Las pruebas de una ejecución extrajudicial durante el gobierno Duque

El homicidio en 2020 de Joel Aguablanca Villamizar, líder de educación nacional del pueblo indígena U’wa, acaba de ser sancionado por la Procuraduría en un fallo de primera instancia. La entidad encontró responsables de una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) a los soldados Daniel Yovany Gaviria Escobar, Hamilton Estiben Cortés Baquero, José David López Viloria y Jimmy Rafael Trejo Leguía. Un grupo de militares del Batallón de Infantería 13 - General Custodio García Rovira, de la Segunda División del Ejército, quienes, bajo el mando del capitán Andrés Felipe Rodríguez Pardo, mataron sin piedad, de un balazo en la espalda, a una autoridad de la comunidad protectora del nevado del Cocuy y de la naturaleza en los Santanderes.

En el fallo de 75 páginas conocido por El Espectador, la Procuraduría ordenó la expulsión del Ejército de cuatro militares y les prohibió ejercer cargos públicos durante 15 años, dada la gravedad de su conducta. Además de su responsabilidad por la muerte de Aguablanca, las pruebas del proceso dan cuenta de la estrategia de la defensa de los procesados, quienes intentaron darle validez al homicidio de una persona de especial protección constitucional por pertenecer a una comunidad indígena. Ello a través de testimonios con los que se intentó falsear la identidad de Aguablanca, haciéndolo pasar como guerrillero del ELN, mano derecha de un objetivo legítimo que perseguía el Ejército.

El homicidio ocurrió el 31 de mayo de 2020, en la vereda Río Colorado, del municipio de Chitagá (Norte de Santander). Fernanda*, pareja sentimental de Aguablanca, recuerda que dos días antes, la víctima llegó a la casa de los suegros a celebrar su cumpleaños y pasar unos días de descanso, porque, definitivamente, gestionar proyectos de educación para 17 comunidades indígenas en Boyacá y los Santanderes es una tarea que desgasta a cualquiera. “Él se desconectaba del mundo porque no había señal, ni Internet en la casa de mis papás”, le dijo Fernanda a este diario. El 30 de mayo, dos días después, la guerra tocó las puertas de la casa, representada en Darío Quiñones Villamizar, alias Marcial y tercero al mando del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN.

“La noche antes del homicidio, ellos llegaron cuando ya nos estábamos acostando. Usted sabe que, si uno dice ‘no’ en zona roja, ellos dicen que uno está a favor de tal persona. Es muy arrecho la verdad”, agrega Fernanda. En la casa había dos hombres, dos mujeres y tres niños, entre ellos uno de siete años y otro con síndrome de down. Tuvieron que disponer de las habitaciones para alias Marcial y su guardia personal, si querían conservar la vida. La última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, de 2019, sobre Chitagá, catalogaba al municipio como una zona de riesgo medio, de libre tránsito de grupos armados y al borde de las disputas por el control territorial con fines de narcotráfico.

Al mismo tiempo, los militares desarrollaban con sigilo la operación “Metis”, que consistía en la “neutralización” de alias Marcial, quien había pasado 33 años de su vida sirviendo al ELN, encargado de extorsiones y secuestros. La mañana de ese 31 de mayo, los siete militares a cargo de “Metis” arribaron a la casa de los suegros de Aguablanca. Como los mismos militares lo reconocieron en el caso, ubicaron tres puntos de observación a la redonda, durante la mañana. Según el testimonio del capitán Rodríguez Pardo, él ingresó a la casa, se identificó como miembro del Ejército, alias Marcial le intentó disparar, él logró esquivar los disparos y contraatacar, mató al líder guerrillero con dos tiros, y escuchó “detonaciones disuasivas” de su personal militar.

Luego de ello “Rodríguez Pardo indicó que se vio en la necesidad de volver a lanzar proclamas, ya que se habían visto otras personas armadas, momento en el que encontró al señor Aguablanca herido por arma de fuego”, se lee en el fallo. Esas “detonaciones disuasivas” fueron, según la Procuraduría, una lluvia de balas de una ametralladora ubicada a escasos metros de la casa y manejada por el soldado Trejo, con ayuda de López Viloria. Los soldados Gaviria Escobar y Cortés Baquero, aunque testificaron no haber disparado, el reporte de munición utilizada concluyó que sí. En total, la unidad gastó 44 balas. Una de ellas asesinó a Aguablanca, por la espalda, mientras desayunaba en la misma mesa con el niño con síndrome de down.

