Las razones de la Corte Suprema para no ahondar en investigaciones contra parapolíticos

La Corte Suprema de Justicia no encontró pruebas de que los excongresitas Dieb Maloof, José Rosario Gamarra, Alfonso Campo Escobar, Jorge Luis Caballero, Mauricio Pimiento, Jorge Castro Pacheco y Luis Eduardo Vives Lacouture, ya condenados por parapolítica, hayan participado en la ejecución de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las estructuras paramilitares que apoyaron sus campañas electorales.

En el caso específico del exsenador Dieb Maloof, a quien se le investiga por el asesinato del exalcalde de Santo Tomás (Atlántico), perpetrado el 29 de abril de 2004 por miembros del bloque Norte de las autodefensas, el alto tribunal declaró su falta de competencia y remitió la investigación a la Fiscalía, puesto que no se pudo encontrar un vínculo entre este hecho y su desempeño como congresista. Algo similar sucede con los casos de Mauricio Pimiento Becerra y el exrepresentante a la Cámara, Alfonso Campo Escobar. A cada uno se le relaciona con asesinatos cometidos por paramilitares, pero no se encontró vínculo de estos hechos con sus funciones como congresistas.

En cuanto a los demás condenados por parapolítica, la Corte no encontró pruebas concretas sobre su participación en delitos de lesa humanidad ejecutados por el bloque Norte. Las investigaciones comenzaron en julio de 2010, por orden del mismo tribunal, que meses antes había tomado acciones que sirvieron como antecedentes para esa decisión.

Primero, a finales de 2009, condenó a 40 años de prisión a Salvador Arana, quien fue elegido como gobernador de Sucre en 2001, por el asesinato de Edualdo León, alcalde de El Roble y militante del Polo Democrático, uno de los últimos dirigentes del departamento que se oponía al dominio paramilitar en la región. La Corte consideró que pese a que el homicidio fue perpetrado por paramilitares, la orden provenía de Arana.

El 23 de febrero de 2010, el mismo tribunal condenó al exsenador Álvaro García Romero, conocido como el “Gordo García”, a 40 años de cárcel por su vinculación con grupos paramilitares y en especial por la masacre de Macayepo (Bolívar), ocurrida el 14 de octubre de 2000 y en la que fueron asesinados 15 campesinos.

La Corte consideró que el “Gordo García” participó, entre 1997 y 1998, en la conformación y financiación del bloque Héroes de los Montes de María de las autodefensas, que perpetró la masacre. Y agregó que se podían comprobar los nexos de esos paramilitares con algunos círculos de la sociedad sucreña. Nexos que motivaron crímenes como dicha masacre, en cuya determinación, el parapolítico jugó un papel definitivo.

En el contenido del documento, conocido por El Espectador, la Corte fue clara al señalar que si en adelante se encuentran pruebas concretas que relacionen a los siete parapolíticos con crímenes perpetrados por paramilitares, su decisión puede ser revocada y la investigación podría reanudarse.