Las nuevas líneas de investigación por el Holocausto del Palacio de Justicia

En los últimos meses la Fiscalía General abrió tres nuevas líneas de investigación por los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la operación de recuperación de la edificación por las Fuerzas Militares. El ente investigador busca establecer, tres décadas después de los hechos, el presunto conocimiento que se tenía de la misma por parte del Gobierno, el abuso de la fuerza y un pacto de silencio que se habría celebrado para que no se conociera la verdad de lo que ocurrió.

El fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett confirmó el pasado jueves la citación de tres exministros del gobierno de Belisario Betancur Cuartas. Sus declaraciones serán la piedra angular para conocer lo qué pasó en el despacho presidencial y el motivo de varias decisiones que desde el primer momento fueron rechazadas por los testigos de ese atroz acontecimiento que dejó un saldo de 11 magistrados muertos, otras 100 víctimas morales y 11 personas desaparecidas.

Los exministros Noemí Sanín (Comunicaciones), Enrique Parejo (Justicia) y Jaime Castro (Gobierno) deberán declarar frente al presunto conocimiento que se tenían de los planes del grupo guerrillero para tomarse el Palacio de Justicia. Así como los motivos que llevaron a retirar la protección especial que gozaba la edificación desde el 17 de octubre, día en el cual se descubrieron planos y documentos que tenían consignada información para la ocupación.

“¿Por qué razón el Estado colombiano disminuyó la protección de los magistrados de la Corte Suprema dos días antes de los hechos? ¿Por qué razón si existían graves amenazas por parte de los carteles del narcotráfico el Estado colombiano no tomó las medidas adecuadas para proteger a los magistrados? ¿Por qué razón si días antes de la toma algunos medios habían dado a conocer los planos en poder del M-19 a partir de los cuales se podía vislumbrar una toma no se tomaron las medidas adecuadas?”, precisó.

El ente investigador busca establecer a quiénes del organigrama de la administración pública del Gobierno de turno les correspondía dentro de sus ámbitos de competencia garantizar la protección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Las investigaciones del Palacio de Justicia han aumentado en la última década, debemos reconocer que se presentaron graves errores en la administración pública y de justicia, a tal punto que el Estado reconoció responsabilidad parcial por estas fallas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Esta nueva línea de investigación busca establecer las graves fallas por parte de los miembros de la Fuerza Pública en la operación de recuperación del Palacio de Justicia al incurrir en extralimitaciones. Para esto se aplicará el Derecho Internacional Humanitario.

En los últimos meses la Fiscalía General abrió tres nuevas líneas de investigación por los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la operación de recuperación de la edificación por las Fuerzas Militares. El ente investigador busca establecer, tres décadas después de los hechos, el presunto conocimiento que se tenía de la misma por parte del Gobierno, el abuso de la fuerza y un pacto de silencio que se habría celebrado para que no se conociera la verdad de lo que ocurrió.

El fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett confirmó el pasado jueves la citación de tres exministros del gobierno de Belisario Betancur Cuartas. Sus declaraciones serán la piedra angular para conocer lo qué pasó en el despacho presidencial y el motivo de varias decisiones que desde el primer momento fueron rechazadas por los testigos de ese atroz acontecimiento que dejó un saldo de 11 magistrados muertos, otras 100 víctimas morales y 11 personas desaparecidas.

Los exministros Noemí Sanín (Comunicaciones), Enrique Parejo (Justicia) y Jaime Castro (Gobierno) deberán declarar frente al presunto conocimiento que se tenían de los planes del grupo guerrillero para tomarse el Palacio de Justicia. Así como los motivos que llevaron a retirar la protección especial que gozaba la edificación desde el 17 de octubre, día en el cual se descubrieron planos y documentos que tenían consignada información para la ocupación.

“¿Por qué razón el Estado colombiano disminuyó la protección de los magistrados de la Corte Suprema dos días antes de los hechos? ¿Por qué razón si existían graves amenazas por parte de los carteles del narcotráfico el Estado colombiano no tomó las medidas adecuadas para proteger a los magistrados? ¿Por qué razón si días antes de la toma algunos medios habían dado a conocer los planos en poder del M-19 a partir de los cuales se podía vislumbrar una toma no se tomaron las medidas adecuadas?”, precisó.

El ente investigador busca establecer a quiénes del organigrama de la administración pública del Gobierno de turno les correspondía dentro de sus ámbitos de competencia garantizar la protección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Las investigaciones del Palacio de Justicia han aumentado en la última década, debemos reconocer que se presentaron graves errores en la administración pública y de justicia, a tal punto que el Estado reconoció responsabilidad parcial por estas fallas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Esta nueva línea de investigación busca establecer las graves fallas por parte de los miembros de la Fuerza Pública en la operación de recuperación del Palacio de Justicia al incurrir en extralimitaciones. Para esto se aplicará el Derecho Internacional Humanitario.