La aprobación de la construcción del Monumento de Santandereanidad en el Parque Nacional Chicamocha en el 2004 tiene en aprietos judiciales nuevamente al exgobernador de ese departamento, coronel en retiro Hugo Aguilar Naranjo. Ya condenado por parapolítica, Aguilar fue acusado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Naranjo, como gobernador, se asoció con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el 13 de julio de 2004 crearon la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, entidad privada sin ánimo de lucro. Y con ella contrató por un valor de $21.305.437,633. Para la fiscalía, el trámite no se hizo de la debida forma porque debió realizarse a través de licitación pública y, además, cuestionó que el Parque haya cobrado como intermediario la suma de $821.635.698.
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El caso avanza en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que ya decretó una serie de pruebas al respecto. En ese sentido, serán escuchados Jorge Céspedes Camacho, director del departamento jurídico de la Gobernación de Santander entre el 2004 y el 2007, encargado de revisar la legalidad de varios de los convenios. Igualmente, se ordenó el testimonio de Juan Carlos Sierra Ayala, entonces secretario de desarrollo de la Gobernación, unidad encargada de suscribir los convenios 033, 072, 157, 258, 264 y 268 de 2005, 028, 029, 039 y 078 de 2006 que ahora se cuestionan.
La Sala ordenó el testimonio de Ariel Cabanzo Téllez, coordinador del grupo de proyectos e inversiones públicas de la Secretaría de Planeación de la Gobernación; y de los entonces funcionarios Segundo Rafael Valero Cetina, Nicéforo Rincón, Jairo Enrique Olave Pérez, Olga Lucía Navarro Pérez, Blanca Nubia Pedraza Vargas, Reinaldo Castillo Parra y de Carlos Fernando Sánchez, director ejecutivo de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha.
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Además, se decretaron como pruebas las directivas 001 y 002 del 17 de julio de 2016, expedidas por Aguilar Naranjo. Y se solicitó a los diferentes organismos de seguridad del Estado que alleguen las constancias relativas a los antecedentes penales, disciplinarios y fiscales que registre el exgobernador. Además, se ordenó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizar un dictamen pericial para determinar si se causaron daños y perjuicios en este caso.
Por Redacción Judicial