Tras la operación “Metis” resultó muerto alias Marcial y capturados cuatro guerrilleros. Según la familia de Aguablanca, cuando la víctima aún estaba con vida, los militares no les permitieron llevarlo al centro médico más cercano, ubicado a 45 minutos, dado que en terreno estaba el enfermero de combate Alejandro Losada. Con la falsa expectativa de que pronto iba a llegar un helicóptero, la familia de Aguablanca esperó durante cuatro horas, tiempo en el que su vida se consumió en plena agonía. “Cuando llegaron los de la Sijín, él (Rodríguez Pardo) les manifestó que Joel estaba al lado de Marcial. Yo de una vez tuve el primer agarronazo. Me acuerdo tanto de las palabras que me dijo el capitán. Fue: ‘pues si era un líder, demuéstremelo’. Y pues yo le dije: ‘Algún día se lo demostraré‘”, agrega Fernanda.

Tapar el sol con un dedo

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció de inmediato el homicidio y la “nefasta política de seguridad que viene aplicándose en nuestro país, según la cual los indígenas y campesinos que quedamos en medio del conflicto armado, somos tildados y estigmatizados con epítetos como guerrilleros, terroristas, narcotraficantes, y otros que sirvan para justificar ejecuciones extrajudiciales”. La única comunicación pública del Ejército fue del general Olverio Pérez, entonces comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, quien dijo que la operación se desarrolló atendiendo a información de inteligencia. “Resultan heridas dos personas (...) Una de ellas fallece en el punto de extracción, la otra se encuentra estable y es uno de los capturados”, mencionó. No dijo una sola palabra sobre Joel Aguablanca.

La Procuraduría abrió una indagación preliminar en noviembre de 2021 y escuchó las versiones de los militares involucrados. El capitán Rodríguez Pardo y los ahora sancionados Gaviria Escobar y López Viloria presentaron una defensa en conjunto. Reconocieron que, durante dos horas, verificaron la información de inteligencia y que el combate inició, dicen, por decisión de alias Marcial, quien se habría resistido a la captura. Además, que ellos debían cumplir su misión constitucional de defender la integridad del territorio nacional, al irrumpir en una casa que supuestamente era de “total confianza y seguridad” del líder guerrillero. Sostuvieron que su orden de operaciones tenía un blanco lícito y que la muerte de Aguablanca fue “daño incidental” porque “al parecer” era ajeno a las hostilidades.

El propio capitán Rodríguez Pardo fue escuchado por la Procuraduría y aseguró que, junto con sus subordinados, tras hacer análisis de la situación durante dos horas, se pudo concluir que “el señor Joel Aguablanca Villamizar era uno de los de confianza de alias Marcial, ya que casi todo el tiempo permanecía junto al cabecilla. Al punto que una de las salidas del insurgente para buscar señal para una llamada, lo hizo en compañía del señor Aguablanca y al momento de la aproximación a la casa, era el único que se encontraba con el objetivo”. Gaviria Escobar, en solitario, confirmó que estuvo recibiendo órdenes en todo momento de Rodríguez Pardo y que “el señor Joel casi siempre acompañaba a alias Marcial”.

La defensa del soldado expulsado Cortés, y de los excluidos de responsabilidad Cristian Barragán y Luis Antonio Tamara, agregó que la presencia de Marcial en la casa de los hechos “no fue fortuita”. Y hasta cuestionó a los investigadores de la Procuraduría por no indagar en una teoría que “no resulta ser un asunto menor”. De una manera técnica, alegaron que la muerte de Aguablanca no fue una infracción al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, sino al de proporcionalidad. Es decir, que el expediente trataría sobre un “daño colateral” y no una ejecución extrajudicial, y por lo tanto, la herida con arma de fuego “y posterior deceso fue un daño incidental, pero un resultado lícito a la luz del DIH, del que no puede derivarse responsabilidad disciplinaria”.

El fallo

La Procuraduría tomó como pruebas los interrogatorios practicados por la Fiscalía 126 contra el Crimen Organizado a los guerrilleros capturados el día de los hechos. El insurgente Álvaro Ganchoa Ganchoa testificó que los insurgentes tomaron la finca como sitio de descanso y que uno de los soldados disparó dentro de la casa por un hueco en una ventana. Dijo que era la primera vez que estaba en esa casa, que la noche anterior se dio cuenta de que era primo lejano de Aguablanca, pero negó tajantemente que este fuese miembro del ELN. Diana Paola Acevedo, capturada, confirmó que los soldados no le permitieron a Fernanda llamar a un médico para Aguablanca, a quien distinguía hace cinco meses, pero sin vínculo alguno con la guerrilla.

