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La vicefiscal general, María Paulina Riveros, explicó las seis amenazas que existen actualmente para la etapa del posconflicto tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc.
En los últimos ocho meses se ha registrado un aumento en la criminalidad en todas las regiones del país por parte de organizaciones armadas ilegales que buscan apropiarse de los territorios y continuar con actividades ilícitas.
Este fenómeno –indicó- hace parte de la lucha para ocupar los territorios que tenían los frentes de las Farc que se trasladaron a las zonas veredales. Las organizaciones criminales y grupos disidentes de dicho grupo armado guerrillero buscan ahora mantener el control territorial y social “bajo los mismos modelos del pasado” y así seguir manejando negocios ilícitos.
Otra de las amenazas que existen es la “corrupción administrativa que trata de eliminar competidores sociales en el control territorial y social a raíz de la redefinición del poder territorial”. Esto evidentemente producirá un aumento de la violencia en las zonas donde delinquieron las Farc durante décadas.
Para la Fiscalía General existe un riesgo de ejecutar formas de “justicia por mano propia” promovida por la falta de confianza en las instituciones del Estado y las autoridades encargadas de administrar justicia. “Esto genera el surgimiento de formas propias y alternativas de justicia”.
Otra problemática “es la no conectividad de las localidades con los centros que impiden la satisfacción inmediata de necesidades y la intervención directa de las autoridades y la institucionalidad establecida para ello”. Lo que represa un desconocimiento de la autoridad local, departamental y nacional.
La última amenaza –según Riveros- es la concepción de la violencia como un “lenguaje que es transversal a la realidad de la sociedad colombiana”. Este último representa la creencia de que Colombia es un país violento por naturaleza y todos los problemas internos se resuelven por medio de una vía alterna alejada de la legalidad.
Esto obligó a una restructuración de la Fiscalía para “responder las demandas de justicia de la sociedad colombiana”. Para lo que se emitió el Decreto 898 de 2017 que crea tres despachos adscritos al de la Vicefiscalía General: las Fiscalías Delegadas para la Criminalidad Organizada, Seguridad Ciudadana y Finanzas Criminales.
La Vicefiscal General explicó que estas fiscalías delegadas tienen como objeto agilizar las investigaciones y lograr una mayor efectividad en “un contexto de transitoriedad a la paz”, identificando así a los principales partícipes del conflicto armado interno y a los responsables de minar la implementación del acuerdo final.
Serán las encargadas, además, de adelantar el desmantelamiento de organizaciones criminales responsables de masacres y desplazamientos que amenazan a movimientos políticos, líderes sociales y aquellos que participen en la implementación de los acuerdos. En todo este proceso la Fiscalía General priorizó 501 municipios que “han sido golpeados históricamente por la violencia”.
Por Redacción Judicial
