El 24 de julio de 2008, el cabo en retiro Edgar Villamizar fue ubicado por el entonces investigador del CTI de la Fiscalía, Pablo Vásquez, con el fin de que le diera más luces acerca del conocimiento que tenia acerca del papel de algunos militares durante la operación de retoma del Palacio de Justicia, así como su conocimiento sobre el posible paradero de los llamados desaparecidos.
Después de muchas insistencias, Villamizar, quien también era agente del CTI, citó a Vásquez en la Biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de Bogotá, con el fin de responder las preguntas que éste tenía en el marco del proceso de investigación que se adelantaba por los trágicos hechos registrados el seis y siete de noviembre de 1985.
En ese encuentro, que no duró más de 20 minutos, el cabo en retiro le manifestó a su cordial entrevistador algunos hechos que había registrado cuando fue agregado militar en la operación y tuvo que ser trasladado de la Brigada Séptima de Villavicencio a Bogotá para que apoyara la operación de retoma del Palacio de Justicia.
En su relato, Villamizar le reiteró a Vásquez lo que le había comentado tres días antes en su conversación telefónica: la participación de militares en actos de tortura y posterior desaparición forzada de un grupo de personas que habían sido sacadas del Palacio de Justicia con vida y luego trasladadas a unos Batallones donde fueron sometidos a diferentes interrogatorios y torturas que en algunos casos les causaron la muerte.
Sin embargo, en el encuentro en la biblioteca pública, Villamizar aprovechó la oportunidad para hacer describir los hechos que vivió durante el siete de noviembre.“Expresó de manera muy ligera lo sucedido, dio nombres de personas e intentaba ubicarnos en el espacio y lugar”, precisó Vásquez señalando que a dicha diligencia lo acompañaron el antropólogo Diego Alejandro Casallas, y el director del Grupo de NN y desparecidos de la Fiscalía, Pedro Jimmy Cortés.
En ese momento, mientras relataba, el militar retirado dibujaba en unas hojas que tenía sobre la mesa unos improvisados y no muy claros planos la posible ubicación de unos cuerpos, principalmente los de los llamados desaparecidos, en las instalaciones del Cantón Norte y el Batallón Charry Solano ubicado en el sur de la capital de la República.
En los dibujos hechos a mano alzada por parte de Villamizar se puede ver algunos detalles como fechas, nombres de algunos militares, y el traslado que habrían hecho de los cuerpos en las instalaciones del Ejército, datos que fueron registrados por Vásquez en los informes que le presentó a la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, quien fue la encargada de reanudar después de 20 años las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En una de las ilustraciones se resaltan los nombres del comandante Roberto Suárez Suárez, así como el sargento primero Álvaro Gamboa Nieto y el sargento viceprimero Álvaro Achury, quienes habían registrado el ingreso de las personas a la Escuela de Caballería el 8 de noviembre de 1985.
En otra, se hacen algunas alusiones sobre el lugar donde habrían sido enterrados algunos de los cadáveres en las caballerizas del la Escuela de Caballería, lugar que fue marcado con una cruz. Todo esto habría estado bajo la vigilancia del mayor Pedro Parada.
Estos documentos, pruebas y relatos que fueron considerados como “de inteligencia”, llevaron a Villamizar a presentar nuevamente su testimonio ante Ángela María Buitrago en declaración juramentada en una cafetería cercana al Cantón Norte por motivos de seguridad. En dicha diligencia estuvieron presentes Darío Cediel, fiscal auxiliar del proceso, así como Efrén González, quien pertenecía al grupo de criminalística.
Igualmente el cabo en retiro ingresó a la instalación militar en compañía de los funcionarios de la Fiscalía e hizo un nuevo recorrido por las caballerizas y otros lugares donde él creía pudieron enterrar los cuerpos de un grupo de personas que fueron señaladas como guerrilleron en el interior del Palacio
En los próximos días, los documentos escritos presuntamente por Villamizar serán revisados por un grafólogo quien emitirá un concepto sobre su veracidad teniendo en cuenta la firma que imprimió en un documento presentado por la Fiscalía en el que señalaba y daba detalles sobre la participación de los militares en las desapariciones, y el cual ha sido motivo de discordia, puesto que se cree que fue falsificada y su identidad suplantada.
Por El Espectador
