Las preguntas de la Corte Constitucional

En un auto de 23 páginas, conocido por El Espectador, la Corte Constitucional le solicitó a la Unidad de Víctimas y al Ministerio de Educación un informe conjunto en el que se respondan a varias preguntas hechas por el alto tribunal respecto a la política de educación para la población desplazada. Para el alto tribunal,  el derecho a la educación es una de las garantías constitucionales que resultan principalmente afectadas por el desplazamiento forzado, “por cuanto los menores en edad escolar que sufren este flagelo en el común de los casos se ven obligados a interrumpir su proceso de formación educativa”. 

Por ello la Corte Constitucional le hizo varias preguntas al Ministerio de Educación y a la Unidad de Víctimas, entre ellas, sobre la cantidad de menores de edad afectados por el desplazamiento forzado que se encuentran, actualmente, en el sistema educativo. Esto porque, en un informe de 2013, el Gobierno identificó, del total de población víctima del Registro Único de Víctimas, a 1.068.644 estudiantes víctimas que están siendo atendidos en el sistema educativo oficial. Pero, de conformidad con lo manifestado por la Unidad de Víctimas y la Red Nacional de Información, aparecen registradas más de 2.154.405 víctimas cuya edad oscila entre los 0 y 17 años.

Ante lo cual la Corte preguntó ¿cuál es el número de menores víctimas del desplazamiento forzado que se encuentran por fuera del sistema educativo? Y si el gobierno conoce el número de cupos que se necesitan para garantizar a las personas desplazadas, en especial a aquellos en edad escolar, el derecho a la educación. De la misma forma, por orden de la Corte, estas dos entidades deben informar ¿cuántos recursos han sido transferidos a las respectivas secretarías de Educación entre 2012 y 2014 para “garantizar la entrega de útiles escolares, transporte y uniformes a la población desplazada?”. 

La Corte preguntó, además, ¿qué acciones se están adelantando en las instituciones educativas para garantizar que la población desplazada no sea víctima en el contexto escolar de nuevos actos de rechazo y estigmatización? Igualmente, el alto tribunal se refirió a un informe del Ministerio de Educación de 2012 en el que se señalaba que el 87.1% de los menores víctimas de desplazamiento forzad asistían regularmente a estudiar. Cifra que para febrero de 2015 era de 87.8%. 

Ante este panorama, la Corte preguntó vehemente “¿por qué razón, a pesar de la creación de distintos programas, el aumento de la capacidad humana, y la materialización de importantes inversiones, en la práctica la encuesta de medición de indicadores sólo evidenció un levísimo aumento en el índice de goce efectivo de derechos?” y “¿qué acciones o estrategias se están adelantando para garantizar una mayor asistencia escolar por parte de la población desplazada en el próximo cuatrienio?”.  

Y, por último, preguntó si a la fecha ya se presentaron los lineamientos educativos para ajustar la política de educación a la Ley de Víctimas, lo que, al parecer, no ha ocurrido. La Corte concluyó con un vehemente llamado al asegurar que “es indispensable que las entidades involucradas en la materia sistematicen la información estatal y en ejercicio de los principios de lealtad procesal alleguen a esta sala de la forma más clara y concreta, todas y cada una de las variables, datos y estadísticas anteriormente solicitadas, es decir, tanto las que benefician al gobierno como aquellas que le son negativas”. 

En un auto de 23 páginas, conocido por El Espectador, la Corte Constitucional le solicitó a la Unidad de Víctimas y al Ministerio de Educación un informe conjunto en el que se respondan a varias preguntas hechas por el alto tribunal respecto a la política de educación para la población desplazada. Para el alto tribunal,  el derecho a la educación es una de las garantías constitucionales que resultan principalmente afectadas por el desplazamiento forzado, “por cuanto los menores en edad escolar que sufren este flagelo en el común de los casos se ven obligados a interrumpir su proceso de formación educativa”. 

Por ello la Corte Constitucional le hizo varias preguntas al Ministerio de Educación y a la Unidad de Víctimas, entre ellas, sobre la cantidad de menores de edad afectados por el desplazamiento forzado que se encuentran, actualmente, en el sistema educativo. Esto porque, en un informe de 2013, el Gobierno identificó, del total de población víctima del Registro Único de Víctimas, a 1.068.644 estudiantes víctimas que están siendo atendidos en el sistema educativo oficial. Pero, de conformidad con lo manifestado por la Unidad de Víctimas y la Red Nacional de Información, aparecen registradas más de 2.154.405 víctimas cuya edad oscila entre los 0 y 17 años.

Ante lo cual la Corte preguntó ¿cuál es el número de menores víctimas del desplazamiento forzado que se encuentran por fuera del sistema educativo? Y si el gobierno conoce el número de cupos que se necesitan para garantizar a las personas desplazadas, en especial a aquellos en edad escolar, el derecho a la educación. De la misma forma, por orden de la Corte, estas dos entidades deben informar ¿cuántos recursos han sido transferidos a las respectivas secretarías de Educación entre 2012 y 2014 para “garantizar la entrega de útiles escolares, transporte y uniformes a la población desplazada?”. 

La Corte preguntó, además, ¿qué acciones se están adelantando en las instituciones educativas para garantizar que la población desplazada no sea víctima en el contexto escolar de nuevos actos de rechazo y estigmatización? Igualmente, el alto tribunal se refirió a un informe del Ministerio de Educación de 2012 en el que se señalaba que el 87.1% de los menores víctimas de desplazamiento forzad asistían regularmente a estudiar. Cifra que para febrero de 2015 era de 87.8%. 

Ante este panorama, la Corte preguntó vehemente “¿por qué razón, a pesar de la creación de distintos programas, el aumento de la capacidad humana, y la materialización de importantes inversiones, en la práctica la encuesta de medición de indicadores sólo evidenció un levísimo aumento en el índice de goce efectivo de derechos?” y “¿qué acciones o estrategias se están adelantando para garantizar una mayor asistencia escolar por parte de la población desplazada en el próximo cuatrienio?”.  

Y, por último, preguntó si a la fecha ya se presentaron los lineamientos educativos para ajustar la política de educación a la Ley de Víctimas, lo que, al parecer, no ha ocurrido. La Corte concluyó con un vehemente llamado al asegurar que “es indispensable que las entidades involucradas en la materia sistematicen la información estatal y en ejercicio de los principios de lealtad procesal alleguen a esta sala de la forma más clara y concreta, todas y cada una de las variables, datos y estadísticas anteriormente solicitadas, es decir, tanto las que benefician al gobierno como aquellas que le son negativas”.