Las trampas de los hermanos Rodríguez Orejuela para quedarse con dineros del narcotráfico

Los capos del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, cumplen en Estados Unidos una condena de 30 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos. Los hermanos entregaron a la justicia de ese país US$2.100 millones en propiedades y, paralelamente, 28 de sus familiares cercanos firmaron un acuerdo con el gobierno estadounidense en el que se comprometieron a entregar hasta el último de sus bienes —directa o indirectamente ligados con el narcotráfico—. La justicia, sin embargo, determinó que no fue así: a pesar de lo prometido, los capos del cartel de Cali ocultaron parte de su fortuna con sus hijos, sobrinos y otros familiares.

Entre los involucrados están: Jaime Rodríguez Mondragón, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, María Teresa Quiazua Espinel, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, Julio César Muñoz Cortés y Rafael Guillermo Arjona Alvarado, quienes fueron condenados hace un par de días por un juez especializado de Bogotá a la pena de nueve años de cárcel por el delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas. Según la Fiscalía, la fachada para blanquear los dineros fue la cooperativa de ahorro y crédito Caja Solidaria, que entre 1997 y 1998 tuvo movimientos tan inexplicables como millonarios.

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En el fallo que condenó a los familiares de los capos del narcotráfico se detalló que en 1990, mientras negociaban con la justicia, cedieron las acciones de su joya de la corona, Drogas La Rebaja. La Fiscalía encontró que esta empresa tuvo un incremento patrimonial injustificado, que ascendió rápidamente de $34 mil millones a $132 mil millones. “No es más que tratar de dar apariencia a capitales fruto de actividades ilícitas que se inyectaron a la empresa, pues la diferencia entre los valores de la cesión en el año 1990 y los de venta en el año 1996 fue desproporcionada y en todo caso sin sustento alguno, a lo cual se le suma que quienes continuaron manejando y tomando decisiones sobre la empresa fueron los hermanos Rodríguez Orejuela”, señaló el fallo.

Posteriormente, en 1996, los hermanos Rodríguez Orejuela decidieron vender la cooperativa Coopservir, conformada en noviembre de 1995 por trabajadores de la misma con el fin de evitar su liquidación. Esta última negociación se hizo por un monto de $35 mil millones y comprendió la venta de 344 establecimientos de comercio o sucursales, una bodega en Pereira, una oficina en Cali y dos centros médicos, uno en Cali y otro en Popayán.

Asimismo, las investigaciones arrojaron que, entre noviembre de 1997 y octubre de 1998, dicha cooperativa hizo circular $26.290 millones sin tener en cuenta movimientos de cuentas que fueron saldadas. “Auscultando en los pormenores de tales movimientos se pudo determinar que la representante de la entidad, María Teresa Quiazua Espinel, suscribió nueve contratos con seis sucursales de la entidad Coopservir, la firma Comsecoop, Jaime Rodriguez Mondragón y Luz Stella Perez y cuyo objetivo era recaudar el dinero de ventas, administrarlo y abrir nuevas cuentas”. 

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La investigación estableció que tanto las entidades como las personas antes mencionadas tenían estrecha relación con empresas creadas y manejadas por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. “Las entidades financieras reportaron movimientos muy elevados por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Solidaria, movimientos que entre noviembre de 1997 y 1998 sumaron aproximadamente $26.290 millones sin que se encontraran debidamente justificados. Por el contrario, se estableció que la representante legal de dicha entidad, María Teresa Quiazua Espinel, abrió 24 cuentas bancarias en diferentes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Neiva”.

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Y el fallo agrega un dato clave: “Se muestra que los señores Miguel y Gilberto Rodríguez cedieron sus empresas a familiares de manera simulada”. Para el juzgado, las trasferencias de acciones hechas a los hijos y familiares de los Rodríguez Orejuela en 1990 fueron irregulares.

Otras de las empresas que recibieron un manejo similar fueron los laboratorios Kreesfor, Blanco Pharma, Blaimar y Centercos, empresas que, como en el caso anterior, fueron cedidas a familiares de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y en 1996 estos las vendieron a cooperativas Cosmepop y Farmacoop, conformadas por empleados de las mismas, quienes igualmente suscribieron contratos de mandato para la administración de sus recursos y cuya forma de traspaso y modus operandi permitieron inferir que fueron utilizadas para introducir capitales originados en el narcotráfico.

Para entender la telaraña de cuentas ficticias que crearon los Rodríguez Orejuela, también fueron claves las declaraciones de dos personajes ampliamente conocidos en el mundo de la mafia: Guillermo Pallomari González y Daniel Serrano Gómez, sus antiguos colaboradores, quienes afirmaron que “las empresas de estos ciudadanos fueron inyectadas con capital proveniente del narcotráfico y que varios de sus empleados participaron en reuniones para fijar procedimientos para realizar operaciones de blanqueo de dichos activos”, señala la decisión.

