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Cuando Gustavo Petro designó a 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz en su política de paz total, no lo hizo como lo exige la ley y dejó desprotegidas a las víctimas. Esa es la base de la demanda que la defensora del Pueblo, Iris Marín, radicó en el Consejo de Estado para que revise y anule la resolución de la Presidencia de la República a través de la cual, en septiembre pasado, fueron designados en esos cargos varios exparamilitares. Todo esto, dice Marín, puede afectar gravemente los derechos de las víctimas, la confianza en la justicia transicional y el orden público. Por eso, le pidió al alto tribunal que, de urgencia, le ponga freno de mano a esas designaciones.
Para la Defensoría del Pueblo, la Casa de Nariño se equivocó al usar la figura de gestores de paz con los exparamilitares de las AUC. Según la demanda, esa designación solamente se le debería hacer a personas que hagan parte de un grupo armado activo que busque hacer la paz, pero no a criminales que participaron de otro proceso de negociación para dejar las armas que ya concluyó, refiriéndose a la desmovilización de paramilitares en 2005. Además, resalta Marín, el Ejecutivo les asignó tareas que nada tienen que ver con lo que debe ser una gestoría de paz. Por ejemplo, “hacer el balance del proceso de Justicia y Paz”, “formular recomendaciones institucionales” o “diseñar mecanismos de difusión de la verdad”.
Según la demanda, estas tareas son de carácter técnico y administrativo, más no de negociación para buscar la paz. Por eso, dice el documento, la resolución de la Presidencia estaría “desnaturalizando por completo la figura del gestor de paz”. Los errores que, según la Defensoría, cometió el gobierno Petro no están solamente en el diseño y contenido del documento que los designó como gestores. En el escrito presentado al alto tribunal por la defensora, también se habla de que fueron incluidas personas que han incumplido los compromisos que hicieron con la verdad en jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por ejemplo, la defensora Marín señaló con nombre propio a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”; Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como “Macaco”; Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón” y Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, quienes fueron expulsados de Justicia y Paz por no haber cumplido con los compromisos de verdad, reparación o no repetición ante esa jurisdicción. Además, expuso que otros gestores designados como los hermanos Héctor José y Héctor Germán Buitrago ni siquiera participaron en el proceso de Justicia y Paz de 2005 y ahora podrían entrar en la llamada paz total de Petro. Según ella, no hay garantía de que ahora sí colaboren en procesos de paz.
La posible revictimización
Para la Defensoría, designar a estos exparamilitares como gestores de paz “mina la legitimidad del Estado, confunde a la sociedad y envía un mensaje preocupante a miles de víctimas que aún esperan verdad y reparación”. Además, la jefa de la entidad enfatizó que lo hecho por el gobierno de Gustavo Petro “no se trata de un simple nombramiento con repercusiones individuales, sino de una decisión de política pública que altera la relación entre el Estado, las víctimas y la sociedad, generando un impacto directo en la estabilidad institucional y la confianza pública”. Aunado a estos errores, la Defensoría dejó claro que las víctimas de estos exparamilitares fueron dejadas de lado.
Según la demanda, la resolución de la Presidencia de la República “omite por completo la supervisión judicial, así como la inclusión y participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación y evaluación de dichas actividades”. Asimismo, en el documento que Marín le presentó al Consejo de Estado resaltó que algunas acciones como “la composición del Comité Técnico, por ejemplo, se limita a un componente gubernamental y a los propios gestores de paz, excluyendo cualquier forma de representación de las víctimas, a pesar de que las funciones de dicho comité impactan directamente sus derechos”.
De igual manera, la Defensoría señaló que lo hecho por el gobierno con estas designaciones puede llevar a una “revictimización”. Según el documento, “la resolución 327 de 2025 fractura este pilar fundamental al investir con una función pública simbólica a quienes fueron máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sin tener en cuenta a las víctimas y demás actores del conflicto”. Según dice la Defensoría, “el acto introduce un mensaje ambiguo y corrosivo que debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia, pues el poder Ejecutivo legitima a los ex miembros de las Auc al tiempo que mina la autoridad moral del Estado y la confianza legítima de la ciudadanía en el imperio de la ley”.
A pesar de los señalamientos que hace Marín en la demanda, el presidente Petro se ha mantenido firme en que la designación de estos exjefes de las AUC es para terminar un proceso de paz que, según él, dejaron inconcluso otras administraciones. “Los 16 gestores ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de paz es terminar el proceso que (Álvaro) Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad. Al contrario, se apropiaron de las tierras que ellos se habían apropiado, algunos amigos suyos Paloma y de Uribe y de Duque”, aseguró en septiembre pasado.
Asimismo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien lideró una mesa de diálogo con los exparamilitares después de su designación, aseguró que el propósito era “cerrar el ciclo inconcluso de Justicia y Paz” y que los exparamilitares “digan la verdad y ayuden a cerrar heridas”. Incluso, el alto funcionario expresó que la idea es que los exparamilitares recorran los distintos territorios donde antes sembraron el terror para “reconstruir confianza y avanzar en actos de reconciliación territorial”. Sin embargo, todo esto en medio de un ambiente preelectoral que ha sido cuestionado también por la defensora Marín.
Por ahora, está en manos de la Sección Primera del alto tribunal admitir o rechazar la demanda, así como acceder o no la medida solicitada por la defensora Iris Marín de suspender provisionalmente la resolución y sus efectos hasta que no haya una decisión de fondo. Un caso que, de ser admitido y estudiado, podría marcar los parámetros de las gestorías de paz en la iniciativa de la paz total y en cualquier otro intento del gobierno de turno de utilizar esta figura. Asimismo, marcaría los límites que tiene el jefe de Estado para elegir a los gestores de su apuesta de paz y el rol que deben tener las víctimas y las autoridades judiciales en la verificación de las labores que cumplan estas personas.
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