Para la Procuraduría, lo que sucedió en Bogotá del 18 al 20 de diciembre de 2012, cuando los privados dejaron de recoger la basura de las calles de la capital, generó impactos ambientales “asociados, entre otros, a la acumulación de residuos sólidos y a la proliferación de olores ofensivos”. En el fallo también se lee que “si se hubieran cumplido las normas reglamentarias sobre el uso de vehículos para la prestación del servicio de aseo y si se hubiera acatado tan solo una de las tantas recomendaciones que se le hicieron al señor alcalde mayor, la ciudad de Bogotá no habría sufrido la crisis”.
Mientras de una orilla está Tapia señalando a los privados de ser los gestores de la destitución de Petro y de ocasionar el caos en la ciudad, el Ministerio Público indicó que al no hacer un proceso de licitación y acudir a la “causal de contratación directa, se contrató con una empresa del Distrito que no tenía la experiencia ni la capacidad técnica y operativa para asumir la prestación del servicio, por lo cual la propuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá claramente no era la más favorable”. Igualmente, para la Procuraduría los que evitaron una mayor crisis fueron “los operadores privados, que volvieron a prestar el servicio de aseo en la ciudad“.
Otro de los puntos en los que indica el Ministerio Público que Petro generó un caos en Bogotá, fue que al no realizarse una licitación y crear una empresa sin la experiencia ni la infraestructura adecuada (camiones y operadores), no se pudieron recoger 9.000 toneladas de basura que producía la ciudad al día. Además, manifestó que se utilizaron hasta volquetas para recoger los residuos y que éstas terminaron operando durante siete meses más.
Mientras Petro se defiende alegando que su proceso se enmarcó en medio de una persecución política, la Procuraduría aseguró que la destitución también se soportó en temas como la compra irregular de 67 camiones recolectores que ya estaban dañados y que costaron $80.888 millones, y la incapacidad de las empresas públicas, que sólo se corrigió “después de varios meses, tras el inicio del nuevo esquema transitorio creado para la prestación del servicio público de aseo”.
Por Redacción Judicial
