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Las órdenes que Corte Constitucional dio a De la Espriella para proteger el Acuerdo de Paz

El alto tribunal cuestionó recortes presupuestales y de plantas en distintas entidades que deben velar para que se cumplan los compromisos. Además de las órdenes van varios cuestionarios que deben contestar.

El presidente Abelardo de la Espriella junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo.
Foto: Joel_Gonzalez
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Cumplir el Acuerdo de Paz y proteger la vida de los excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc es un compromiso de Estado que no se está cumpliendo. Eso fue lo que encontró la Corte Constitucional al hacerle seguimiento a una de sus más importantes sentencias en materia de paz. Aunque el incumplimiento viene desde hace años y es sistemático, el alto tribunal encontró que en el actual gobierno, presidido por Abelardo de la Espriella, está creciendo la problemática por decisiones que limitan aún más el cumplimiento de los acuerdos. Además de recordarle al jefe de Estado que los compromisos adquiridos deben cumplirse sin importar la ideología política del mandatario de turno, le impartió una serie de órdenes que garanticen que las instituciones que deben velar por la paz, sigan funcionando.

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El magistrado Héctor Carvajal, apoyado por los togados Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo, lideró la revisión de cumplimiento de la sentencia SU-020 de 2022, con la cual el alto tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en el componente de garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación. Tras una minuciosa revisión, el alto tribunal determinó que, pese a sus advertencia y órdenes persiste una "violación masiva y sistemática" de derechos de esta población. Para la Corte, las actuaciones que adelanta el Estado para cumplir se limitan a ser respuestas formales y "no permiten establecer que las instancias funcionen efectivamente".

Por otra parte, el alto tribunal en su auto expuso que los continuos ataques contra excombatientes reflejan el incumplimiento de adoptar "medidas de protección eficaces", como se acordó en La Habana. Asimismo, reiteró que el Acuerdo de Paz "constituye una política pública de Estado" obligatoria para todas las autoridades y que no puede dejar de cumplirse así se tenga una ideología política distinta. Por la misma línea aclaró que la autonomía organizativa no autoriza a las entidades públicas a "vaciar de contenido los compromisos asumidos" y también señaló serios riesgos financieros identificados en el actual gobierno, como la "disminución 79,1 % de los recursos de inversión de la ARN".

Lo que encontró la Corte fue que se mantiene una profunda "desarticulación en el sistema de seguimiento a la política de seguridad". Además, en cuanto al Ejecutivo dijo que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz "enfrenta serias limitaciones de capacidad institucional". Para el alto tribunal, dicha entidad no tiene la jerarquía adecuada, careciendo de "presupuesto propio, ni de planta personal fija" y que eso mismo lleva a que haya una grave "parálisis en el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo" por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Asimismo, constató que las instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) "no sesionan con una periodicidad y agenda clara" ni producen información oportuna.

De igual manera, la sala encontró que en el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) "la mayoría de los indicadores son de gestión y de producto y solo se cuenta con un indicador de resultado". Uno de los puntos que más llamó la atención del alto tribunal fue del desmantelamiento criminal "la falta de interés del Gobierno nacional en la realización de sesiones plenarias". La Corte observó que en el ámbito del reingreso a la vida civil "aún no estaban definidos los mecanismos de monitoreo y seguimiento" y recalcó que la falta de herramientas idóneas "impide que este alcance su objetivo constitucional" de salvaguardar la vida.

Para superar las fallas, la Corte emitió órdenes con plazos estrictos de obligatorio cumplimiento para el Gobierno nacional. Por ejemplo, le ordenó formalmente "incluir el componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones", que es la herramienta de planificación y presupuestación que define los recursos financieros necesarios para ejecutar los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Asimismo, lo exhortó a incorporar acciones para superar el ECI y otorgó "30 días hábiles" para responder. Asimismo, le requirió asegurar el "funcionamiento material y efectivo" de la entidad de coordinación para el cumplimiento del acuerdo y exigió que dicha instancia cuente con "capacidad institucional", "recursos presupuestales", "talento humano" y "jerarquía suficiente". En la misma línea “fijó para la entrega del informe gubernamental un término improrrogable de "30 días hábiles".

