23 Dec 2019 - 12:30 p. m.

Las recomendaciones de la CIDH a Colombia por la situación de los líderes sociales

El organismo internacional presentó un informe sobre el estado actual de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país que solicita acelerar la implementación del Acuerdo de Paz ante el grave panorama que enfrentan estas personas.

Redacción Judicial

La Comisión pide, entre otros, crear un registro completo de todas las agresiones en contra de quienes defienden derechos humanos. / Mauricio Alvarado - El Espectador
La Comisión pide, entre otros, crear un registro completo de todas las agresiones en contra de quienes defienden derechos humanos. / Mauricio Alvarado - El Espectador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre “la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, con énfasis en el periodo comprendido a partir de las negociaciones y posterior firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Allí se hacen una serie de recomendaciones al Estado colombiano luego de calificar como preocupante que, entre el 1 de enero de 2016 hasta noviembre de 2019, se hayan registrado 232 asesinatos, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La entidad recomendó especialmente acelerar la implementación del Acuerdo de Paz “para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades”. Además, que se convoque a las organizaciones sociales a la construcción de una política pública integral de prevención y protección para defensores de derechos humanos y líderes sociales y crear un registro completo de todas las agresiones en su contra.

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“Continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales; profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor”, señaló la Comisión.

Para la CIDH, el Estado colombiano debe promover una cultura que enaltezca la labor de los defensores de derechos humanos, que deje claro la obligación de las autoridades de respetarlos y rechace la estigamtización; así como retomar la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente. A esto se suma, implementar las medidas cautelares que haya otorgado la CIDH en el pasado y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes.

“Acordar las medidas de protección para enfrentar la situación de riesgo escuchando y consultando con las personas defensoras a fin de concretar una intervención oportuna, especializada y proporcional al riesgo que se pudiera enfrentar y con un enfoque diferencial”, agrega la Comisión que también pide que haya enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación judicial.

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La CIDH valoró algunas medidas que se han tomado para contrarrestar la situación, como la “Estrategia de Investigación y Judicialización de delitos contra defensores de derechos humanos, la adopción de la Directiva No. 002 de 2017 por parte de la Fiscalía General de la Nación y el desarrollo de una metodología específica para investigar los delitos de amenazas”.  "Asimismo, la Comisión hace hincapié en el deber del Estado de fortalecer los medios de investigación de aquellas amenazas realizadas a través de medios electrónicos a fin de que éstas puedan ser efectivamente investigadas, que su investigación permita la sanción de los responsables y que ésta modalidad de delito -que se ha incrementado en Colombia en los últimos años- no quede en la impunidad".

En el reporte, la Comisión identificó a  lideresas y líderes sociales, indígenas y afrodescendientes que asumen roles de liderazgo en la implementación de diversos puntos del Acuerdo de Paz como quienes se encuentran en una mayor situación de riesgo. “Las mujeres defensoras, defensores LGBTI y líderes sindicales también enfrentan una situación de riesgo particular. Los hechos de violencia contra estos colectivos no solo afectan sus garantías como personas, sino también socavan el rol que juegan dentro de la sociedad colombiana”, indicó el organismo internacional. Los tipos de violencia que más fueron usados son hostigamientos, estigmatización, amenazas, criminalización y hasta ataques contra la vida.

“La Comisión observa que la tendencia en el aumento de la violencia contra personas defensoras deriva de diversos factores adicionales a los problemas estructurales que históricamente les han afectado. En este sentido, en el contexto post-acuerdo se han presentado diversas fuentes de violencia dentro de las que destacan la presencia de actores del conflicto que no se han desmovilizado. Asimismo, de quienes se oponen a los avances y resultados que puedan obtener los mecanismos de verdad, justicia y reparación creados por el Acuerdo de Paz y de su potencial éxito para finalizar el conflicto armado en Colombia, como son el ELN y disidentes de las FARC”, dice el informe de 83 páginas.

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