Las pruebas de la Fiscalía en contra de Daniel Díaz, fiscal del cartel de la hemofilia

Daniel Fernando Díaz Torres, fiscal 78 de la Unidad Anticorrupción, y José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud del departamento de Córdoba, se declararon inocentes por los delitos de concierto para delinquir y cohecho (soborno) que la Fiscalía le imputó, este miércoles, ante la jueza 76 de garantías. La Fiscalía, en la imputación de cargos, explicó que Díaz Torres y Pareja Alemán tienen responsabilidad, entre otras cosas, por en el desvío de las investigaciones que se estaban realizando por el cartel de la hemofilia.

En la audiencia, el organismo investigativo precisó que los hechos se remontan a junio de 2016 cuando Martha Inés Sepúlveda, fiscal que investigaba el cartel de la hemofilia en esa zona del país, empezó a ser objeto de “presiones indebidas”. Presiones que, según la Fiscalía, se realizaron tres meses después cuando Luis Gustavo Moreno tomó posesión como jefe de la Unidad Anticorrupción.

La investigación dice que el propósito de Moreno era favorecer a funcionarios públicos que estaban siendo investigados por el cartel de la hemofilia. Favorecimientos que el exfiscal –en lista de extraditables– habría logrado a través de comités técnicos que, lejos de proyectar avances en las investigaciones, buscaban “desplazar y reemplazar el equipo de trabajo” que comandaba la fiscal Sepúlveda. Los fines de Moreno se cumplieron mediante resolución del 23 de diciembre de 2016 cuando se designó, como nuevo fiscal de la investigación, a Daniel Fernando Díaz Torres.

La Fiscalía apunta a que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons; Edwin Besaile, actual gobernador del departamento; y su hermano y senador de la República, Musa Besaile, estarían entre las personas favorecidas por las acciones desplegadas por Díaz Torres, en cabeza del exfiscal Moreno. Por eso, la Fiscalía, empezando la audiencia, manifestó que compulsará copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue si estas personas tendrían alguna responsabilidad por estos hechos.

Cuando Torres Díaz asume la investigación, ordenó una inspección a la gobernación del Córdoba con el propósito de obtener las resoluciones expedidas en 2016. Estas resoluciones, al parecer, contenían la aprobación de pagos de prestaciones de servicios de salud y suministros de medicamentos para pacientes con hemofilia, así como copia de los informes de auditoría por medio de los cuales se autorizaban dichos pagos.

En consecuencia, esos documentos contenían las actas por medio del cual José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud, reconoció y ordenó el pago de $1.525 millones a la Ips San José de la Sabana por el suministro de medicamentos no pos a favor de 14 pacientes. Además, de la información que Díaz Torres tuvo en su poder, se encontraba un informe de auditoría de la Contraloría donde expresa que ya  venían detectando pagos irregulares por un valor superior a $5.750 millones.

Para la Fiscalía, es claro que Pareja también tiene responsabilidad por reconocer el pago de $1.525 millones que fueron suministrados a la Ips de manera irregular, y que Díaz Torres conocía de las defraudaciones al sistema de la salud que pasadan en ese departamento por ese pago, especialmente, porque era él el que estaba al tanto de los pormenores de las investigaciones.

Otro de los apartes que reveló la Fiscalía es que Moreno le cobró a su socio, el abogado Leonardo Pinilla –conocido como Porcino–,  $1.500 millones para no judicializar al señor José Jaime Pareja y al gobernador Edwin Besaile. Pinilla, entonces, decide negociar por su propia cuenta con Díaz Torres para favorecer a Pareja y a otros implicados por el cartel de la hemofilia. “Usted, fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, acepto promesas remuneratorias por $300 millones para no judicializar a José Jaime Pareja”, dijo la Fiscalía.

La fiscal, además, dice que otros de los investigados, Guillermo Pérez Ardila, exrepresentante legal de la Ips Unidos por su Bienestar, era socio de la Ips San José de la Sabana. “El primer ofrecimiento de dinero realizado por Leonardo Pinilla, según parece, fue a usted (Daniel Díaz) y consistió en $60 millones de $100 millones que habría cobrado por algún trámite en el curso de las investigaciones por el cartel de la hemofilia”. Pinilla, en ese entonces, era el defensor de Pérez Ardila.

“Daniel Fernando Díaz Torres decidió contrariar sus deberes y, en lugar de actuar coherentemente con el recaudo probatorio en contra del doctor José Jaime Pareja, acuerda con usted (Pareja) y con el abogado Leonardo Pinilla, no actuar a cambio de dadivas, prebendas y dinero”, agregó la fiscal. Estas exigencias, según la investigación, consistieron en ubicar laboralmente a Neida Alexandra Plazas Arenas, compañera sentimental del fiscal 78, en un cargo con un salario superior a los $5 millones. Este ofrecimiento, al parcer, fue ordenado por Bernardo Miguel Elías, más conocido como Ñoño Elías, quien, al parecer, dio la instrucción para que Plazas Arenas fuera ubicada en el Fonade.

