Veintidós años, tres meses y cinco días después del holocausto del Palacio de Justicia —en el que se incineró la memoria judicial del país y en el que perdieron la vida cerca de un centenar de personas—, la Fiscalía concluyó en un voluminoso documento de 299 páginas conocido por El Espectador que el hombre que dijo entonces a voz en cuello en los medios de comunicación “Aquí, defendiendo la democracia, maestro”, el coronel Alfonso Plazas Vega, fue uno de los responsables de la desaparición, tortura sicológica y el secuestro de al menos 11 personas que salieron con vida en los trágicos hechos ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
Para el ente acusador no hay duda de que el coronel Plazas Vega impartió órdenes para el manejo de personas liberadas en las pesebreras de la Escuela de Caballería; el oficial tenía entonces no sólo funciones operativas, sino también de inteligencia; estaba entrenado junto con los militares de su unidad en el Plan Tricolor, un documento de operaciones para la lucha contra la subversión elaborado por el Ejército, que contemplaba la entrega de información por parte de guerrilleros capturados; y, finalmente, los registros fílmicos y documentos oficiales en los que consta que varias personas fueron llevadas a la Brigada 13 y luego torturadas.
Según la decisión, la defensa del coronel Plazas no pudo probar que la violenta reacción de la Fuerza Pública para retomar el control del Palacio de Justicia fue “improvisada”. Todo lo contrario, asegura la fiscal, pues se “evidencia que todo estaba plenamente establecido, definido y determinado”. En otras palabras, el Ejército ya tenía manuales de instrucciones claros a seguir en el evento de acciones guerrilleras y un modelo para responder ante estas acciones. Por eso era tan importante para los militares “controlar los liberados de Palacio”, ubicados en la Casa del Museo del Florero.
Dice la providencia además que todos los comandantes de las unidades tácticas del Ejército conocían que los guerrilleros del M-19 se estaban cambiando de ropa en el interior del Palacio de Justicia para hacerse pasar como civiles rescatados, y que por esa razón todos los liberados fueron sometidos a interrogatorios y algunos llevados después a las pesebreras de la Escuela de Caballería y luego torturados y desaparecidos. Pero no sólo fueron los testimonios de familiares y los documentos televisivos las piezas fundamentales de este proceso. La declaración del cabo Édgar Villamizar Espinel fue contundente para sellar la suerte del coronel Plazas Vega.
El suboficial declaro el 1º de agosto de 2007 en la Fiscalía que por órdenes de Plazas Vega fueron conducidos a la Escuela de Caballería las personas que “él denomina de la cafetería del Palacio” y, en detalle, relató cómo fueron torturadas. “Alguien le pregunta al coronel Plazas qué hacemos con esta gente y es cuando manifiesta abiertamente ‘cuelguen esos hp’ ”, contó Villamizar. Y agregó que a las personas las colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago y con cables les ponían electricidad en el cuerpo.
“Me alcanzo a acordar bien de la que primero se trajo: le rasgaron la blusa, le dejaron los senos a la intemperie. A uno de los detenidos, Achury le amarró las manos con una cabuya, lo acostó boca arriba, le envolvió una toalla sobre la cabeza y le empezaron a echar agua en las fosas nasales. Él le decía que no le hiciera eso, que él era de la cafetería. Como a los 10 ó 15 minutos sale Achury y comenta ‘curso, curso, se me fue este h.p’ ”, le reveló a la justicia el suboficial Villamizar.
Asimismo, se allegó al proceso el acta de una inspección judicial efectuada a la Escuela de Caballería el 4 de febrero de 1986. En ésta se estableció que a las 11:30 a.m. del 7 de noviembre de 1985 ingresaron a ese lugar siete detenidos por orden de la Brigada 13. Específicamente, estas personas fueron registradas en el Sector de Coordinación Reservado, al mando del capitán Estupiñán, y aún es un misterio la suerte que corrieron. De hecho, el “mismo coronel Edilberto Sánchez Rubiano (jefe de inteligencia de la Brigada 13 y también llamado a juicio por la Fiscalía) afirma que el coronel Plazas entrevistaba a los rehenes liberados”, señaló la Fiscalía.
El ente acusador resalta en su providencia que en el ejercicio legítimo de las Fuerzas Militares por retomar el control del Palacio de Justicia “lamentablemente se generaron actos que no pueden ser desconocidos y ni siquiera justificados por el rescate de más de 200 vidas. Una sola vida que se trunque por acción de las fuerzas instituidas para proteger a los miembros de un conglomerado que deben confiar en sus instituciones, es suficiente para emitir desaprobación y creemos que un mayor reproche”, argumentó la fiscal.
A lo largo del expediente el coronel (r) Plazas Vega ha sostenido que nada tuvo que ver con el manejo que se les dio después a las personas que salieron con vida del Palacio. Que esa labor le correspondió al coronel Edilberto Sánchez, que en las distintas investigaciones realizadas por la justicia durante 20 años no sólo quedó probada la responsabilidad del M-19 en el holocausto, sino que además en dichos fallos se exoneró de responsabilidad a los militares que participaron en el operativo de retoma.
“Cómo puede usted sin tener un indicio o prueba endilgar el delito de desaparición forzada a un miembro del Ejército que lo único que hizo fue enfrentarse a los guerrilleros del M-19 y mantener la democracia frente a quienes asaltaron el Palacio masacrando a nuestros honorables magistrados, incendiando los archivos que les interesaba desaparecer y obviamente causando un terrorífico incendio que terminó por extinguir las vidas de brillantes funcionarios judiciales, empleados, civiles y militares”, le escribió el ex oficial a la Fiscalía.
En concreto, las declaraciones de los testigos Édgar Villamizar, César Sánchez Cuesta, Carlos Martínez y José Daniel Quijano fueron esenciales para que la Fiscalía responsabilizara a Plazas Vega por desaparición forzada, secuestro y tortura sicológica. Una decisión con unos alcances históricos que apenas empiezan a vislumbrarse y que podría terminar de comprometer a la cadena de mando, en ese entonces encabezada por los generales Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13, y Rafael Samudio Molina, a la sazón jefe de las Fuerzas Militares. Los familiares de los desaparecidos han insistido en que la justicia los investigue. ¿Lo hará algún día?
Por Redacción Judicial
