Las viudas que dejó “Jorge 40” no han podido volver a sus tierras

Al esposo de Osiris Pacheco, Ernesto Rueda, lo mataron los paramilitares del bloque Norte en 1997. Rueda había fundado la vereda Oceanía, en el municipio de Sabana de San Ángel (Magdalena), y su familia tuvo que salir desplazada tras la arremetida de las Auc. Seis años más tarde, en 2003, apareció un documento firmado por él en el que, supuestamente, autorizaba a otra persona a vender su finca. Esta es apenas una de las tantas irregularidades cometidas contra los habitantes de esta vereda que fueron despojados por Jorge 40. Pero, tras casi 15 años de la desmovilización paramilitar, y aun con sentencia de restitución de tierras en mano, los campesinos no han podido regresar a su territorio.

(En contexto: Ordenan embargo a bienes de Jorge 40)

“Desde 2018, que nos dieron la sentencia de restitución, no hemos podido retornar a la finca por las represalias de los que decían ser los dueños de las tierras”, cuenta Osiris Pacheco desde algún lugar del Cesar que pide no mencionar por seguridad. A su familia, como a otras 58 de Oceanía, la Unidad de Restitución de Tierras las reconoció como despojadas desde 2015. Luego el Tribunal de Cartagena ordenó que les restituyeran las tierras, al reconocerlas víctimas del conflicto armado. Sin embargo, cuando han intentado volver son recibidas con violencia, y hasta una magistrada ya pidió investigar la negligencia del Gobierno y de las alcaldías locales en el caso.

A Pacheco y otras mujeres cuyos esposos fueron asesinados por el bloque Norte las llaman “las viudas de Jorge 40”. Los homicidios de sus parejas fueron reconocidos por paramilitares y, según la Fiscalía, el despojo fue parte, más que de una estrategia contra la guerrilla, de un intento por controlar un corredor clave para el narcotráfico. Así lo explicó la Unidad de Restitución de Tierras al resolver este caso en 2015: “Por su ubicación geográfica y su extensión, el copamiento de los territorios aledaños a Oceanía y sus anexidades empezó por el control de los ejes viales que conectaban los corregimientos y caseríos próximos a la vereda con las cabeceras municipales”.

Cuando el caso pasó al Tribunal de Cartagena, la conclusión fue que, en efecto, habían sido despojadas: “Las declaraciones de parte de las solicitantes fueron consistentes y elocuentes, las cuales, sumadas al hecho de estar probado un contexto de violencia generalizado y las demás pruebas documentales señaladas, dan cuenta de una serie de hechos victimizantes ante la presencia e incursión de grupos al margen de la ley en la zona donde se encuentran ubicados los inmuebles, quienes ostentaban el dominio territorial en la zona, lo que trajo consigo que las demandantes perdieran la relación que tenían con los inmuebles reclamados en aras de salvaguardar sus vidas”.

(Le puede interesar: Jorge 40: el regreso del autor de la masacre de El Salado)

Además, el Tribunal de Cartagena desestimó el pedido de quienes se oponían a la restitución, como Manuel Salvador Meza Gamarra, investigado por nexos con paramilitares, y su familia; la pareja de empresarios Hernán Cuello y Gloria Sandoval, entre otros. Todos compraron las tierras, al parecer, a testaferros de paramilitares y el Tribunal concluyó que no demostraron “buena fe exenta de culpa”. Es decir, como señaló la Procuraduría, “se limitaron a demostrar que los solicitantes (las víctimas) vendieron sin ningún tipo de amenaza, cuando la exigencia estaba encaminada a demostrar la certeza, mediante la realización de averiguaciones, de que se está obrando conforme a la ley”.

Otra de las mujeres beneficiadas con el fallo, Duvis Mendoza, le dijo a El Espectador: “Me puse muy contenta cuando me dieron la noticia de que el Tribunal nos había dado la razón, y con la sentencia en la mano ya me hacía que tenía mis tierras”. Pero no fue así. El 9 de abril de 2019, el día de la memoria de las víctimas, una comisión liderada por el juez segundo de Restitución de Tierras de Santa Marta, en la que participaron todas las víctimas que el Tribunal había ordenado restituir, llegó hasta Sabana de San Ángel. Allí les avisaron que la vía hacia Oceanía estaba cerrada, pero siguieron con su camino y, al llegar a la vereda, encontraron una protesta y quema de llantas.