A los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) les ordenó que "aseguren la continuidad y el funcionamiento efectivo" y dispuso para la presentación de los compromisos de la CSIVI un plazo máximo de "20 días hábiles". Por otra parte, a la Instancia de Alto Nivel del SISEP le mandó a que "definan y remitan la batería de indicadores que empleará dicho Sistema" y les dio también un plazo de "20 días hábiles" para presentar su informe. Por otra parte, requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para que "garantice el seguimiento" al Plan Estratégico de Seguridad y Protección y que la Secretaría Técnica de la Mesa debe radicar su respuesta detallada en 20 días hábiles.

De igual manera, ordenó al Ministerio del Interior responder sobre la política de reconciliación en 20 días y requirió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) para que "asegure la implementación y el seguimiento de la Política de Desmantelamiento". Pero eso no fue todo.

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Por otra parte, envió varios cuestionarios a distintas autoridades. En el primero, exige detallar cómo se incluirán "objetivos, metas y recursos específicos" en el Plan Plurianual de Inversiones. Pide precisar cómo el Gobierno "garantizará los derechos fundamentales de la población firmante en proceso de reincorporación". También, exige explicar la forma en que "dará continuidad a la implementación del Acuerdo Final de Paz incluyendo sus instancias y políticas" y pide informar "cuál es el cronograma previsto para la elaboración y presentación del proyecto del PND" y sus anexos. También, pregunta de qué manera se garantizará "la concordancia entre el componente de paz del PPI con el Plan Operativo Anual de Inversiones" y solicita exponer la "metodología de seguimientos y dónde podrán consultarse los resultados de este seguimiento".

Dentro de las preguntas exige que le digan cómo habrá la garantía presupuestal "teniendo en cuenta las restricciones proyectadas" para las siguientes vigencias. En otro, consulta qué medidas adoptará el Estado para asegurar que la entidad coordinadora posea "estructura institucional suficiente". Además, pide detallar qué "modificaciones institucionales, normativas, organizacionales y de jerarquía serán necesarias" para superar el bloqueo y exige precisar cómo se garantizará que "pueda cumplir todas las funciones previstas según los criterios constitucionales". También, indaga sobre "quiénes serán los designados presidenciales para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación" y pide explicar el aseguramiento de decisiones incluyendo el "calendario de funcionamiento" y el "presupuesto destinado".

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Asimismo, la Corte pide el "cronograma de acciones contenidas en el Plan Estratégico de Priorización Temática" con sus avances reales y exige la "batería de indicadores de las garantías de seguridad del Acuerdo Final, con sus respectivas fichas técnicas". Por otra parte, pide saber si el monitoreo institucional del SISEP "se encuentra operando plenamente en la actualidad" y exige adjuntar los "informes de seguimiento que ha elaborado la Comisión de Seguimiento y Evaluación del SISEP". También, solicita remitir la metodología, el cronograma y el "plan de acción y de trabajo del seguimiento del SISEP para el año 2026 y 2027″.

Dentro de las preguntas también cuestiona al Ministerio del Interior sobre la "metodología de seguimiento de la política y la batería con la que realiza su seguimiento" al Acuerdo y le exige describir el "mecanismo interinstitucional de seguimiento al Plan de Acción Permanente de la Política de Desmantelamiento". Al Estado también le pide indicar cómo funciona y se mantiene la "herramienta de visualización y seguimiento al avance en la implementación de la Política de Desmantelamiento" y le solicita remitir los "informes periódicos de seguimiento a la implementación de la Política de Desmantelamiento" que se hayan elaborado.

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Por ahora, el gobierno y las entidades estatales deben hacer llegar lo más pronto posibles las respuestas al alto tribunal y empezar a hacer cuentas de dónde sacarán el dinero para hacer cumplir el Acuerdo y proteger a los firmantes, porque se trata de una política de Estado ya adquirida.

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