Las ‘mulas’, carnada del narcotráfico

Estudio internacional cuestiona que las penas desproporcionadas han contribuido a la crisis carcelaria.

“En Colombia, el 98% de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas, entre 2007 y 2009, eran ofensores de menor grado o, por lo menos, no se les pudo probar lo contrario”. Es decir, que fiscales y jueces no pudieron demostrarles a 12.363 reclusos una participación importante en las redes del narcotráfico, lo que permite afirmar que se trata de los eslabones más bajos de la cadena.

Así se desprende de un estudio comparativo sobre el impacto de políticas de drogas en los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos (ver infografía sobre Suramérica), titulado “Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina”, publicado en Buenos Aires por el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

De acuerdo con Rodrigo Uprimny, coautor del capítulo Colombia y director del centro de investigación DeJuSticia, “los datos muestran que la mayoría de los encarcelados por delitos de drogas son ‘mulas’, pequeños distribuidores, transportistas —y no los medianos o grandes narcotraficantes que sí se lucran del negocio—”, al tiempo que destaca que “por lo general estos reclusos vienen de situaciones sociales  precarias y participaron en estas actividades para cubrir sus necesidades básicas: comida, renta, escuela...”.

Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI, resalta que “encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los altos jefes los reemplazan. Por eso,  insiste en que “el enfoque penal hacia estas personas satura los sistemas de administración de justicia, afectando de esa manera el conjunto de la sociedad”.

Para los investigadores, las penas desproporcionadas para los delitos de tráfico de drogas han contribuido a la crisis carcelaria en la región  y cuestionan que sus legislaciones no echen mano de las penas alternativas y sí promuevan la prisión preventiva.

El documento, basado en datos obtenidos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec),  concluye que los delitos de drogas constituyen la tercera causa de encarcelamiento.

Al finalizar 2009 había 12.616 presos  por delitos de drogas, equivalente  al 17% del total de la población carcelaria del país.

Para analizar el nivel de participación en el tráfico de drogas de las personas encarceladas, los investigadores desarrollaron el indicador Proxy,  basado en la idea de que una persona que es procesada por posesión de drogas, en donde no hay vínculos importantes con redes del tráfico, no sería juzgada por “concurso de delitos”, o sea, por varios actos diferentes. Igualmente, cualquier individuo que tiene una participación importante en una organización criminal de drogas sería procesado por “concurso de delitos”, o sea, más de un delito, y por “concierto para delinquir”, por ponerse de acuerdo con otras personas para cometer delitos o participar en una organización criminal.

Sin embargo, entre 2007 y 2009, del total de los encarcelados por delitos de drogas (18.403), sólo 1.348 fueron procesados en concurso con otros delitos. De ellos,  428 lo fueron por “concurso con concierto para delinquir”, lo que  supone que apenas en el 2% de los casos  existieron vínculos con grupos del crimen organizado.

Estudio internacional cuestiona que las penas desproporcionadas han contribuido a la crisis carcelaria.

“En Colombia, el 98% de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas, entre 2007 y 2009, eran ofensores de menor grado o, por lo menos, no se les pudo probar lo contrario”. Es decir, que fiscales y jueces no pudieron demostrarles a 12.363 reclusos una participación importante en las redes del narcotráfico, lo que permite afirmar que se trata de los eslabones más bajos de la cadena.

Así se desprende de un estudio comparativo sobre el impacto de políticas de drogas en los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos (ver infografía sobre Suramérica), titulado “Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina”, publicado en Buenos Aires por el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

De acuerdo con Rodrigo Uprimny, coautor del capítulo Colombia y director del centro de investigación DeJuSticia, “los datos muestran que la mayoría de los encarcelados por delitos de drogas son ‘mulas’, pequeños distribuidores, transportistas —y no los medianos o grandes narcotraficantes que sí se lucran del negocio—”, al tiempo que destaca que “por lo general estos reclusos vienen de situaciones sociales  precarias y participaron en estas actividades para cubrir sus necesidades básicas: comida, renta, escuela...”.

Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI, resalta que “encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los altos jefes los reemplazan. Por eso,  insiste en que “el enfoque penal hacia estas personas satura los sistemas de administración de justicia, afectando de esa manera el conjunto de la sociedad”.

Para los investigadores, las penas desproporcionadas para los delitos de tráfico de drogas han contribuido a la crisis carcelaria en la región  y cuestionan que sus legislaciones no echen mano de las penas alternativas y sí promuevan la prisión preventiva.

El documento, basado en datos obtenidos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec),  concluye que los delitos de drogas constituyen la tercera causa de encarcelamiento.

Al finalizar 2009 había 12.616 presos  por delitos de drogas, equivalente  al 17% del total de la población carcelaria del país.

Para analizar el nivel de participación en el tráfico de drogas de las personas encarceladas, los investigadores desarrollaron el indicador Proxy,  basado en la idea de que una persona que es procesada por posesión de drogas, en donde no hay vínculos importantes con redes del tráfico, no sería juzgada por “concurso de delitos”, o sea, por varios actos diferentes. Igualmente, cualquier individuo que tiene una participación importante en una organización criminal de drogas sería procesado por “concurso de delitos”, o sea, más de un delito, y por “concierto para delinquir”, por ponerse de acuerdo con otras personas para cometer delitos o participar en una organización criminal.

Sin embargo, entre 2007 y 2009, del total de los encarcelados por delitos de drogas (18.403), sólo 1.348 fueron procesados en concurso con otros delitos. De ellos,  428 lo fueron por “concurso con concierto para delinquir”, lo que  supone que apenas en el 2% de los casos  existieron vínculos con grupos del crimen organizado.