El juzgado, de igual modo, cuestionó que las familiares de los exjefes del cartel de Cali negaron los orígenes de los dineros que ingresaron a las compañías en cuestión. “Es inadmisible que los hoy sentenciados dijeran que desconocían el ingreso de dineros del narcotráfico a esas empresas. Ni para el más desprevenido o desinformado de los ciudadanos era desconocido el origen de los dineros”, indicó el fallo.

Los capos del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, cumplen en Estados Unidos una condena de 30 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos. Los hermanos entregaron a la justicia de ese país US$2.100 millones en propiedades y, paralelamente, 28 de sus familiares cercanos firmaron un acuerdo con el gobierno estadounidense en el que se comprometieron a entregar hasta el último de sus bienes —directa o indirectamente ligados con el narcotráfico—. La justicia, sin embargo, determinó que no fue así: a pesar de lo prometido, los capos del cartel de Cali ocultaron parte de su fortuna con sus hijos, sobrinos y otros familiares.

Entre los involucrados están: Jaime Rodríguez Mondragón, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, María Teresa Quiazua Espinel, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, Julio César Muñoz Cortés y Rafael Guillermo Arjona Alvarado, quienes fueron condenados hace un par de días por un juez especializado de Bogotá a la pena de nueve años de cárcel por el delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas. Según la Fiscalía, la fachada para blanquear los dineros fue la cooperativa de ahorro y crédito Caja Solidaria, que entre 1997 y 1998 tuvo movimientos tan inexplicables como millonarios.

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En el fallo que condenó a los familiares de los capos del narcotráfico se detalló que en 1990, mientras negociaban con la justicia, cedieron las acciones de su joya de la corona, Drogas La Rebaja. La Fiscalía encontró que esta empresa tuvo un incremento patrimonial injustificado, que ascendió rápidamente de $34 mil millones a $132 mil millones. “No es más que tratar de dar apariencia a capitales fruto de actividades ilícitas que se inyectaron a la empresa, pues la diferencia entre los valores de la cesión en el año 1990 y los de venta en el año 1996 fue desproporcionada y en todo caso sin sustento alguno, a lo cual se le suma que quienes continuaron manejando y tomando decisiones sobre la empresa fueron los hermanos Rodríguez Orejuela”, señaló el fallo.

Posteriormente, en 1996, los hermanos Rodríguez Orejuela decidieron vender la cooperativa Coopservir, conformada en noviembre de 1995 por trabajadores de la misma con el fin de evitar su liquidación. Esta última negociación se hizo por un monto de $35 mil millones y comprendió la venta de 344 establecimientos de comercio o sucursales, una bodega en Pereira, una oficina en Cali y dos centros médicos, uno en Cali y otro en Popayán.

Asimismo, las investigaciones arrojaron que, entre noviembre de 1997 y octubre de 1998, dicha cooperativa hizo circular $26.290 millones sin tener en cuenta movimientos de cuentas que fueron saldadas. “Auscultando en los pormenores de tales movimientos se pudo determinar que la representante de la entidad, María Teresa Quiazua Espinel, suscribió nueve contratos con seis sucursales de la entidad Coopservir, la firma Comsecoop, Jaime Rodriguez Mondragón y Luz Stella Perez y cuyo objetivo era recaudar el dinero de ventas, administrarlo y abrir nuevas cuentas”. 

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Otras de las empresas que recibieron un manejo similar fueron los laboratorios Kreesfor, Blanco Pharma, Blaimar y Centercos, empresas que, como en el caso anterior, fueron cedidas a familiares de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y en 1996 estos las vendieron a cooperativas Cosmepop y Farmacoop, conformadas por empleados de las mismas, quienes igualmente suscribieron contratos de mandato para la administración de sus recursos y cuya forma de traspaso y modus operandi permitieron inferir que fueron utilizadas para introducir capitales originados en el narcotráfico.

Para entender la telaraña de cuentas ficticias que crearon los Rodríguez Orejuela, también fueron claves las declaraciones de dos personajes ampliamente conocidos en el mundo de la mafia: Guillermo Pallomari González y Daniel Serrano Gómez, sus antiguos colaboradores, quienes afirmaron que “las empresas de estos ciudadanos fueron inyectadas con capital proveniente del narcotráfico y que varios de sus empleados participaron en reuniones para fijar procedimientos para realizar operaciones de blanqueo de dichos activos”, señala la decisión.

El juzgado, de igual modo, cuestionó que las familiares de los exjefes del cartel de Cali negaron los orígenes de los dineros que ingresaron a las compañías en cuestión. “Es inadmisible que los hoy sentenciados dijeran que desconocían el ingreso de dineros del narcotráfico a esas empresas. Ni para el más desprevenido o desinformado de los ciudadanos era desconocido el origen de los dineros”, indicó el fallo.