“Estaban dispuestos a lincharnos y a matarnos. Ellos tenían la vía cerrada porque decían que esas tierras eran de ellos y lo único que pudimos hacer fue devolvernos”, recuerda Pacheco. “La vía de acceso al predio de mayor extensión denominado Oceanía y sus anexidades se encuentra bloqueada con llantas incendiadas y maderas atravesadas, lo que impide la entrada del equipo judicial y de las demás personas que acompañan la diligencia y, por ende, la práctica de la entrega material de los inmuebles auxiliada en comisión por este despacho”, se lee en una constancia escrita de puño y letra por el juez en la que, además, compulsó copias a la Fiscalía para que investigara lo sucedido.

(Lea también: Víctimas del Bloque Norte de las Auc rechazan nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar)

Después de ese 9 de abril ha habido otros intentos de restituir los predios. Todos fallidos. Al conocer de todos estos vejámenes a los que han sido sometidas las víctimas, la magistrada del Tribunal de Cartagena Ada Patricia Lallemand se despachó contra todas las entidades involucradas: la Unidad Nacional de Protección (UNP), de Víctimas, de Restitución de Tierras, los ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, las personerías y las alcaldías, para que cumplan las órdenes judiciales que se han dado a lo largo del proceso de restitución. Además, compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investiguen a los funcionarios que han manejado el caso en todas las entidades que reprocharon por el supuesto delito de fraude a resolución judicial.

Mientras tanto, casi 15 años después de la desmovilización de las autodefensas, las mujeres que sobrevivieron a todas sus atrocidades siguen sin poder regresar a su tierra y en constante riesgo, pues no cuentan con esquemas de protección de la UNP. Una de las beneficiarias de la restitución, Teresa Caro, ya falleció sin poder regresar a su tierra. Ellas saben que los años les están pasando factura, pero no se rinden. “Porque tengo fe en Dios digo que sí voy a poder volver”, dice Mendoza. “Tengo fe de que sí podremos retornar, hemos sido optimistas. Estamos luchando, tocando puertas”, asegura también Pacheco.

Al esposo de Osiris Pacheco, Ernesto Rueda, lo mataron los paramilitares del bloque Norte en 1997. Rueda había fundado la vereda Oceanía, en el municipio de Sabana de San Ángel (Magdalena), y su familia tuvo que salir desplazada tras la arremetida de las Auc. Seis años más tarde, en 2003, apareció un documento firmado por él en el que, supuestamente, autorizaba a otra persona a vender su finca. Esta es apenas una de las tantas irregularidades cometidas contra los habitantes de esta vereda que fueron despojados por Jorge 40. Pero, tras casi 15 años de la desmovilización paramilitar, y aun con sentencia de restitución de tierras en mano, los campesinos no han podido regresar a su territorio.

(En contexto: Ordenan embargo a bienes de Jorge 40)

“Desde 2018, que nos dieron la sentencia de restitución, no hemos podido retornar a la finca por las represalias de los que decían ser los dueños de las tierras”, cuenta Osiris Pacheco desde algún lugar del Cesar que pide no mencionar por seguridad. A su familia, como a otras 58 de Oceanía, la Unidad de Restitución de Tierras las reconoció como despojadas desde 2015. Luego el Tribunal de Cartagena ordenó que les restituyeran las tierras, al reconocerlas víctimas del conflicto armado. Sin embargo, cuando han intentado volver son recibidas con violencia, y hasta una magistrada ya pidió investigar la negligencia del Gobierno y de las alcaldías locales en el caso.

A Pacheco y otras mujeres cuyos esposos fueron asesinados por el bloque Norte las llaman “las viudas de Jorge 40”. Los homicidios de sus parejas fueron reconocidos por paramilitares y, según la Fiscalía, el despojo fue parte, más que de una estrategia contra la guerrilla, de un intento por controlar un corredor clave para el narcotráfico. Así lo explicó la Unidad de Restitución de Tierras al resolver este caso en 2015: “Por su ubicación geográfica y su extensión, el copamiento de los territorios aledaños a Oceanía y sus anexidades empezó por el control de los ejes viales que conectaban los corregimientos y caseríos próximos a la vereda con las cabeceras municipales”.

