Una década le tomó al excongresista santandereano Aristides Andrade probar su inocencia ante el falso testimonio de un exparamilitar. Pero ahora, sin el temor de ser capturado, constata cómo ese testigo falso maniobra desde la cárcel para impedir que la justicia pruebe sus argucias. Desde que la Fiscalía le imputó cargos en agosto de 2014, van 15 audiencias sin que el acusado se deje juzgar. Su cómplice en la cadena de infundios lleva 12 audiencias apelando a la misma estrategia: no asistir o no llevar abogado.
Esta historia comienza en abril de 2008, cuando a la jurisdicción de Justicia y Paz, creada para el proceso de negociación entre el gobierno Uribe y el paramilitarismo, se asomó Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero. El sujeto llevaba preso nueve años sin mayores aportes a la justicia de sus andanzas en el paramilitarismo, incluida su participación en la masacre de Barrancabermeja, la que dejó siete muertos y 25 desaparecidos en mayo de 1998. Sin embargo, lo dejaron entrar a Justicia y Paz y sacó a relucir su habilidad para obtener dividendos de ese ingreso.
Con paso previo por la cárcel de Itagüí, donde los jefes paramilitares en Santander, Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, e Iván Duque, alias Ernesto Báez, manejaban los hilos de las declaraciones judiciales, el Panadero entró a Justicia y Paz. Pero en vez de confesar sus crímenes como paramilitar, recordó que primero había sido guerrillero del frente 24 de las Farc y que, según él, tenía un episodio por referir. Su participación directa en el crimen del secretario de Obras de Barrancabermeja, David Núñez Cala, asesinado el 5 de abril de 1991.
El Panadero confesó que él conducía la moto desde la cual un compinche asesinó a Núñez Cala, pero agregó que en la planeación del crimen habían intervenido los dirigentes políticos David Ravelo y Aristides Andrade. En la época de los hechos, el primero era dirigente de la Unión Patriótica y el segundo congresista liberal. En orillas contrarias y contradictores políticos de siempre en Barrancabermeja, solo tenían un aspecto en común: ambos habían sido férreos contradictores del avance paramilitar en Santander y el puerto petrolero.
Incluso, cuando el Panadero dio su versión en abril de 2008, en la región Ravelo y Andrade seguían como opositores de la cooptación paramilitar a través de la política. Ravelo como dirigente del Polo Democrático, y Andrade en apoyo a su hija Claudia Andrade, que terminaba período como concejal de Barrancabermeja, pero había perdido la Alcaldía del puerto en las elecciones de octubre de 2007, en una campaña en la que predominó la calumnia y la mano oculta del paramilitarismo en su velada estrategia de capturar el poder local.
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Aristides Andrade recuerda que se enteró de que el tal Panadero lo había señalado del crimen de Núñez por una llamada de El Tiempo para preguntarle. “Pensé que era un error porque Núñez no solo visitaba asiduamente mi casa, sino que era uno de mis pupilos en el circulo político”, refiere. Pero todo cambió a partir de julio de 2009 cuando súbitamente el fiscal 22 antiterrorismo William Pacheco acogió la versión del Panadero y abrió investigación contra Andrade y Ravelo por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
Años después, el periodista Daniel Coronell reveló en su columna de la revista Semana que ese fiscal Pacheco había sido destituido por la Procuraduría por un caso de desaparición forzada en Armenia cuando era teniente de la Policía. Sin embargo, cuando el hecho se conoció en 2013, ya Ravelo estaba condenado a 18 años de prisión, y Andrade, argumentando ausencia de garantías y falta de competencia de la Corte Suprema, se negó a comparecer ante el alto tribunal y optó por defenderse desde la clandestinidad.
“La Corte asumió la investigación en 2011 sin escucharme, sin opción de defenderme. Pensé en entregarme, pero amigos y allegados insistieron en que, con lo sucedido a Ravelo, no debía someterme a una injusta ignominia. Con el tiempo, la propia Corte admitió que, si bien la contumacia puede ser indicio de culpabilidad, no necesariamente la asegura”, comenta Andrade. Por eso, optó por dar la pelea huyendo. Con una desventaja: en ese momento, el Panadero era testigo estrella de la Fiscalía.
Sin embargo, otro capítulo judicial cambió su cómoda posición y, sin quererlo, le dio otra perspectiva al caso Ravelo y Andrade. Ese mismo 2011, la fiscal Viviane Morales ordenó revisar el caso de la periodista Jineth Bedoya que permanecía en la impunidad y, en febrero de 2012, el Panadero fue llamado a indagatoria. Como lo admitió en una diligencia judicial del caso Ravelo, él confiaba en que Justicia y Paz se iba a encargar de resolver esa incómoda situación. Entretanto, se dedicó a dilatarla.
