Ante un juez de conocimiento la Fiscalía General presentará los 150 elementos materiales de prueba, entre documentos y testigos, con los que pretende demostrar la responsabilidad del exconcejal del Partido Verde, José Juan Rodríguez Rico por el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El ente investigador sostiene que el entonces cabildante habría utilizado su posición política y su influencia para lograr que una empresa se beneficiara con la entrega del multimillonario contrato de la fase III de TransMilenio por la calle 26, convenio contractual que se celebró durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
Con esta actuación, sostiene la Fiscalía General, Rodríguez Rico habría incurrido en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, puesto que utilizó su “investidura y dignidad” para lograr la designación de Liliana Pardo como directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y un grupo de funcionarios para beneficiar a un contratista en específico que para garantizar la entrega del contrato pagó millonarias comisiones.
El exconcejal se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá y en repetidas oportunidades ha manifestado su inocencia en este caso.