La muerte de Juliana Giraldo, la mujer trans que fue asesinada en septiembre de 2020 en el municipio de Miranda, (Cauca), cuando se aproximaba a un retén del Ejército, sigue sin resolverse. El proceso judicial promete moverse con fuerza durante el primer semestre de este año. El próximo 15 de febrero, la Fiscalía y los representantes de la víctima llevarán ante un juzgado de Popayán las pruebas que relacionan al soldado en retiro, Cristian Saavedra Arias, como el presunto responsable del crimen. El ente acusador condensó en el escrito de acusación de 15 páginas las pruebas que tiene para asegurar que el exmilitar es el culpable del homicidio. Entre ellas, informes de Medicina Legal y expedientes balísticos con los que pretende que el juzgado esclarezca el homicidio.
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Saavedra, quien estaba adscrito al batallón de alta montaña número 8, según la Fiscalía, salió de un cañaduzal en la vía que del municipio de Miranda conduce a Corinto en el Cauca, cuando evidenció que el carro Mazda blanco de placas ZIA-301, en donde se movilizaba Giraldo con su esposo, Francisco Larragaña y dos amigos más, se devolvió para evadir el retén. Lo que reposa en la investigación es que los tripulantes tomaron esa decisión porque, siempre que eran requeridos por la fuerza pública, Juliana era detenida porque en los documentos de identificación aún aparecía con su nombre de pila: Carlos Julio Giraldo Díaz, y, además, en ese momento, no portaba la cédula.
Aunque Saavedra y otro soldado que estaban en la zona para “neutralizar” las acciones del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc no tenían la orden de disparar, el hoy militar acusado lo hizo “desacatando la instrucción impartida”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación. Lo que aseguran los informes de balística es que el exmilitar accionó el fusil en dos ocasiones impactando el vehículo en el panorámico trasero, ocasionando la muerte de Juliana Giraldo y dañando la llanta de repuesto que estaba en el baúl del carro. “El soldado regular Cristian Saavedra Díaz, conocía que en desarrollo de las operaciones indicadas accionaba su armamento de dotación oficial sin causa justificada”, reprocha la Fiscalía.
A juicio del ente acusador, el soldado desconoció los “parámetros” básicos de la misión que cumplían en el lugar, vulnerando con ello los derechos humanos de la población civil. Para la Fiscalía, está claro que Saavedra sabía que con su acción podía generar daños y aun así decidió disparar su arma. “El soldado regular Cristian Saavedra, al momento de cometer este hecho, era una persona con capacidad de comprender lo ilícito de su actuación y era consciente que se trata de una conducta prohibida en nuestro ordenamiento jurídico y a quien le era exigible ajustar su conducta dentro de un marco de legalidad”, explicó el ente acusador en el documento conocido por este diario. El exmilitar deberá defenderse en juicio del delito de homicidio en persona protegida.
Entre las pesquisas de la Fiscalía se encuentra una prueba de balística que hicieron miembros del CTI en octubre de 2020 en el lugar de los hechos. La finalidad era, con base en el dictamen de Medicina Legal, impactar el vidrio panorámico trasero de un carro, simulando la situación en la que perdió la vida Juliana Giraldo. En el informe reposa que, además del orificio de entrada, se presentó una fragmentación en varias partes del vehículo y que el impacto se tuvo que registrar con una distancia de tres metros desde que salió del fusil. Del mismo modo, la prueba balística concluyó que Juliana Giraldo se encontraba en la silla delantera del carro con un leve giro de la cabeza a la derecha.
Por otra parte, el dictamen de Medicina Legal dice que Juliana Giraldo, además del impacto que tuvo con el proyectil con el que perdió la vida, fue lesionada con el segundo disparo que rozó la parte superior de su cabeza. Ambas situaciones, además de lesiones, le dejó un trauma craneoencefálico. En un principio, se dijo que Giraldo había llegado muerta al retén, sin embargo, esa tesis quedó desmentida por un documento que fue filtrado luego del reciente hackeo al Comando General de las Fuerzas Militares, realizado por el colectivo de hackers Guacamaya. El Espectador tuvo acceso a estos archivos secretos a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio de periodistas radicado en Francia que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados.
Según esa filtración de documentos secretos, al que también tuvo acceso El País América, el soldado Saavedra, junto con otro compañero, se aceró al vehículo para hacer una requisa y evidenció que las cuatro personas, supuestamente, estaban fumando marihuana y que, cuando les pidieron que bajaran del carro, se negaron a hacerlo y emprendieron la huida. En medio de esa situación, Saavedra cayó al piso y desenfundó el arma con la intención de impactar una de las llantas para que se detuviera el vehículo. En el informe operacional quedó consignado que darse a la fuga fue una situación que Saavedra catalogó como sospechosa por parte de Juliana Giraldo y sus compañeros.
Aunque existen varias versiones sobre la muerte de Giraldo, será un juzgado de Popayán el que defina si Saavedra es culpable de la muerte de Juliana Giraldo. Lo que reposa en la información obtenida por este diario es que, un poco más de un mes después de ocurrido el crimen, Saavedra recibió su tarjeta de conducta con el calificativo de “excelente conducta durante su servicio militar obligatorio prestado”. La muerte de Juliana Giraldo fue reportada por redes sociales cuando Francisco Larragaña, su pareja sentimental, publicó un video en el que mencionaba que la habían matado. El caso generó consternación en su momento, pero solo dos años y medio después, el proceso judicial para investigar los motivos de su asesinatos, empieza a moverse.
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