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El pasado 19 de enero la defensa del asesor de la Secretaría de Hacienda en Ibagué, Orlando Arciniegas y cerebro del desfalco a los Juegos Nacionales de Ibagué 2015, le fue negada una tutela que interpuso contra un juez de Ibagué por no haberle concedido el beneficio de casa por cárcel. Así lo determinó el Tribunal Superior del Tolima luego de analizar que no existió la vulneración de los derechos a la salud, la vida, el debido proceso y a la dignidad, como se argumentó en la tutela que interpuesta a principios de febrero de 2017.
Aquel despecho judicial también concluyó que al juez penal de Ibagué no se le puede reprochar esta actuación. Los magistrados del Tribunal Superior manifestaron que el funcionario judicial actuó correctamente al aplazar la decisión final sobre si le otorgaba o no casa por cárcel a Arciniegas para el próximo 6 de marzo, cuando se conocerá la sentencia del fallo condenatorio contra el confeso delincuente.
Desde junio de 2016 Arciniegas, quien para ese entonces se encontraba preso en la cárcel la 40 de Pereira, su defensa le ha solicitado a la justicia que le otorguen casa por cárcel. A principios de año el asesor de la Secretaría de Hacienda fue hospitalizado en el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda porque, según sus abogados, padece de depresión, no puede dormir y está en "alto riesgo suicidio".
En su momento la Fiscalía aseguró que Arciniegas cobró millonarias comisiones para beneficiar a los empresarios quienes debido a su falta de experticia tuvieron que subcontratar y pedir concesiones. Las obras nunca se terminaron y los Juegos Nacionales en Ibagué que se iban a celebrar en el año 2015 tuvieron que ser cancelados.
La Fiscalía General también manifestó que el entonces asesor fue el responsable del desfalco por $11.000 millones en el proceso precontractual y contractual de estudios y diseños en los escenarios deportivos, así como la estructuración del proceso de selección del contratista consultor para las obras de los Juegos nacionales de 2015.
En octubre de 2016 la Contraloría General publicó un informe en el que reveló que por las irregularidades en la ejecución de los contratos de diseño y de obra de los Juegos se presentó un desfalco superior a los 62 mil millones de pesos. El documento de control fiscal señaló que las obras quedaron inconclusas y abandonadas.