciaran la puja sangrienta por el territorio. Innumerables porque esta desaparición en el Dique es tan difícil de mapear que todas las instituciones tienen cifras distintas. Aun así, la JEP considera que pudieron ser hasta 9.638 desaparecidos, entre 1991 y 2015.
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Aura Camargo, de la Ruta del Cimarronaje, agradece que por fin todas las autoridades hayan llegado a un acuerdo con los empresarios que buscan intervenir la región. Es decir, con el concesionario Ecosistemas del Dique, que promete reconstruir los ecosistemas, ofrecer 61 mil empleos y, ahora, respetar los muertos que yacen bajo las obras propuestas. “Aún seguimos resistiendo, porque el canal resiste y su pueblo resiste. Somos muestra de la resiliencia y seguimos apostando a la transformación de un país. Y vamos a exigir cada letra de este protocolo. Tenemos la fe de que el canal va a ser recíproco con nuestra fe”, dijo Camargo.
El protocolo, en esencia, es la garantía de que el concesionario moverá sus máquinas entendiendo que bajo el agua puede estar el cuerpo que una familia ha esperado por décadas. Una alianza hito en la historia del país, que dotará de sensibilidad humana adicional a un proyecto que, de por sí, ya es la “mayor apuesta de infraestructura para el desarrollo del caribe colombiano”, según Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI. La recuperación del Canal será una obra en la que habrá profesionales de distintas áreas, pero, además, funcionarios de la JEP, la Unidad de Búsqueda, la Fiscalía, familias de la Ruta del Cimarronaje y académicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
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Entre los compromisos está que la recuperación del Canal del Dique cuente con acompañamiento permanente de funcionarios forenses, encargados de inspeccionar las obras para evitar la pérdida o afectación de posibles hallazgos forenses. Asimismo, los familiares de víctimas podrán inspeccionar secciones de las obras, si los funcionarios alertan de posibles hallazgos. La Fiscalía y la Unidad de Búsqueda capacitarán, además, a los trabajadores del concesionario sobre labores de búsqueda. “Buscaremos el equilibrio de dos grandes valores como son la política de búsqueda y la implementación de obras de infraestructura de gran envergadura”, dijo Henry Guerrero, gerente del concesionario.
La Fiscalía hizo presencia en el lugar para dar a conocer su plan de “lucha contra la impunidad” en el Canal del Dique. A la par con la Unidad de Búsqueda, destinará recursos y funcionarios para aumentar las labores de búsqueda en 19 municipios de Atlántico, Sucre y Bolívar. Entre ellos, Cartagena y Calamar, donde familiares de víctimas han solicitado ayuda con mayor intensidad a la Unidad de Búsqueda, con 315 y 111 casos respectivamente. De acuerdo con esta entidad originada con el Acuerdo de Paz, el periodo con mayor cantidad de desapariciones forzadas en el Canal es entre 1996 y 2007, siendo 2002 el peor de los años, justo cuando el Bloque Montes de María de las autodefensas se apoderó de la región.
Según los relatos de alias Juancho Dique, comandante del bloque, que ya cumplió su sanción, se arrojaban cuerpos para dar “un mensaje directo de la fuerza pública y que no fuera notoria la estadística de los crímenes cometidos”. Entidades como la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria Histórica han registrado cómo el Canal terminó siendo el más grande cementerio de agua de Colombia. Los cuerpos, incluso, terminaban en Honda (Tolima), rescatados por las rayas de los pescadores locales. En más de 190 ríos, se han recuperado 1.080 cuerpos, para corte de 2018. Ahora, la JEP y la ANI buscan respetar las esperanzas de las familias y, a la par, construir para quienes viven y vivirán alrededor.
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