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Archivo por archivo, los investigadores del Grupo de Informática de la Fiscalía General de la Nación terminaron esta semana de desencriptar las memorias USB de los llamados carceleros de las Farc, Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias César, y Alexánder Farfán Suárez, alias Gafas, y los primeros hallazgos del ente acusador son verdaderamente sorprendentes. No sólo porque revelan valiosa información de las Farc, sino porque además dan cuenta del alcance de los tentáculos del frente 1º, hasta el punto de obtener informes reservados de la Dirección de Inteligencia de la Policía.
El Espectador conoció que el documento preliminar elaborado por los peritos tiene 30 páginas y es hoy objeto de análisis por parte de un fiscal antisecuestro. De acuerdo con el informe, un ex gobernador, un ex alcalde y dos fiscales aparecen reseñados en las memorias de César y Gafas —quienes están requeridos por un Tribunal del Distrito de Columbia de los Estados Unidos—. Sin embargo, por ahora no está claro en qué condición o por qué circunstancia sus nombres se encuentran mencionados en esas memorias USB que no fueron modificadas ni manipuladas por extraños, según concluyó la Fiscalía.
Como parece ser costumbre en los frentes guerrilleros, en los dispositivos electrónicos analizados se halló abundante información sobre las hojas de vida de 351 guerrilleros del Bloque Oriental de las Farc, las cuales incluían fotografías de los subversivos y sus alias respectivos. Analistas de inteligencia sostienen que ésa es una práctica común en la guerrilla, que busca un control riguroso de los hombres en sus filas para monitorear eventuales deserciones y vengarlas con sus familias.
Sin precisar el año aparece un parte de guerra enviado a alias César por la compañía Antonio José de Sucre sobre el derribo de torres de energía en esa región del país en acciones que habrían sido ejecutadas entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre. Además las memorias de los carceleros de las Farc contenían cartografía detallada de los municipios de Mitú, Vaupés y Mapiripán, Meta, dos zonas neurálgicas para los propósitos de la guerrilla de traficar droga y transportar sin mayores inconvenientes su más preciado capital político: los secuestrados. Mucho más, después de la exitosa ‘Operación Jaque’, desarrollada el pasado 2 de julio, en la cual recuperaron su libertad 15 plagiados, incluidos tres contratistas norteamericanos y la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt.
Pero de todos los hallazgos de los investigadores, son dos los que concentran su atención. El primero tiene que ver con dos informes fechados en julio de 2003 elaborados por la Dirección de Inteligencia de la Policía, en los que se reseña la división política en la convulsionada zona de orden público comprendida entre Carurú, Vaupés, y Miraflores, Guaviare, por el accionar de los grupos paramilitares y los continuos enfrentamientos con la guerrilla. Lo más grave de este episodio es que los informes de la Policía tenían reserva y que fueron hurtados de los archivos de la Dirección de Inteligencia en Bogotá.
¿Puede hablarse de una infiltración? Por ahora los investigadores no descartan ninguna posibilidad. De hecho, la Fiscalía se propone indagar las actuaciones del ex gobernador, el ex alcalde y los dos fiscales de Vaupés que fueron mencionados en las memorias USB decomisadas el pasado 2 de julio. Pero no es todo. Las Farc llevaban un minucioso conteo de los cultivos de coca que manejaba el frente 1º. Es así como se registra el número de plantíos ilegales en el municipio de El Retorno, Guaviare.
Como si fuera poco, un documento hallado en los dispositivos electrónicos evidencia que las Farc le hacía inteligencia al grupo paramilitar comandado por Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, el hombre que desde hace cinco años viene disputándose a sangre y fuego con la guerrilla el departamento que por años ha sido considerado por las Farc como su retaguardia estratégica y su fortín en el ilícito negocio del tráfico de estupefacientes: el Guaviare. En dicho informe de inteligencia la guerrilla monitoreaba las incursiones paramilitares en la zona y especulaba sobre el número de hombres que hacían parte del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac).
De igual forma, el fiscal antisecuestro que adelanta la investigación constató el poder que César ejercía en el Guaviare. Dos guerrilleros detenidos le contaron que el jefe guerrillero mandó asesinar a varios comerciantes del municipio de Calamar, Guaviare, que le habían comenzado a comprar coca a los campesinos cultivadores, a cambio de ropa o alimentos. “Él era quien le ponía el precio a la droga”, relató uno de los subversivos. Asimismo, señalaron que el frente 1º, con amenazas a labriegos, que fueron desplazados, o utilizando dineros del narcotráfico, se hizo a importantes extensiones de tierra en los municipios de El Retorno y Calamar, Guaviare, en La Macarena, Meta, y en el departamento del Vaupés.
El informe de las memorias de los carceleros de las Farc apenas empieza su tránsito judicial y dará mucho de que hablar. Podría abrir un nuevo capítulo del llamado escándalo de la farcpolítica y sin duda alguna traza un completo mapa de las operaciones de uno de los frentes más poderosos de las Farc. La suerte de César y Gafas está sellada con su próxima extradición a los Estados Unidos, pero las revelaciones contenidas en sus memorias seguirán teniendo efectos en Colombia.