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La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene como uno de sus temas más importantes por resolver el expediente que podría tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, aunque estudiar la ponencia del caso estaba dentro del orden del día de este jueves, dos recusaciones fueron presentadas para pedir que un par de magistrados fueran apartados del expediente y demorarán la revisión.
El caso está en el despacho del actual presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien radicó la ponencia el pasado viernes y ya se sabe que propuso a la Sala Plena tumbar la reforma, por el mismo argumento que lo pidió la Procuraduría: vicios de trámite, es decir, que no cumplió con los requisitos que exige la ley. Si prospera la propuesta de Ibáñez, la última victoria del gobierno Petro en el Congreso quedaría sin vida.
Aun así, antes de entrar a estudiar la propuesta del ponente, a la Sala Plena llegaron dos recusaciones que frenaron los planes. La primera es en contra del magistrado Vladimir Fernández y la presentó el representante a la Cámara, Andrés Eduardo Forero Molina. Según el documento, Fernández estaría impedido para participar en este proceso pues, antes de ser magistrado, fue secretario jurídico de la Presidencia.
La segunda es en contra del ponente Ibáñez y fue presentada por un ciudadano que le pidió a la Sala Plena que aparte al magistrado porque, supuestamente, tendría intereses irregulares en la discusión del expediente. Según la recusación, en su juventud, el ponente fue miembro de grupos políticos conservadores y esos intereses políticos podrían “contaminar” la discusión jurídica en la Sala Plena.
Para el ciudadano que presentó la recusación, “esa militancia política previa genera un cuestionamiento sobre su imparcialidad en decisiones que involucran iniciativas progresistas, como la reforma pensional promovida por el actual gobierno”.
Además, señaló: “Con base en la composición del Senado y los resultados de la votación, es altamente probable que la elección de Ibáñez como magistrado de la Corte haya sido impulsada y respaldada principalmente por: Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y un sector del Partido Liberal”.
Antes de entrar en materia, la Sala Plena tendrá que resolver estas recusaciones y definir si Fernández e Ibáñez pueden participar del debate jurídico. En caso de que prospere la recusación contra el ponente, el expediente tendría que rotar y otro magistrado tendría que presentar una nueva ponencia.
El expediente en la Corte Constitucional arrancó justamente después de que el Congreso aprobara la reforma, pues, al tratarse de una reforma constitucional, el alto tribunal tiene la tarea de estudiar si el proyecto del gobierno se ajusta a la Constitución. A los pocos días, empezaron a llegar las demandas en contra de la reforma y los procesos fueron acumulándose en la Corte.
La que más ha llegado lejos es la de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. En medio de esos recursos y los conceptos que empezó a recibir el alto tribunal, llegó un clave, el de la Procuraduría. El Ministerio Público le pidió a la Corte que tumbe la reforma, pues considera que no se cumplieron con los debates que, por ley, debía cumplir el gobierno para que fuera aprobada.
En medio de este panorama, la saliente ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que la cartera ya estaba estudiando salidas si la decisión de la Corte Constitucional es tumbar la reforma. Por su parte, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, hizo un llamado para defender la reforma en las calles.
“Muchos viejas y viejos no se pueden movilizar para luchar por su derecho a la comida, pero jóvenes y adultos deberían movilizarse para impedir esta injusticia: Los que ganan salarios de 50 millones, como Paloma Valencia, una de las demandantes, impidiendo que los viejos que aguantan hambre reciban su mínimo vital de $230 mil. Miserables”, expresó Bolívar en sus redes sociales.
Por su parte, la senadora María José Pizarro dijo que “algunos sectores aplauden la posibilidad de regresar a la nula garantías de derechos para los más de tres millones de adultos mayores. Sus derechos merecen ser garantizados, y en el futuro, que toda la sociedad tenga asegurada una vejez digna después de años de trabajo”.
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