Daniel Fernando Díaz Torres, fiscal 78 de la Unidad Anticorrupción, y José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud del departamento de Córdoba, se declararon inocentes por los delitos de concierto para delinquir y cohecho (soborno) que la Fiscalía le imputó, este miércoles, ante la jueza 76 de garantías. La Fiscalía, en la imputación de cargos, explicó que Díaz Torres y Pareja Alemán tienen responsabilidad, entre otras cosas, por en el desvío de las investigaciones que se estaban realizando por el cartel de la hemofilia.

En la audiencia, el organismo investigativo precisó que los hechos se remontan a junio de 2016 cuando Martha Inés Sepúlveda, fiscal que investigaba el cartel de la hemofilia en esa zona del país, empezó a ser objeto de “presiones indebidas”. Presiones que, según la Fiscalía, se realizaron tres meses después cuando Luis Gustavo Moreno tomó posesión como jefe de la Unidad Anticorrupción.

La investigación dice que el propósito de Moreno era favorecer a funcionarios públicos que estaban siendo investigados por el cartel de la hemofilia. Favorecimientos que el exfiscal –en lista de extraditables– habría logrado a través de comités técnicos que, lejos de proyectar avances en las investigaciones, buscaban “desplazar y reemplazar el equipo de trabajo” que comandaba la fiscal Sepúlveda. Los fines de Moreno se cumplieron mediante resolución del 23 de diciembre de 2016 cuando se designó, como nuevo fiscal de la investigación, a Daniel Fernando Díaz Torres.

La Fiscalía apunta a que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons; Edwin Besaile, actual gobernador del departamento; y su hermano y senador de la República, Musa Besaile, estarían entre las personas favorecidas por las acciones desplegadas por Díaz Torres, en cabeza del exfiscal Moreno. Por eso, la Fiscalía, empezando la audiencia, manifestó que compulsará copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue si estas personas tendrían alguna responsabilidad por estos hechos.

Cuando Torres Díaz asume la investigación, ordenó una inspección a la gobernación del Córdoba con el propósito de obtener las resoluciones expedidas en 2016. Estas resoluciones, al parecer, contenían la aprobación de pagos de prestaciones de servicios de salud y suministros de medicamentos para pacientes con hemofilia, así como copia de los informes de auditoría por medio de los cuales se autorizaban dichos pagos.

En consecuencia, esos documentos contenían las actas por medio del cual José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud, reconoció y ordenó el pago de $1.525 millones a la Ips San José de la Sabana por el suministro de medicamentos no pos a favor de 14 pacientes. Además, de la información que Díaz Torres tuvo en su poder, se encontraba un informe de auditoría de la Contraloría donde expresa que ya  venían detectando pagos irregulares por un valor superior a $5.750 millones.

Para la Fiscalía, es claro que Pareja también tiene responsabilidad por reconocer el pago de $1.525 millones que fueron suministrados a la Ips de manera irregular, y que Díaz Torres conocía de las defraudaciones al sistema de la salud que pasadan en ese departamento por ese pago, especialmente, porque era él el que estaba al tanto de los pormenores de las investigaciones.

Otro de los apartes que reveló la Fiscalía es que Moreno le cobró a su socio, el abogado Leonardo Pinilla –conocido como Porcino–,  $1.500 millones para no judicializar al señor José Jaime Pareja y al gobernador Edwin Besaile. Pinilla, entonces, decide negociar por su propia cuenta con Díaz Torres para favorecer a Pareja y a otros implicados por el cartel de la hemofilia. “Usted, fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, acepto promesas remuneratorias por $300 millones para no judicializar a José Jaime Pareja”, dijo la Fiscalía.

La fiscal, además, dice que otros de los investigados, Guillermo Pérez Ardila, exrepresentante legal de la Ips Unidos por su Bienestar, era socio de la Ips San José de la Sabana. “El primer ofrecimiento de dinero realizado por Leonardo Pinilla, según parece, fue a usted (Daniel Díaz) y consistió en $60 millones de $100 millones que habría cobrado por algún trámite en el curso de las investigaciones por el cartel de la hemofilia”. Pinilla, en ese entonces, era el defensor de Pérez Ardila.

“Daniel Fernando Díaz Torres decidió contrariar sus deberes y, en lugar de actuar coherentemente con el recaudo probatorio en contra del doctor José Jaime Pareja, acuerda con usted (Pareja) y con el abogado Leonardo Pinilla, no actuar a cambio de dadivas, prebendas y dinero”, agregó la fiscal. Estas exigencias, según la investigación, consistieron en ubicar laboralmente a Neida Alexandra Plazas Arenas, compañera sentimental del fiscal 78, en un cargo con un salario superior a los $5 millones. Este ofrecimiento, al parcer, fue ordenado por Bernardo Miguel Elías, más conocido como Ñoño Elías, quien, al parecer, dio la instrucción para que Plazas Arenas fuera ubicada en el Fonade.