El nombre de Javier Alberto Hernández López ha sonado en estruendosos escándalos de corrupción. En 2017, cuando ya estaba en la mira de la Fiscalía por pesquisas relacionadas con el carrusel de la contratación, volvió a figurar en los titulares de los medios, pues estaba bajo la lupa de los investigadores que desmenuzaban el entramado de Odebrecht. Hernández fue vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), seis meses antes de otorgar la adición al contrato de Odebrecht para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, por eso quedó enredado en el escándalo de corrupción y en una investigación disciplinaria de la que acaba de salir bien librado.
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En un documento conocido en su integridad por El Espectador, la Procuraduría General de la Nación, que adelantaba una investigación disciplinaria contra Hernández y otros 19 directivos de la ANI para la época de los hechos -entre los que figuran Luis Fernando Andrade Moreno (expresidente), Héctor Jaime Pinilla Ortiz (vicepresidente jurídico), Camilo Mendoza Rozo (vicepresidente de planeación, riesgos y entorno) y Wilmar Darío González Buritica (gerente de contratación)- llegó a una decisión trascendental luego de que culminara la etapa de investigación respecto a presuntas irregularidades contractuales cometidas por los exfuncionarios en el caso Odebrecht.
El proceso disciplinario contra Javier Hernández y los otros exfuncionarios inició formalmente en agosto de 2017 cuando el Ministerio Público se dio a la tarea de encontrar indicios sobre “presuntas irregularidades en la firma y ejecución de los otrosíes del contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2012, entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y la ‘Concesionaria Ruta del Sol S.A.S’ entre ellos los otrosíes 3, 6 y 7”, para el Tramo II de la Ruta del Sol. Pasaron más de tres años y, finalmente, la Procuraduría resolvió archivar la mayoría de las conductas investigadas en favor de varios de los vinculados al proceso disciplinario. (Le puede interesar: El empresario Gabriel Dumar, condenado por Odebrecht, quedó en libertad)
Hernández fue uno de los más favorecidos con el fallo, pues salió limpio en siete de las ocho conductas cuestionadas. Según el documento del Ministerio Público, aunque existía una denuncia anónima en contra de Hernández que indicaba que el exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal debía reportar que Hernández llegó a la ANI seis meses antes de la suscripción del otrosí No. 6 y que ayudó a los fines de Odebrecht, “no existe prueba que indique cual fue la gestión (regular o no) que pudo haber desempeñado el vicepresidente ejecutivo de la época, que hubiese coadyuvado de alguna manera, el impulso, suscripción o ejecución de estas adiciones al contrato”.
La Procuraduría agregó que el exfuncionario no figura suscribiendo ninguno de los documentos de justificación, ni los otrosíes 3 y 6 del contrato celebrado entre la ANI y la Concesionaria Ruta del Sol (001 de 2010). Además, el Ministerio público archivó la conducta, no solo de Hernández, sino de todos los investigados, en lo relacionado con la contratación de un panel de expertos que, aunque sí se activó, no trató temas relacionados con los otrosíes 3 y 6, que son los que se investigan. Otra de las conductas archivadas en favor de Hernández y de otros investigados fue la de la “elaboración de subcontratos simulados para pagar sobornos a funcionarios del Estado”.
Sobre ese punto, explicó la Procuraduría que, pese a las declaraciones de Otto Bula, quien aseguró que la Ruta del Sol II suscribió una serie de subcontratos simulados con empresas privadas (SION, Profesionales del Bolsa y otras) para justificar ilegalmente el pago de los mismos con dineros del Estado y así entregar sobornos a diferentes funcionarios públicos, no se encontró pruebas para concluir que los investigados tuvieron conocimiento de dichas irregularidades cometidas por la Concesionaria y, por tanto, “no estaría demostrada la falta”. El único que seguirá investigado disciplinariamente por esto es Juan Sebastián Correa, exasesor de la ANI y testigo clave en el juicio que se adelanta contra el expresidente de la Agencia Luis Fernando Andrade.
Con respecto a la supuesta financiación de campañas políticas por parte de la multinacional, el despacho tampoco encontró que los investigados tuvieran conocimiento de que Odebrecht estaba apoyando económicamente campañas políticas en Colombia. Por tanto, aunque Eleuberto Martorelli (expresidente de Odebrecht en Colombia) y el exsenador Otto Bula se han referido a posibles entregas de dinero por parte de la constructora a campañas en 2014 (como la de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga), hechos que todavía son materia de investigación, la Procuraduría no encontró responsabilidad de ninguno de los investigados en este asunto. (Noticia relacionada: El caso Odebrecht llevó a Roberto Prieto a juicio disciplinario)
Finalmente, la Procuraduría determinó que a todos los exfuncionarios investigados les fuera archivada la conducta relacionada con la “vulneración de los principios que regulan la contratación estatal (documentos CONFIS Y CONPES)”. En este punto, lo que pasó fue que, aunque quedó demostrado que los otrosíes 3 y 6 se suscribieron, sin que se contara con las recomendaciones del CONPES –que se produjo el 2 de octubre de 2014, después de suscritos los otrosíes– y CONFIS, también es cierto que los otrosíes no se podían ejecutar hasta que no se contara con estos requisitos, según estaba consignado en una cláusula del otrosí 6. Por tanto, para el despacho no hubo vulneración de estos principios.
La única conducta para la cual la Procuraduría no tomó una decisión para ninguno de los investigados, y por ende, la única que no le fue archivada a Hernández, es la de posibles detrimentos patrimoniales e incumplimiento del objeto del contrato. Sobre este asunto, indicó el Ministerio Público que, según un informe técnico y financiero elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría, “se encontraron posibles irregularidades relacionadas con el cambio del modelo financiero del contrato (001 de 2010) y con incumplimientos en la ejecución de la obra”. En ese sentido, este aspecto continúa en evaluación.
Esta decisión de la Procuraduría deja casi que limpio disciplinariamente a Javier Alberto Hernández, hijo del excontralor Antonio Hernández Gamarra, en lo que tiene que ver su gestión como vicepresidente ejecutivo de la ANI porque, aunque una de sus funciones en la entidad -y la que lo vincula con la adición del contrato a la Ruta del Sol- era la coordinación, evaluación y control del desarrollo de los contratos de concesión u otras formas de Asociación Publico Privada a cargo de la entidad, lo cierto es que, en esta oportunidad, la Procuraduría no encontró pruebas en el expediente que comprometieran su ética profesional. (Lea también: Juan Carlos Granados, nuevo magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, a juicio por caso Odebrecht)
En todo caso, desde 2017 cuando entró en el radar de la Fiscalía por el escándalo de corrupción de la gigante brasileña, le dijo a este diario, en pocas palabras, que en ningún momento tuvo que ver con contratos o adiciones otorgadas a Odebrecht. Para esa época, también estaba bajo investigación en el carrusel de la contratación y, sobre este asunto, Hernández le dijo a El Espectador que estaba tranquilo y que se había presentado varias veces ante las autoridades a explicar lo sucedido. Posteriormente, este proceso fue archivado por la Procuraduría y la Fiscalía.
