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En una audiencia reservada, un juez de control de garantías de Bogotá legalizó los elementos materiales recolectados en los allanamientos adelantados en mayo del presente año en el despacho del entonces gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas en el marco de la investigación que se adelantó por su participación en el denominado 'carrusel de la contratación'.
En dichas inspecciones agentes del CTI de la Fiscalía recolectaron documentos digitales, computadores, discos compactos, entre otros. Igualmente fueron legalizados los allanamientos hechos en la residencia de Cruz Vargas y la empresa ICM Ingenieros a mediados de este año.
El próximo 15 de septiembre la Fiscalía General le imputará los delitos de abuso de confianza, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio al exmandatario departamental quien la semana pasada presentó su carta de renuncia al cargo debido al proceso penal que se le adelanta. El ente solicitará a un juez de garantías que lo cobije con medida de aseguramiento.
Según la investigación habría participado en la entrega irregular de un contrato a una empresa en la que fungía como gerente por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en diciembre de 2009. Para esto, la empresa ICM había pagado un soborno cercano a los 800 millones de pesos.
Esto con el fin de garantizar la entrega del contrato de pavimentación y reparcheo en la capital de la República que tuvo un costo de $24 mil millones. El ente investigador cuenta con declaraciones que vinculan a Cruz de haber ordenado directamente el pago de sobornos a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada e Hipólito Moreno -todos condenados por el 'carrusel'- además, de Iván Hernández Daza, entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), sentenciado tras aceptar cargos.
"Durante los meses de diciembre a febrero de 2009 el señor Álvaro Cruz Vargas entregó a varios funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y a concejales que manejaban dicha entidad dineros con el fin de que fueran favorecidas las uniones temporales asfaltos 2009, quienes eran adjudicatarias de contratos para la prestación del servicio de asfaltos para la ciudad de Bogotá", precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte al anunciar la citación.
Por Redacción Judicial
