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Luego de que los miembros del antiguo secretariado de las Farc solicitaran, en octubre de 2024, que en su contra se emitiera una única resolución de conclusiones, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, respondió a los firmantes y bajó el pulgar a ese pedido. Según el magistrado, tras reunirse con los relatores de los 11 macrocasos que investiga la Jurisdicción, se tomó la decisión.
En el pedido de los miembros de la extinta guerrilla también se incluye el traslado de todos los procesos de justicia ordinaria y, además, manifestaron su renuncia a la presunción de inocencia. “Esta evaluación se realizó a la luz de las complejidades procesales derivadas de los recursos interpuestos, que se encuentran en trámite ante las instancias competentes de la JEP”, añadió la justicia especial mediante un comunicado.
Las conclusiones expuestas por la JEP
Como primer punto, la JEP explicó que viene trabajando bajo la metodología de resoluciones parciales de conclusiones, un procedimiento avalado por la Corte Constitucional. Así mismo, el órgano de justicia transicional señaló que los tiempos para determinar las primeras sanciones han sufrido demoras por, entre otras cosas, la presentación de nulidades, la interposición de recursos de reposición y apelación en diversas instancias ante las Salas y el Tribunal por parte de la defensa de los comparecientes.
Los miembros del antiguo secretariado han señalado en repetidas ocasiones que las decisiones de la Jurisdicción han tardado más de lo normal. Por ello, argumentan, en la solicitud de octubre pasado renunciaron a la presunción de inocencia. No obstante, se habla de que pedir que unifiquen las resoluciones en su contra es también una forma de ocultar su responsabilidad en varios crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con la JEP, cada macrocaso contempla la participación de un universo de víctimas acreditadas que comparten características comunes, ya sea por las formas de victimización (como el secuestro, el reclutamiento o las violencias basadas en género) o por habitar territorios afectados por la guerra (como el Urabá, el norte del Cauca o la frontera con Ecuador). Todo esto, dice la Jurisdicción, se tiene en cuenta, pues “la JEP también buscan preservar y facilitar el derecho a la participación de las víctimas”.
La justicia especial también aclaro que cada uno de los magistrados relatores “reafirman su indeclinable voluntad de imprimir la mayor celeridad posible en cada uno de los trámites, con miras a brindarles seguridad jurídica a los comparecientes y resolver de manera célere, integral y definitiva la situación. Para ello, continuarán desarrollando sesiones de trabajo dentro del marco normativo vigente, que exige el respeto por los principios de legalidad y debido proceso, garantizando siempre los derechos fundamentales de las víctimas”.
En su respuesta, la justicia transicional también mencionó que no devolverá los expedientes de los firmantes a la justicia ordinaria, cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. “La Jurisdicción resolverá integral y definitivamente su situación jurídica, ya sea a través del proceso con reconocimiento, que implica una sanción propia para los máximos responsables que reconozcan su responsabilidad; o mediante un proceso adversarial en la JEP”, el cual se genera cuando los comparecientes no reconocen responsabilidad.
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