Lavado de activos, el nuevo delito en contra de empresarios vinculados a caso Odebrecht

Ambos empresarios son acusados de haber lavado el dinero que uso Odebrecht para pagar sobornos en Colombia. / EFE

Si hubo un reparo en el que insistió el fiscal ad hoc del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, ante la Corte Suprema de Justicia, fue el hecho de que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no le hubiera imputado el delito de lavado de activos a varios de los empresarios vinculados a la investigación de corrupción. Entre ellos, Eduardo Zambrano y Gustavo Torres, señalados de haber lavado el dinero que la multinacional uso para pagar sobornos.

Ante la insistencia de Espinosa, el Tribunal Superior de Cundinamarca le acaba de dar la razón. El pasado 6 de agosto, el magistrado que lleva el caso, Hermens Darío Lara Acuña, le notificó a las partes del proceso que a la investigación en su contra por enriquecimiento ilícitos, ahora los empresarios deberán responder por el delito de lavado de activos. Desde que Espinosa recibió este caso, en diciembre del año pasado, uno de sus hallazgos fue precisamente la ausencia de este delito en el caso de Zambrano y Torres. 

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Así se lo hizo saber Espinosa a la Corte Suprema en varios de los informes que le envío, mientras estuvo en el cargo. En uno de esos documentos, Espinosa explicó que, de manera unilateral, el fiscal que llevaba el caso, Daniel Hernández, removió ciertos delitos en los borradores de los preacuerdos que entonces negociaba con los empresarios, a pesar de que ya habían sido anunciados en la imputación de cargos. Para el fiscal ad hoc, se trató de una actuación irregular por parte de Hernández y de su fiscal de apoyo, Álvaro Betancur.

 Por cuenta de estos hallazgos, las negociaciones que adelantó el fiscal Hernández no prosperaron. En una audiencia que comenzó el pasado 5 de abril, la Fiscalía ad hoc llamó a los cuatro a juicio por los mismos delitos enunciados en la imputación. Esta irregularidad que encontró Espinosa llevó a que su despacho pidiera a la propia Fiscalía que investigara lo realizado por Hernández y Betancur. 

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Por su parte, Hernández le ha salido al paso a los cuestionamientos de Espinosa. El fiscal ha dicho que siempre se ha acogido a la ley y que tiene un compromiso moral fuerte, pues su papá fue uno de los 12 funcionarios judiciales asesinados en la masacre de La Rochela, en 1989. “Si fuera corrupto, estaría deshonrando su memoria y decepcionando a mi hijo”, le dijo el fiscal a este diario el pasado 23 de mayo. Hernández aclaró que siente que, con la petición de ser investigado, su nombre está “deshonrado” y que su trabajo arduo es el que lo ha llevado a tener casos de la importancia de Odebrecht.