La Fiscalía General de la Nación surgió en la constitución de 1991, se reglamentó en la Comisión Legislativa (Congresito) ese mismo año, y se estrenó en 1992. En la primera terna para la titularidad del organismo investigador, el presidente César Gaviria postuló a los abogados Hugo Escobar, Guillermo Salah y Gustavo de Greiff Restrepo. Este último, exconsejero de Estado, fue escogido por la Corte Suprema de Justicia.
En poco tiempo, el fiscal De Greiff pasó de ser el hombre del año al villano del año. En 1992 recibió todos los elogios por liderar la investigación judicial del momento: la supuesta concesión irregular de auxilios a varios concejales de Bogotá, promovida por el entonces alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer. Con el tiempo, del escándalo político y judicial no quedó nada. Todos fueron absueltos. Sin embargo el alcalde no pudo terminar su gestión.
Un año después, tras la muerte de Pablo Escobar, el Congreso sacó adelante la Ley 81 de 1993, que volvió permanente la política de sometimiento a la justicia que había sido estrenada en 1990 por decretos de Estados de Sitios para facilitar la entrega de Pablo Escobar. Cuando el fiscal De Greiff quiso utilizar la nueva ley para buscar la rendición de los capos del Cartel de Cali, se armó el escándalo. El primero en protestar fue Estados Unidos.
El nudo de la discordia fue la concesión de algunos salvoconductos a capos del Cartel de Cali para iniciar las negociaciones. Estados Unidos consideró equivocada la acción del fiscal De Greiff y el presidente Gaviria, tomó partido en favor de Washington. En medio del conflicto, el Fiscal se volvió incómodo para unos y otros, pero pronto surgió el procedimiento jurídico para acelerar su salida del organismo investigado.
En junio de 1994, Gustavo de Greiff cumplió 65 años, y a raíz de este hecho, se planteó la discusión de si al llegar a la edad de retiro forzoso debía salir del cargo. El debate quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia que resolvió que el Fiscal debía entregar el organismo investigador. En los pasillos de la política quedó clara la sensación de la urgencia que sacar a De Greiff por la puerta de atrás ante las presiones nacionales e internacionales.
Entonces, el gobierno Gaviria, ya en la agonía de su administración, presentó una nueva terna, integrada por Juan Carlos Esguerra, Carlos Gustavo Arrieta y Alfonso Valdivieso. Cuando todo hacía pensar que Arrieta iba a ser elegido, pues concluía su gestión como Procurador General de la Nación, para sorpresa de todos ganó en la Corte Suprema Alfonso Valdivieso. En la política se dijo que además de su ascendente propio, pesó ser el primo de Luis Carlos Galán.
Valdivieso Sarmiento se posesionó el 18 de agosto de 1994, once días después de la posesión de Ernesto Samper. Ya pesaba en el ambiente el escándalo de los narcocasetes, y era claro que la expectativa estaba centrada en saber qué iba a hacer el nuevo Fiscal al respecto. En abril de 1995, Valdivieso emprendió el Proceso 8000 que se convirtió en un huracán político y judicial que se llevó por delante congresistas, procurador, y contralor, entre otros.
En medio de la redada judicial de dirigentes políticos o prestantes personajes de la vida nacional señalados de nexos con el Cartel de Cali, el fiscal Valdivieso reabrió la investigación de los narcocasetes y denunció al presidente Ernesto Samper ante la Comisión de Acusación de la Cámara. No obstante, después de que el Congreso absolvió al presidente en 1996, cuando llegaba a su tercer año de gestión, Valdivieso se dejó tentar por la política.
Se lanzó a la Presidencia de la República donde no le fue bien y, ante la salida de Valdivieso, en 1997 el presidente Samper presentó a la Corte Suprema terna para sucederlo. La integraron los abogados Saturia Esguerra, Manuel Santiago Urueta y Alfonso Gómez Méndez. El alto tribunal escogió a Gómez Méndez, a quien de inmediato le recordaron que había sido defensor de uno de los altos funcionarios del gobierno Samper en la crisis del 8000.
A Gómez Méndez le correspondió ser Fiscal cuando terminaba Samper y empezaba Andrés Pastrana en la Casa de Nariño. El choque con el nuevo Gobierno vino cuando el abrió investigación al hombre de confianza de Pastrana para el proceso de paz que iniciaba en la zona de El Caguán: Álvaro Leyva Durán. El proceso tenía que ver con el escándalo del Proceso 8000. Leyva se asiló en Costa Rica y años después fue absuelto por la justicia.
Durante su gestión, Gómez Méndez no dejó de ser un duro crítico de lo que acontecía en la zona de El Caguán, pero emprendió las primeras investigaciones de fondo contra el fenómeno del paramilitarismo. Fue el primer Fiscal en concluir su periodo de cuatro años en 2001, pero como su antecesor buscó dar el salto a la política. Años después fue precandidato a la Presidencia de la República y Ministro de Justicia del actual gobierno.