Cuando el caso pasó al Tribunal de Cartagena, la conclusión fue que, en efecto, habían sido despojadas: “Las declaraciones de parte de las solicitantes fueron consistentes y elocuentes, las cuales, sumadas al hecho de estar probado un contexto de violencia generalizado y las demás pruebas documentales señaladas, dan cuenta de una serie de hechos victimizantes ante la presencia e incursión de grupos al margen de la ley en la zona donde se encuentran ubicados los inmuebles, quienes ostentaban el dominio territorial en la zona, lo que trajo consigo que las demandantes perdieran la relación que tenían con los inmuebles reclamados en aras de salvaguardar sus vidas”.

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Además, el Tribunal de Cartagena desestimó el pedido de quienes se oponían a la restitución, como Manuel Salvador Meza Gamarra, investigado por nexos con paramilitares, y su familia; la pareja de empresarios Hernán Cuello y Gloria Sandoval, entre otros. Todos compraron las tierras, al parecer, a testaferros de paramilitares y el Tribunal concluyó que no demostraron “buena fe exenta de culpa”. Es decir, como señaló la Procuraduría, “se limitaron a demostrar que los solicitantes (las víctimas) vendieron sin ningún tipo de amenaza, cuando la exigencia estaba encaminada a demostrar la certeza, mediante la realización de averiguaciones, de que se está obrando conforme a la ley”.

Otra de las mujeres beneficiadas con el fallo, Duvis Mendoza, le dijo a El Espectador: “Me puse muy contenta cuando me dieron la noticia de que el Tribunal nos había dado la razón, y con la sentencia en la mano ya me hacía que tenía mis tierras”. Pero no fue así. El 9 de abril de 2019, el día de la memoria de las víctimas, una comisión liderada por el juez segundo de Restitución de Tierras de Santa Marta, en la que participaron todas las víctimas que el Tribunal había ordenado restituir, llegó hasta Sabana de San Ángel. Allí les avisaron que la vía hacia Oceanía estaba cerrada, pero siguieron con su camino y, al llegar a la vereda, encontraron una protesta y quema de llantas.

“Estaban dispuestos a lincharnos y a matarnos. Ellos tenían la vía cerrada porque decían que esas tierras eran de ellos y lo único que pudimos hacer fue devolvernos”, recuerda Pacheco. “La vía de acceso al predio de mayor extensión denominado Oceanía y sus anexidades se encuentra bloqueada con llantas incendiadas y maderas atravesadas, lo que impide la entrada del equipo judicial y de las demás personas que acompañan la diligencia y, por ende, la práctica de la entrega material de los inmuebles auxiliada en comisión por este despacho”, se lee en una constancia escrita de puño y letra por el juez en la que, además, compulsó copias a la Fiscalía para que investigara lo sucedido.

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Después de ese 9 de abril ha habido otros intentos de restituir los predios. Todos fallidos. Al conocer de todos estos vejámenes a los que han sido sometidas las víctimas, la magistrada del Tribunal de Cartagena Ada Patricia Lallemand se despachó contra todas las entidades involucradas: la Unidad Nacional de Protección (UNP), de Víctimas, de Restitución de Tierras, los ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, las personerías y las alcaldías, para que cumplan las órdenes judiciales que se han dado a lo largo del proceso de restitución. Además, compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investiguen a los funcionarios que han manejado el caso en todas las entidades que reprocharon por el supuesto delito de fraude a resolución judicial.

Mientras tanto, casi 15 años después de la desmovilización de las autodefensas, las mujeres que sobrevivieron a todas sus atrocidades siguen sin poder regresar a su tierra y en constante riesgo, pues no cuentan con esquemas de protección de la UNP. Una de las beneficiarias de la restitución, Teresa Caro, ya falleció sin poder regresar a su tierra. Ellas saben que los años les están pasando factura, pero no se rinden. “Porque tengo fe en Dios digo que sí voy a poder volver”, dice Mendoza. “Tengo fe de que sí podremos retornar, hemos sido optimistas. Estamos luchando, tocando puertas”, asegura también Pacheco.