Sobre las circunstancias en las que pudo salir herido Aguablanca, la Procuraduría solo cuenta con un testimonio: el de Alejandro Losada Solarte, enfermero de pelotón, quien refirió haber observado un sujeto de buzo rojo que salió corriendo al interior de la casa durante el cruce de disparos. Justamente esa fue la prenda con la que falleció Aguablanca. Llama la atención que Losada declaró que ese “sujeto”, a quien luego atendió, incluso le había disparado. No existe ninguna prueba o testimonio en el proceso que sostenga que la víctima estaba armada. “El señor Losada admitió que dirigió y disparó su arma de fuego contra el fallecido, soldado que de hecho registra el mayor número de gasto de munición”, se lee. No obstante, este enfermero no fue objeto de investigación, pues tiene un proceso aparte.

El capitán Rodríguez Pardo fue absuelto de responsabilidad, dado que la Procuraduría encontró que sus disparos, con los que murió Marcial, fueron con dirección a uno de los pasillos, y Aguablanca fue asesinado en la cocina. Gaviria Escobar, Cortés Baquero, López Viloria y Trejo Leguía sí fueron sancionados, pues todos dispararon sus armas y la metralleta, respectivamente. El órgano de control, además, le recriminó a toda la unidad que, aunque hicieron labores de corroboración por dos horas y vieron que había civiles, mujeres y niños, ajenos al conflicto, aun así desarrollaron la operación, cobrando la vida de Aguablanca y disparando como mínimo 44 balas. Balearon el lavaplatos, el fogón, dos mesas, la nevera, las vigas de la casa, una silla de madera, una de las rejas y varias de las habitaciones.

“No se comprobó que el señor Aguablanca fuera un combatiente o hiciera parte de la estructura criminal a cargo de alias Marcial; a pesar de que mencionó en el informe de misión por parte del oficial Rodríguez Pardo que se le vio acompañando al cabecilla, y en su declaración sostuvo que era uno de los de su confianza, secundado por el señor Daniel Yovany Gaviria Escobar, quien igualmente refirió que el occiso casi siempre acompañaba a alias Marcial, lo cierto es que no se le encontró ningún arma у para cuando ocurrieron los hechos no estaba participando en ninguna actividad hostil, solamente se encontraba desayunando en la cocina, al punto que la trayectoria del disparo fue de espaldas”, concluyó la Procuraduría.

La organización dhColombia, defensores de la familia de Aguablanca, presentaron un recurso de apelación, buscando la sanción del capitán Rodríguez Pardo, pues “ordenó continuar con la operación, evidenciando un desprecio por la vida de mujeres, niños y hombres indefensos quienes allí permanecían y lo cual permitió que el resultado de dicha actuación fuera la ejecución extrajudicial del líder y directivo”. En diálogo con este diario, la abogada Alejandra Gallo explicó que “aunque quieran suavizar el desprecio a la vida, es innegable. Intentaron plantear que estuvo bien matar a alguien porque supuestamente pertenecía a un grupo al margen de la ley. El fin justifica los medios y entonces volvemos al 2002 donde se sembró falsamente la idea de que estábamos ganando una guerra”.

Este diario contactó a la Segunda División del Ejército, la cual al cierre de esta edición solo confirmó que Rodríguez Pardo fue trasladado en 2021 a la Quinta División, con funciones en el centro del país. Javier Villamizar, presidente de la Asociación U’wa, dijo en entrevista que la presencia de la Aguablanca se refleja en las obras que dejó iniciadas y que ahora son una realidad en el oriente nacional. “Construyó el proyecto educativo comunitario de las comunidades de los Santanderes, Boyacá y Casanare. La malla curricular del pueblo U’wa. Estamos cerca de firmar un convenio con el Ministerio de Educación que él dejó adelantado”, respondió. Y Fernanda, en conclusión, espera sanción en segunda instancia contra el mayor Rodríguez Pardo y recuerda que, así como lo hizo la Procuraduría y como le enseñó su pareja, “siempre hay que saber quién dice la verdad, y quién no”.

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