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El fantasma del cambio en el esquema de recolección de basuras en Bogotá sigue persiguiendo a Gustavo Petro. Ni su llegada a la Casa de Nariño lo ha librado de los coletazos de ese escándalo que rodeó su paso por la Alcaldía de la capital. Aunque ha salido victorioso de casi todos los procesos en su contra —la justicia colombiana tumbó su destitución y fallos fiscales y la internacional emitió un fallo histórico sobre derechos políticos—, el problema actual tiene que ver con un tema sensible: su sueldo. Desde hace unas semanas, sus abogados han estado moviéndose entre el Congreso y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en donde hasta hace un mes estuvo activa una multa en su contra.
Todo comenzó cuatro días después de que Petro ganara las elecciones presidenciales. El 23 de junio pasado, a la SIC llegó una carta firmada por uno de sus abogados con una particular petición. En dos páginas, el abogado Julio César Ortiz le pidió al superintentende, Andrés Barreto, que enviara el expediente que había en contra de Petro a la Comisión de Acusación. El argumento fue sencillo: el presidente tiene fuero y sus investigaciones le corresponden a esa corporación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, detrás de esta petición hay una polémica mayor que tiene como centro del debate el sueldo de Gustavo Petro. Barreto aceptó y envió el expediente el pasado 11 de julio.