En 2001, para suceder a Gómez Méndez, el presidente Pastrana ternó a los abogados Patricia Murcia, Jorge Pinzón Sánchez y Luis Camilo Osorio, este último muy cercano a la casa Pastrana. La Corte Suprema escogió a este último y desde su posesión Osorio se convirtió en piedra de escándalo por sus decisiones. En particular, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionaron su postura laxa contra el paramilitarismo.
Aunque durante su periodo se reabrió el caso Luis Carlos Galán, también se cayeron investigaciones claves como el proceso iniciado al general (r) Rito Alejo del Río, al tiempo que se le dio un auto inhibitorio al exgobernador de Sucre, Salvador Arana. Tiempo después el oficial fue procesado por homicidios cuando ejerció la comandancia del Ejército en la región de Urabá y Salvador Arana fue condenado en el escándalo de la parapolítica.
En 2005, para suceder a Luis Camilo Osorio, el entonces presidente Álvaro Uribe postuló a los abogados Consuelo Caldas, Jorge Ignacio Pretelt y Mario Iguarán. La Corte Suprema respaldó a Iguarán quien venía de ser viceministro de Justicia y fue pieza clave para la aprobación de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, instrumento jurídico que se promovió en el Congreso para complementar el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de Autodefensas.
En medio de la gestión de Mario Iguarán estalló el escándalo de la parapolítica y detrás de él se presentó el bochornoso enfrentamiento público entre el presidente Álvaro Uribe y funcionarios de su gobierno con la Corte Suprema de Justicia, encargada de procesada a los congresistas que se vieron implicados en el crítico expediente. Otros escándalos judiciales rodearon el segundo gobierno de Uribe, y la Fiscalía debió iniciar investigaciones. También proliferaron los impedimentos de Iguarán.
Cuando concluyó su gestión en 2009, la pelea entre Uribe y la Corte Suprema estaba al rojo vivo. El primer mandatario presentó la terna para suceder a Iguarán, integrada por los abogados Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina. Pero sorpresivamente y por primera vez, la Corte se negó a escoger a alguno de los postulados por Uribe. Ante lo sucedido, fue necesario escoger un fiscal interino, llegando al ente investigador Guillermo Mendoza Diago.
Lo que se pensaba era un mandato de pocos días se fue alargando más de la cuenta porque Uribe cambió a los primeros ternados y planteó la opción de que la Corte escogiera entre Jorge Aníbal López, Margarita Cabello y Marco Antonio Velilla. Pero una vez más, la Corte puso reparos, argumentó la imposibilidad de romper el reglamento y siguió dilatando la interinidad de Mendoza Diago. Hasta agosto de 2010 no fue posible que la Corte escogiera Fiscal.
Tras asumir como primer mandatario, Juan Manuel Santos presentó nueva terna a la Corte Suprema, y postuló a Juan Carlos Esguerra, Carlos Gustavo Arrieta y Viviane Morales. En ese interregno ofició como fiscal encargada la abogada Martha Lucía Zamora. La Corte Suprema de Justicia escogió a Viviane Morales, quien inició su gestión resolviendo las múltiples investigaciones que habían quedado de la era Uribe.
Entonces volvieron las presiones políticas y súbitamente, por supuesto incumplimiento del reglamento, fue demandada por nulidad la elección de la abogada Morales. Apenas duró un año en el cargo porque el Consejo de Estado determinó que la Corte había incurrido en errores. Por algunos días quedó como encargado el entonces vicefiscal Wilson Martínez, y el presidente Juan Manuel Santos presentó nueva terna a la Corte, integrada por Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre.
El alto tribunal escogió a Eduardo Montealegre, inicialmente para que concluyera el accidentado cuatrienio 2009-2013. Sin embargo, otra acción judicial que se tramitó en el Consejo de Estado determinó que el periodo de Montealegre debía extenderse hasta marzo de 2016 para que fuera un mandato institucional de cuatro años, es decir, de 2012 a 2016. En esas condiciones, Montealegre extendió su polémica gestión hasta el pasado mes.
Concluido su mandato y cuando se esperaba la terna para suceder a Montealegre, el presidente Santos optó por hacer un proceso de meritocracia, de tal manera que se inscribiera todo aquel que se considerada apto para desempeñarse como Fiscal. Inicialmente lo hicieron 155, pero de la primera lista solo quedaron 113. Entretanto, el presidente designó como fiscal encargado a Jorge Perdomo, quien venía ejerciendo como vicefiscal. El propio Perdomo se postuló también para quedar en propiedad.
Finalmente, la Presidencia de la República dejó su proceso de meritocracia en 15 nombres, pero empezó a especularse que a la hora de la verdad, el primer mandatario iba a preferir los que empezar a sonar desde antes de la autopostulación masiva. Ayer se conoció que la terna quedó integrada por los abogados Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez. Los tres cercanos a la Casa de Nariño.
La primera, asesora jurídica del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; el segundo, actual Ministro de Justicia; y el tercero, exministro de la Presidencia. Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá de valorar los tres nombres y, a no ser que suceda algo parecido a lo que aconteció en la era Uribe, elegir a uno de ellos. Entretanto, seguirá encargado Jorge Perdomo que ya suena como eventual nuevo Ministro de Justicia.