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De todo aquello que el país ha podido conocer sobre cómo fue que el Ejército asesinó a civiles y los hizo pasar como combatientes para “inflar” sus resultados, la más reciente decisión de la JEP resulta ser un elemento crucial a la hora de descifrar lo que pasó durante los años de guerra y cómo fue que se cometieron dichos crímenes. Por primera vez desde que se conocieron los hechos y la justicia empezó a investigar a los uniformados, una instancia judicial describió que lo que ocurrió en Colombia, por lo menos en la región del Catatumbo, fue la creación de “organizaciones criminales” que se enquistaron en unidades militares. Y tenían un objetivo: que miembros del Ejército pudieran presentar a civiles asesinados como muertes en combate para demostrar resultados.
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La afirmación la hizo la justicia especial en un auto de 284 páginas, en el que imputó cargos a 10 militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el macrocaso que estudia los falsos positivos. Según los magistrados, los 120 casos identificados en Norte de Santander hasta ahora no son aleatorios, sino que responden a un accionar organizado. Si bien las organizaciones criminales descritas por la JEP “no tenían nombres, ni distintivos, ni cuarteles secretos, ni ritos de iniciación, más allá de los propios de la institución militar oficial en la cual se enquistaron”, sí compartían un objetivo en común: responder a una política institucional de conteo de cuerpos, es decir, la prelación de las “bajas a como diera lugar”, por encima de capturas o incautaciones, como forma de mostrar éxito militar. En Catatumbo, dos unidades del Ejército se organizaron alrededor de este fin, asegura la JEP: la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN), con sede en Ocaña.
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En la brigada móvil, aseguró la JEP, esa organización criminal estuvo compuesta por el comandante Santiago Herrera Fajardo; el jefe de la sección de operaciones, Gabriel de Jesús Rincón Amado; el de la sección de inteligencia, Daladier Rivera Jácome, y varios miembros de los grupos especiales de los batallones y de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA). Del actuar criminal en el batallón de infantería, por otro lado, hicieron parte el entonces comandante Álvaro Diego Tamayo Hoyos; el jefe de la sección de inteligencia, Sandro Pérez Contreras; el de la sección de operaciones, Juan Carlos Chaparro Chaparro, y algunos civiles, como Alexánder Carretero Díaz. Todos estos militares ya están retirados del Ejército.
Estas dos unidades militares, en un contexto en el que se privilegiaban las bajas en combate, “se encontraron en el territorio del Catatumbo con unas guerrillas replegadas en las partes altas de las montañas, que apelaban al uso de francotiradores y minas antipersonales, y con quienes no era fácil entrar en combate. (…) Así, a partir de la estigmatización de la población campesina de la región como miembros, auxiliadores o bases de las guerrillas, los miembros del Estado Mayor de la brigada móvil y del batallón respondieron a la presión por resultados, reteniendo y desapareciendo forzadamente a civiles para asesinarlos y presentarlos como bajas en combate”.
A su vez, para la JEP existe un patrón en estos asesinatos, porque “fueron cometidos por miembros de la BRIM15 y el BISAN en el marco de un mismo plan criminal y con división del trabajo, en un territorio determinado y en un mismo período. Las 120 víctimas asesinadas tienen un perfil similar y se repite un mismo modus operandi”. Este último se refiere a que un gran número de víctimas eran jóvenes campesinos de la región presentados como guerrilleros una vez muertos y un segundo grupo fue conducido desde otras regiones del país hasta Norte de Santander para ser asesinados.
Además del objetivo de producir bajas, las supuestas organizaciones criminales tuvieron una distribución de roles, poder de mando y jerarquía, así como el uso de los recursos y las funciones que les eran propios por ser miembros del Ejército. Lo primero se refiere a que “estas organizaciones criminales contaban con miembros encargados de ejecutar paso a paso la selección y asesinato de civiles que serían presentados como bajas en combate”, según la JEP. Por ejemplo, los comandantes “dedicaron sus esfuerzos a la autorización y planeación de los crímenes y a asegurar el éxito de la legalización de las supuestas bajas en combate”.
A su vez, los jefes de operaciones creaban las órdenes con las que se daba apariencia de legalidad a los falsos operativos y los de inteligencia coordinaban a todos los eslabones y en algunos casos se encargaban de que los militares que coincidieran las versiones entregadas por los soldados que estuvieron en terreno. Es por esto que la JEP agrega sobre el poder de mando: “Las acciones criminales que adelantaron los miembros de estas organizaciones no ocurrieron como parte de su vida privada ni en contextos familiares, sociales o ajenos a su condición de miembros de la Fuerza Pública. Las tropas actuaron en el marco y aprovechando sus facultades como miembros del Ejército”.
Incluso, dice la JEP, “la legalización (de las falsas operaciones) incluyó el gasto de munición para simular un combate, la disposición de armas y material de guerra sobre el cuerpo de la víctima y el respectivo reporte de la supuesta baja en combate vía radioteléfono”, añade la imputación. Es aquí donde la JEP ve el tercer factor que le lleva a hablar de una organización criminal: el dinero. No solo se habrían utilizado recursos operacionales, como las armas y los vehículos para el asesinato de civiles, sino que también se habrían usado gastos reservados destinados al pago de recompensas para, por ejemplo, pagar $1 millón por cada víctima que reclutaran los civiles involucrados.
De acuerdo con la investigación de la JEP, el Estado Mayor del batallón móvil y batallón estaban en contacto constante con el general (r) Paulino Coronado, entonces comandante de la Brigada 30, quien también fue imputado por la JEP y es el militar de más alto rango en estar imputado por los hechos ocurridos en el Catatumbo. Coronado fue retirado del Ejército desde el gobierno de Álvaro Uribe, precisamente por estos hechos. Los oficiales de estas supuestas organizaciones criminales, precisó la justicia especial, “se reportaban ante Coronado permanentemente informando sobre aspectos administrativos y operacionales, y este impartía órdenes sobre la forma de conducir las operaciones”.
El general en retiro, los otros nueve militares y el civil imputado tendrán ahora 30 días para comunicarle a la JEP si aceptan su responsabilidad o si, por el contrario, deciden ir a un juicio para probar su inocencia. Sobre la imputación de la JEP, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), John Marulanda, le dijo a Noticias Caracol que: “No puede la JEP decir que existió una política institucional del conteo de cuerpos, una doctrina que nunca funcionó en Colombia y que fue caracterizada por los Estados Unidos en su intervención en Vietnam. Pero también nos asombra y nos desconcierta que la JEP diga ahora que hubo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo cual contradice reiteradamente las persistentes estadísticas de organizaciones internacionales que demuestran que la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, es la institución más apreciada por los colombianos”.