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La defensa de Andrade, advertida de esta novedad judicial, optó por denunciar al Panadero por los delitos de falso testimonio y fraude procesal en mayo de 2013. Un año después, la Fiscalía le imputó cargos y lo llamó a juicio. Pero él decidió aplicar la misma estrategia del caso Bedoya: no acudir a las citaciones, no dejarse conducir por el Inpec o presentarse sin abogado. La defensa de Andrade replicó denunciando al exparamilitar Fremio Sánchez, compadre del Panadero y validador de sus declaraciones.
En adelante, se abrieron dos procesos por falso testimonio, pero en ambos, tanto el Panadero como Fremio Sánchez siguieron en el mismo juego: impedir sus juicios. En contraste, Ravelo siguió en prisión y Andrade, con muchas dificultades sumando pruebas con su abogado para desbaratar el montaje. No obstante, el caso Bedoya volvió a alterar los planes al Panadero. Sin opción de seguir dilatándolo, pero en espera de que Justicia y Paz obrara como su salvavidas, en febrero de 2016 aceptó cargos.
Un mes después, en marzo de 2016, fue condenado a 28 años de prisión por secuestro, tortura y violación de la periodista. Desde ese momento la suerte de David Ravelo y Aristides Andrade empezó a cambiar. En junio de 2017, tras seis años y nueve meses en prisión, Ravelo se acogió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y quedó libre. No porque hubiese reconocido militancia y mucho menos el crimen de David Núñez en 1991, sino para demostrar que fue privado de la libertad por un montaje judicial de falsos testigos.
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Dos meses después, por faltar a la verdad, el Panadero fue expulsado de Justicia y Paz. Solo restaba por resolverse el caso Andrade, juzgado por la Corte como persona ausente. En abril de 2018, exactamente 10 años después de los señalamientos del Panadero, el excongresista fue absuelto en el máximo tribunal. “Me quedó la sensación de que se cometió un atropello conmigo. Fue una década en la que mi hija interrumpió su actividad para dedicarse a buscar las pruebas de mi inocencia”.
El dilema ahora es que hace ocho meses fue absuelto, pero no ha logrado que avancen los procesos contra el Panadero y Fremio Sánchez. El primer caso está radicado en un juzgado penal de Bucaramanga, y van 15 audiencias. Las últimas convocatorias fallidas fueron el 12 de julio porque el abogado del Panadero no asistió, y el 6 de septiembre porque no había conexión con la cárcel. La audiencia de juzgamiento se inició en febrero de 2017, pero ya va en la próxima cita: febrero de 2019.
Lo paradójico es que en el caso de Fremio Sánchez ocurre lo mismo. Desde agosto de 2017, la Fiscalía le imputó cargos por falso testigo, pero el procesado o no llega a la audiencia o no comparece su abogado. El pasado 26 de octubre se aplazó para el 30, pero ese día tampoco fue el abogado ni a él lo llevaron desde la cárcel. La audiencia se pospuso para el 28 de noviembre, pero tampoco pudo hacerse. A diferencia del Panadero, el proceso está radicado en Bogotá y aplazado para este 2019.
“El daño sigue porque cada aplazamiento implica pagar pasajes y abogado. Y el perjuicio moral y político también, porque si bien la Corte me absolvió, hay verdades por aclarar. Fui el más perjudicado con el crimen de David Núñez. Si hubiera sido alcalde habría llegado con mi apoyo. Después perdimos la Alcaldía. En 2002, los paramilitares me sacaron de la política, como lo admitió Ernesto Báez. Cuando mi hija peleaba contra su influencia en el puerto, surgió el complot que la ciudad debe conocer”, precisó Andrade.
“Me acusó un bandido que en un solo día participó en la muerte de 32 personas, pero aspiraba a quedar libre y que pagara por sus crímenes. Espero que ahora cuente quiénes estuvieron tras su falso testimonio”, añade Andrade. Además insiste en que se cuente la historia de cómo el puerto petrolero terminó siendo una joya de la corona cercada por dos violencias. “No le jalamos a la lucha armada ni permitimos que las guerrillas se apoderaran de la administración. Tampoco pudieron los paramilitares. Pero quedó una cultura de ilegalidad y corrupción que ahora se debe combatir”.
Por Redacción Judicial
